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Jueces y fiscales firman el martes la subida de cuatrocientos cincuenta euros al mes mientras que los funcionarios esperan la llamada de Llop

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La asociación mayoritaria de jueces se ha desmarcado del pacto al considerarlo “insuficiente, impropio e inaceptable”

MADRID, veintiuno (EUROPA PRESS)

Seis de las 7 asociaciones de jueces y fiscales firmarán este martes con el Ministerio la subida de 450 euros al mes que han pactado tras cinco reuniones y una amenaza de huelga, mientras que los funcionarios de la Administración de Justicia esperan que el departamento dirigido por Pilar Llop les llame para reanudar las negociaciones que se vieron frustradas el pasado 24 de abril y poner fin al parón que sostienen desde hace un mes.

La firma tendrá sitio después de que el pasado jueves todas y cada una de las asociaciones –salvo la mayoritaria de jueces– admitiera la oferta de cuarenta y 6 con siete millones de euros para mejoras retributivas de la carrera judicial y fiscal. El viernes, la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) se desmarcó oficialmente del acuerdo y anunció que no apoyaría el acuerdo al considerarlo “insuficiente, impropio e inaceptable”, pero no ha precisado si se plantea o no ir a huelga.

El pasado jueves, el portavoz de la asociación, Juan José Carbonero, aseguró en declaraciones a la prensa que aún estaban en modo negociación. “Yo no descarto nada”, afirmó para entonces incidir en que hasta el momento de la firma “hay tiempo de aproximar situaciones”.Al día después, sin embargo, emitieron un comunicado desde la APM en el que explicaban que aunque la resolución no había sido “simple”, la habían adoptado desde “el convencimiento” de que se trata de un “pacto nefasto” para la carrera judicial que “hiere de manera profunda y durante mucho tiempo” su régimen retributivo.

Siendo así las cosas, la firma del martes se hará con 6 de las siete asociaciones de jueces y fiscales. El acuerdo que se rubrique afectará a toda la carrera fiscal y judicial, incluidos los asociados de la APM. Las asociaciones firmantes que convocaron la huelga para el veintidos de mayo la han desconvocado tras acceder a la oferta del Ministerio. La APM la dejó en suspenso.

Si bien seis de las 7 asociaciones han accedido a la propuesta, solo dos de ellas –Jueces y Jueces para la Democracia (JJpD) y la Unión Progresista de Fiscales (UPF), las dos de corte progresista– se han mostrado satisfechas con la oferta. Las otras 4 –Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), Foro de discusión Judicial Independiente (FJI), Asociación de Fiscales (AF) y Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF)– han asegurado que “la propuesta no es en absoluto satisfactoria”, que no llena sus “legítimas reivindicaciones económicas y que no atiende las “necesidades de inversión en medios de Justicia que los ciudadanos demandan”.

Será la primera vez que se firme un acuerdo en el marco de la Mesa de Remuneraciones que represente un “incremento real” por el hecho de que, aunque por ley debería reunirse cada cinco años, hasta el momento no lo había hecho.

CUATRO REUNIONES FALLIDAS

El acuerdo se ha alcanzado tras 4 asambleas fallidas toda vez que las asociaciones rechazaron en un par de ocasiones anteriores las opciones que el equipo de Pilar Llop puso sobre la mesa. Primero dijeron que no a una propuesta económica de 44 millones de euros. Entonces descartaron firmar una oferta por 46,7 millones de euros.

Fue el pasado 16 de mayo cuando el Ministerio les ofreció una tercera propuesta que, aunque no mejoraba el importe sí incluía otra serie de puntos que el 18 de mayo terminaron por convencer a 6 de las asociaciones.

El pacto que se ha alcanzado incluye una partida de cuarenta y 6 con siete millones de euros que se traduciría en un aumento medio individual ponderado de unos cuatrocientos cuarenta y siete euros en 12 pagas. Dicho incremento representaría una incremento medio sobre las retribuciones individuales de hasta el 7 por ciento , que se sumaría a la subida del 8 por cien aprobada por el Gobierno para los funcionarios públicos.

Según fuentes cercanas a la negociación, los aumentos se abonarían en tres tramos: un 40 por ciento con carácter retroactivo a 1 de enero de 2023; un 40 por cien que se devengará el 1 de enero de 2024; y un 20 por ciento que va a tener efectos económicos a 1 de julio de 2024.

LA PROPUESTA DE JUSTICIA Y FUNCIÓN PÚBLICA

Desde el Ministerio precisaron en un comunicado que el ofrecimiento incluía, además de esto del aumento del complemento de destino por representación, la modificación de las leyes en tramitación para dotar a la presidencia de los tribunales de instancia y a los tribunales superiores de justicia de la “suficiente fortaleza para hacer frentes a los nuevos desafíos de la organización”.

Respecto a la carrera fiscal, el Ministerio dirigido por Llop planteó “abordar con la mayor celeridad la tramitación de la conversión de plazas, el desdoblamiento de las fiscalías superiores en las comunidades autónomas uniprovinciales y la inclusión”.

Además de esto, el Gobierno propuso que los miembros de la Mesa de Remuneraciones estableciesen un “nuevo marco de relaciones, caracterizado por el diálogo continuado”. “A tal fin, se formarán grupos de trabajo permanentes, y la Comisión se convocará con carácter anual.

Además, el Ejecutivo se comprometió a incrementar en 100 plazas la oferta de empleo público dos mil veintitres para jueces y fiscales, y “un aumento equivalente en la oferta correspondiente al año 2024”, conforme explicó el Ministerio. No obstante, cuatro de las seis asociaciones que han accedido a firmar han subrayado que dicho incremento es “deficiente en el marco de 563 plazas vacantes, doscientos noventa y tres juzgados de nueva creación pedidos por el CGPJ y las jubilaciones que se aproximan”.

EL CONFLICTO CON LOS FUNCIONARIOS

Una vez superado el conflicto del Ministerio con jueces y fiscales permanece latente el de los funcionarios, que sostienen una huelga indefinida de paros parciales desde el pasado diecisiete de abril y que este lunes veintidos de mayo han elevado el tono con una huelga de paros totales de veinticuatro horas.

El comité de huelga –integrado por los sindicatos CSIF, STAJ, CCOO y UGT– demanda una mejora salarial de entre trescientos cincuenta y 430 euros para los cuarenta y cinco funcionarios de justicia, lo que supondría una inyección de unos 200 millones de euros.

El secretario de Estado, Antonio ‘Tontxu’ Rodríguez, ha traslado a los funcionarios que el Ministerio se sentaría a negociar con ellos cuando resolviera el conflicto con jueces y fiscales. Sin embargo, fuentes próximas a la negociación han precisado a Europa Press que posiblemente los contactos oficiales no tengan sitio hasta después de las elecciones autonómicas y municipales del 28 de mayo, cada vez que los funcionarios de justicia son un cuerpo que depende del Ministerio y de las comunidades autónomas con competencias transferidas, por lo que se optaría por aguardar a que se formasen los nuevos gobiernos.

Está previsto que este martes los funcionarios se manifiesten en frente de la sede nacional del PSOE, en la madrileña calle de Ferraz, a las doce.00 horas. El jueves marcharán desde el Ministerio de Justicia hasta la Secretaría de Función Pública, en el centro de la capital.

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