Se reanudó el Juicio de la Obra Pública en Santa Cruz, una de las causas paradigmáticas del lawfare contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Un proceso repleto de irregularidades que es clave por muchos motivos, sobre todo en un año electoral. Si se cae, puede derribar las causas Hotesur y Los Sauces, donde está involucrada CFK y su familia.

En 2016, el entonces funcionario macrista, Javier Iguacel, acusó a la ex Presidenta de supuestamente haber asignado recursos para solventar las obras cuestionadas.

La acusación se asemeja a la causa del Memorándum con Irán porque a la actual vicepresidenta se le achacan decisiones de gobierno, todos actos legítimos que contaron con la intervención del Congreso de la Nación.

Concretamente, lo que se le cuestiona son las leyes del Parlamento por las cuales se aprobaron las partidas presupuestarias con las que se lograron solventar las obras. Las calificaciones legales para todos los acusados del caso (entre los que figuran el exministro Julio De Vido, por ejemplo) son “asociación ilícita” y “administración fraudulenta”. En una decisión política más que judicial, Cristina fue embargada por 10 mil millones de pesos.

La larga lista de irregularidades de la causa

Tras la denuncia de Iguacel se abrió una causa que tuvo por fiscal a Eduardo Taiano, quien comenzó la instrucción para hacer una auditoría general de toda la obra pública y no imputó a CFK.

Pero en una maniobra procesal cuestionada, se volvió a presentar Iguacel ante el juez Ercolini y sostuvo que su denuncia era conexa a una causa previa, que había impulsado Elisa Carrió y que tramitaba en el mismo juzgado.

Con ese “argumento” flojo de papeles, Ercolini le sacó el expediente a Taiano y se lo pasó a Pollicita. Según señalan desde la defensa legal de CFK, “la primera medida que pide Pollicita es la indagatoria de Cristina cuando no estaba imputada en la causa y circunscribe la investigación para que solamente se investiguen los contratos viales vinculados únicamente a Báez. No a todos”.

Otro dato que evidencia el direccionamiento del proceso es que Ercolini ya había recibido cinco años antes una denuncia similar a la de Iguacel, que había sido realizada por el equipo de Elisa Carrió.

Apuntaba a la “carterización” de la obra pública de Santa Cruz. Ercolini entonces se declaró incompetente. Esa decisión fue apelada y el fiscal de cámara de aquel entonces consideró que debía investigarse en Santa Cruz, que es adonde finalmente terminó aquel caso.

En la justicia santacruceña se investigaron los mismos contratos (49 de los 51 porque dos aún no estaban vigentes). La pesquisa se cerró por inexistencia de delito. Este argumento le fue presentado a Ercolini por la defensa de CFK, que sostiene una cuestión de competencia, por un lado, y de “cosa juzgada”, por otro.

Esto último implica que nadie puede ser juzgado dos veces por un mismo hecho. Los planteos les fueron denegados a la expresidenta y actualmente se encuentran en la Corte Suprema de Justicia.

Un juicio igual de cuestionable

Al llegar a la instancia del debate oral, la defensa de CFK, a cargo de Alberto Beraldi, pidió que si el supuesto delito surgía de las leyes que votó el Congreso para asignar los fondos se cite a los legisladores para que indiquen si sufrieron presiones a la hora de votar. Les fue denegado.

Quienes sí declararon en el juicio como testigos fueron los integrantes de la Oficina Nacional de Presupuesto que son los que elaboran el presupuesto. Se trata de personal técnico. Luis Clemente Rajuán y Analía Iris Sánchez Zolezzi afirmaron bajo juramento que no hubo irregularidades en la confección de las leyes presupuestarias votadas por el Congreso entre 2003 y 2015 ni en la reasignación de partidas.

A ellos, se sumó la declaración del testigo Raúl Rigo, contador y exsubsecretario de Presupuesto entre 2002 y 2017, quien afirmó que las partidas destinadas a las obras investigadas fueron aprobadas por las dos cámaras del Congreso y su ejecución fue controlada por la Auditoría General de la Nación y la Sindicatura General de la Nación.

Dejó en claro que no hubo reasignaciones exclusivas para Santa Cruz sino que eso ocurrió con muchos distritos. En el mismo sentido, se expresó en el juicio el exsecretario de Hacienda entre 2008 y 2015, Juan Carlos Pezoa, quien además explicó que en el debate en comisión del Congreso se daba el detalle de cada una de las obras.

Otra prueba que pidieron las defensas en el juicio fue el peritaje sobre las 51 obras cuestionadas para ver si existieron sobreprecios. El tribunal autorizó que se auditaran solo 5. Son las que la fiscalía consideró que contienen supuestas inconsistencias.

Esta cuestión también fue recurrida por la defensa de CFK a la Corte Suprema. De hecho, fue lo que motivó que en mayo de 2019, antes de que comenzara el juicio, el Alto Tribunal pidiese las actuaciones del caso para analizarlas. Pero los ministros cortesanos devolvieron rápidamente el expediente cuando el Grupo Clarín multiplicó la presión sobre ellos.

Para hacer el estudio sobre las 5 obras, el TOF 2 contó con el perito oficial Eloy Bona, quien registraba tuits ofensivos contra la expresidenta.

La defensa de la vicepresidenta recusó al ingeniero que fue designado por la Dajudeco pero el tribunal sostuvo que un tuit no era motivo suficiente para correrlo. La recusación también está en la Corte, de la que depende la Dajudeco. Bona y el perito de la fiscalía concluyeron que hubo sobreprecios mientras que peritos de la defensa sostuvieron lo contrario.

Hasta el momento hubo más de 30 testigos que fueron desistidos. No obstante, aún hay casi 100 testigos más para declarar por lo que se estima que el juicio no culminará este año.

Se descuenta que en medio de un año electoral, la oposición buscará sacar provecho del desarrollo de un juicio que tiene a Cristina como acusada. Poco le importará que esté repleto de inconsistencias, haciendo así gala de su inclinación fanática hacia el Lawfare.

Un dato relevante para el “tablero político-judicial” es que lo que se investiga en este juicio es el supuesto “delito precedente” de otras causas. Desde la defensa de CFK señalan que lo que pase en este debate oral puede impactar directamente en las causas Hotesur y Los Sauces.

“El delito precedente de lavado de activos es este juicio”, señalan. Esto quiere decir que si se cae este caso, se pueden derrumbar los otros también ya que la razón de ser de la maniobra que se le adjudica a la vicepresidenta en esos otros procesos habría quedado desacreditada.

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