La Policía de la Ciudad de Buenos Aires era la encargada del control territorial de las inmediaciones del sitio donde se realizó el atentado contra CFK. Sin embargo, la jueza Capuchetti no investigó el accionar de la fuerza de seguridad. En este contexto, la querella de la vicepresidenta pidió investigar a la Policía porteña y a quien entonces tenía la responsabilidad política de la misma, el ministro de Seguridad de CABA en uso de licencia, Marcelo D'Alessandro.
El pasado viernes los abogados José Manuel Ubeira y Marcos Aldazábal, quienes representan a Cristina Fernández Kirchner en la causa en la que se investiga el intento de magnicidio del pasado 1° de septiembre en la puerta de su domicilio en el barrio porteño de la Recoleta, presentaron un petitorio ante la Justicia para que se investigue el accionar del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de la Policía de la Ciudad y de quien entonces era ministro de Seguridad porteño, Marcelo D'Alessandro.
Los letrados cuestionaron que se haya investigado a su custodia y a la Policía Federal pero no a las fuerzas porteñas, “que tenían el control territorial de la seguridad en el domicilio donde ocurrieron los hechos y sus inmediaciones, justamente los días previos al atentado” .
“Venimos a instar a que, luego de cinco meses de investigación, se dispongan medidas probatorias respecto de la posible responsabilidad penal de la Policía de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Dado que recientemente el fiscal (Carlos Rívolo) tomó medidas de prueba relativas a esta fuerza, venimos a proponer otras para que se dilucide cuál fue, efectivamente, la responsabilidad de esa fuerza”, dice el escrito de 28 páginas de los abogados.
“Llamativamente, hasta el momento, se ha investigado a la Policía Federal y a la custodia de Cristina Fernández de Kirchner, pero no a la fuerza con más presencia en el lugar donde se planeó y ejecutó el atentado. La Policía de la Ciudad era, además, la mayor responsable de garantizar la seguridad de la Vicepresidenta (a quien solo la salvó un milagro)”, argumenta la presentación.
En su argumentación, la querella resalta el episodio de los días previos al atentado. En aquel entonces se instaló de forma espontánea en La Recoleta una vigía de ciudadanos y militantes que demostraron su apoyo a la vicepresidenta ante la persecución judicial que sufre en el marco de la causa judicial armada conocida como "Vialidad".
Fueron los mismos días en que el fiscal Diego Luciani pidiera la pena de 12 años de prisión y proscripción política para la dos veces mandataria -finalmente el tribunal la condenó a 6 años e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos-.
Ante la presencia de cientos y miles de manifestantes pacíficos, la Policía de la Ciudad instaló un vallado en las inmediaciones del departamento de Cristina, y reprimió ferozmente a quienes se encontraban en la vigía.
Incluso reprimió a diputados nacionales y provinciales.
“Durante esas jornadas, con el barrio –y, particularmente, la esquina de Uruguay y Juncal– pomposo y sorpresivamente saturado de efectivos de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, no solo ocurrieron hechos violentos nunca antes registrados, sino que, como se supo luego, ya se encontraban los autores materiales intentando concretar el acto homicida”, afirma el documento de la querella.
“Mientras la policía reprimía a manifestantes, dejaba que los planificadores del atentado circularan libremente y hasta intentaran matar a Cristina Fernández de Kirchner”, sostuvieron los abogados.
Para CFK, “es imposible esperar más para dilucidar la responsabilidad de las fuerzas de seguridad porteñas”.
“Los hechos incriminan a D’Alessandro y a la Policía de la CABA. Ya antes de los hechos, el entonces ministro de Justicia y Seguridad de la CABA mostró una absoluta desidia, sino connivencia, con la violencia hacia Cristina Fernández de Kirchner”, se sostuvo en el texto.
Y además, recordaron el ataque que sufrió el despacho de Cristina en el Senado:
“Antes del atentado, grupos violentos también habían agredido y puesto en riesgo la integridad de la Vicepresidenta mientras ejercía su función pública. Un grupo de individuos lanzó una gran cantidad de piedras a su despacho en el Senado de la Nación, provocando severos daños y poniendo en grave riesgo la seguridad física de Cristina Fernández de Kirchner, que se encontraba en el lugar. Extrañamente, la policía de D’Alessandro no detuvo a una sola persona”.
El petitorio apunta también contra la jueza María Eugenia Capuchetti -quien instruye la causa-, considerando que:
"Más allá del atentado, también es una forma de violencia política la omisión de aplicar justicia por parte de una jueza debido a intereses económicos, ideológicos o corporativos".
De esta forma, Ubeira Aldazábal insisten en los cuestionamientos que realizaron contra Capuchetti, a quien habían intentado recusar justamente por dar clases en una academia de policías de la ciudad de Buenos Aires, y por sus vínculos con el ministro de Seguridad en uso de licencia, Marcelo D’Alessandro.
La recusación fue rechazada por la Cámara Federal y ahora la querella busca llegar a Casación.
D'Alessandro en el ojo de la tormenta
El funcionario del gobierno de Horacio Rodríguez Larreta se encuentra en uso de licencia desde los primeros días de enero, luego de que se filtraran sus chats de Telegram con Silvio Robles, mano derecha del presidente de la Corte Suprema de Justicia, Horacio Rosatti, donde el vocero del supremo "le pasó letra" sobre cómo actuar ante dos causas judiciales de alto impacto político: la conformación del Consejo de la Magistratura y la disputa por la Coparticipación Federal.
Este jueves, además, volvieron a filtrarse otros chats de D'Alessandro, esta vez con el juez Sebastián Ramos, justamente el magistrado que desestimó la denuncia por "tráfico de influencias" en contra Robles y del funcionario del PRO.
D'Alessandro ya había quedado implicado en diciembre del año pasado en el escándalo por viaje que realizó a Lago Escondido junto a jueces, funcionarios judiciales, un ex espía y un publicista, todo pagado por los directivos del Grupo Clarín.
El pasado viernes, diputado nacional del Frente de Todos (FdT), Leopoldo Moreau, destacó que "dos de los que aparecen" en los nuevos chats que se conocieron el jueces "confirmaron esos intercambios", por lo que advirtió que "no los inventó nadie ni son falsos" y dijo que sus contenidos "deben incorporarse a las investigaciones de los delitos de la banda de jueces y fiscales de Lago Escondido".
"Dos de los que aparecen en los conversaciones de los últimos chats que se conocieron de D'Alessandro, uno es el segundo en la Procuración Fiscal, confirmaron esos intercambios", afirmó el diputado en un hilo que publicó en su cuenta de la red social Twitter.
Dos de los q aparecen en los conversaciones de los últimos chats q se conocieron de D'Alessandro ( uno es el segundo en la Procuración Fiscal ) Confirmaron Esos Intercambios. Se terminó la parodia. Los chats no los inventó nadie ni son falsos. Por lo tanto sus contenidos
— Leopoldo Moreau (@MoreauLeopoldo) February 24, 2023
Puntualmente, Moreau se refiere a Juan Manuel Olima Espel, secretario de Coordinación Institucional de la Procuración General de la Nación y mano derecha de Eduardo Casal, quien confirmó la veracidad de los chats al responder un tweet de la periodista Cynthia Garcia.
Hola @cyngarciaradio No veo lo impropio de aportar un dictamen firmado, público y presentado ya ante la Corte que, por cuestiones de la pandemia no lo habíamos subido al sistema. Si te fijas, en la página oficial de la Corte, ese dictamen había sigo presentado varías horas antes
— Juanma Olima. (@juanmaolima) February 23, 2023
La otra persona que confirmó que los chats son reales fue el abogado Marcelo Mazzeo, quien dijo a un portal de noticias: "Los mensajes son verídicos y habituales porque no teníamos nada que esconder".
¿Por qué piden investigar el rol de la Policía de CABA y de D'Alessandro en el atentado contra CFK? es una publicación original de El Ágora Digital.
