El Inspector General de Justicia (IGJ), Ricardo Nissen, denunció este lunes que José Aranda, uno de los dueños de Clarín, intentó registrar una sociedad offshore en Argentina con un fondo de casi 2.500 millones de pesos, pero sin explicar su origen. “La Justicia le indicó cómo lavar ese dinero“, denunció.

Además, cuando la IGJ rechazó el pedido e inició un investigación por posible lavado de dinero, fuga y evasión, un fallo judicial impidió que se lo investigue y le allanó el camino para que se registre en otra jurisdicción provincial.

En este marco, el titular de la Igj Ricardo Nissen dialogó con El Destape radio y denunció que se blanquearon 2.500 millones de pesos en el país sin saber la procedencia en complicidad con la Sala C integrada por Julia Villanueva y Eduardo Machin.

Esta sala emitió el fallo que convalidó el rechazo de la inscripción de la sociedad de Aranda y también impidió que la IGJ, el Banco Central, la UIF y la AFIP investiguen el origen de los fondos del accionista de Clarín.

Según detalló Nissen el argumento de la Cámara fue que si ya se rechazó su inscripción no se debía investigar a la sociedad y que “Aranda no quería adecuarse a la legislación argentina sino un simple cambio de domicilio” por lo que el accionista de Clarín logro evitar que se investigue el origen de casi 2.500 millones de pesos.

“La justicia además le indica qué camino seguir y ese dinero está blanqueado. Se va a aprobar la inscripción y ellos ya blanquearon 2.500 millones de pesos“, se indignó el inspector.

“El Organismo (respecto a la IGJ) no tiene nada que fiscalizar en el país pues la sociedad no realiza ninguna actividad aquí, y esto no puede verse alterado por el hecho de que la nombrada haya solicitado su inscripción” aseguraron en el fallo los camaristas Villanueva y Heredia.

Agregaron que “ninguna razón se presenta (…) para mantener la intervención dada por la Inspección General de Justicia a entidades tales como el BCRA, a la AFIP y a la UIF”. Y le ordenaron a su vez a Nissen que les comunique al Banco Central, la UIF y la AFIP que no avancen en la investigación.

Pero eso no es todo, según Nissen la Justicia le indicó el procedimiento para inscribir la sociedad en otra provincia.

“Seguramente Aranda irá a alguna provincia a inscribirse donde los controles son más elásticos. La Justicia le indicó el camino a Aranda para que pueda lavar 2.500 millones de pesos”, denunció quien definió el caso como un verdadero escándalo.

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