La Unidad Fiscal de Derechos Humanos de Bahía Blanca impulsó la investigación de persecusiones, secuestros y torturas sufridas por docentes y estudiantes de la Universidad Nacional del Sur (UNS) durante la última dictadura militar. En este contexto, se investiga la relación entre el fuero federal, La Nueva Provincia, y las fuerzas armadas y de seguridad.
Se trata de 30 víctimas secuestradas entre junio y noviembre de 1976. Entre ellos, profesores de Economía, Letras, Filosofía, Historia, Matemáticas y Biología de la casa de estudios, así como integrantes del gabinete de psicopedagogía social de las Escuelas Medias, estudiantes y docentes de la Escuela de Servicio Social, así como del Colegio Nacional.
Asimismo, los secuestros se investigan en el marco de un plan de persecución política articulado entre el fuero federal, el multimedio de La Nueva Provincia, y las fuerzas armadas y de seguridad. En este contexto, se instrumentaron dos causas judiciales orientadas a docentes universitarios de economía y humanidades.
Entre tanto, los imputados son el exdueño de La Nueva Provincia, Vicente Gonzalo Massot; el exsecretario del Juzgado Federal de Bahía Blanca, Hugo Mario Sierra; y el exdirector penitenciario Héctor Luis Selaya.
Cabe recordar que la semana pasada los fiscales Miguel Palazzani y Pablo Fermento pidieron procesar a Massot, como coautor del homicidio durante la dictadura de Enrique Heinrich y Miguel Ángel Loyola, dos obreros gráficos y por instigación al genocidio.
A los imputados se suman los militares Osvaldo Bernardino Páez, Osvaldo Lucio Sierra, Enrique José Del Pino, Jorge Horacio Granada, Carlos Alberto Taffarel, Norberto Eduardo Condal, Víctor Raúl Aguirre, Antonio Miguel Seghighi, Roberto Carlos Brunello, Raúl Esteban Andrés y Alejandro Lawless; de quienes se solicitó que se los cite a ofrecer declaración indagatoria.
La persecución en la UNS
La presentación de la fiscalía lleva la firma del titular de la Unidad, el fiscal general Miguel Ángel Palazzani, y resalta que la persecución contra docentes y alumnos de la universidad comenzó de forma anterior al golpe de Estado de 1976.
En este sentido se remarca la responsabilidad de Remus Tetu durante su gestión como rector interventor. Además, se señalan como parte del plan la introducción de un grupo paraestatal, el cesanteo masivo de personal, y el asesinato de estudiantes. Sobre esta última situación, resalta el caso de David Hover “Watu” Cilleruelo, quien fue asesinado dentro de la institución.
Sin embargo, la fiscalía consideró que la persecución se intensificó luego del golpe de Estado con el despliegue conjunto de la justicia federal, el diario La Nueva Provincia y las fuerzas represivas. En este contexto, se señalaba a individuos como “subversivos ideológicos” en el medio de comunicación, quienes luego se convertirían en víctimas de secuestros.
Al respecto, la presentación detalla que “las víctimas fueron secuestradas por personal de la Policía Federal Argentina, transitaron un primer período de cautiverio y violentos interrogatorios en la delegación de esa fuerza de la ciudad de Bahía Blanca”.
Luego serían “trasladadas a la Unidad Penitenciaria n° 4 de Villa Floresta” y, en algunos casos, continuarían en cautiverio “en otras unidades carcelarias del país“. En algunos casos, a pesar de ser liberadas, las víctimas sufrirían la “muerte civil”, y serían forzados al exilio o al insilio (quienes decidieron quedarse en el país).
En este marco, “la Universidad del Sur era un espacio de resistencia cultural al discurso cómplice de La Nueva Provincia“. “Por eso profesores y estudiantes se convirtieron en blancos ejemplificadores a atacar”, reza el documento.
“El ataque fue coordinado desde tres sectores: el comunicacional, el judicial y el represivo de las fuerzas de seguridad”, señala.
La participación de La Nueva Provincia
Por otro lado, el informe de la Unidad Fiscal pone énfasis en la participación de La Nueva Provincia en la construcción del discurso contra docentes y estudiantes de la Universidad. Así, señala que “tan sólo en los años 1976 y 1977, existieron 237 ediciones diferentes en las que, en sus páginas, se abordó la ‘lucha contra la subversión’“.
Además, resaltó que en 177 ediciones se utilizaron verbos como eliminar, aniquilar, combatir, luchar, matar, atacar, extirpar, limpiar y erradicar; en relación con los “subversivos” y hablando de un “estado de guerra”. Entre tanto, se remarcó que:
“Las mismas estadísticas demuestran que el abocamiento por parte del diario a la persecución, el señalamiento y el llamado al ejercicio de la violencia contra los docentes de la Universidad Nacional del Sur fue claramente central y directo”.
En ese sentido, de las 237 ediciones señaladas, más de 80 se refirieron a los “ideólogos subversivos” de las universidades. A estos individuos se los consideró “blanco necesario y prioritario de la lucha contra la subversión”.
Asimismo, se produjo una convocatoria “a su aniquilamiento con los mismos métodos utilizados contra la guerrilla armada“. Por ello, la fiscalía sostiene que la persecución “representó más de un tercio del discurso de incitación al genocidio”.
Entre las ediciones resaltadas, está la del 29 de agosto de 1977, en la que el diario se refirió a “las nuevas formas de agresión marxista” y detalló que ésta se producía “embozadamente y por infiltración en distintos niveles de la sociedad“.
“Ya se dan en los jardines de infantes, donde se comienza de manera disimulada a trabajar en la cabeza de los niños“, agrega el portal. Por ello, se habla de una actuación sincronizada entre los editoriales y publicaciones centrales, las causas judiciales armadas contra las víctimas, y el accionar de las fuerzas represivas.
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