LA ESPAÑA DE TODOS

Oviedo, 13 de septiembre de 2019

 Quiero agradecer a Tribuna Ciudadana la amable invitación a compartir con todas y todos ustedes algunas reflexiones, bajo el titulo “La España de todos”.

No es casual que el documento principal que integra la Declaración de Granada, adoptada por el PSOE en 2013, lleve el subtítulo de “La España de todos”. Con ello queríamos subrayar nuestro compromiso de mejorar un proyecto compartido que asegurase la convivencia de un país tan diverso como lo es España.

Creo que todos los demócratas compartimos ese objetivo aunque, lógicamente, las ideas para conseguirlo sean variadas.

La preocupación sobre cómo vertebrar mejor la convivencia entre diversos es antigua en España. Podríamos recuperar la correspondencia entre Joan Maragall y Unamuno, o las reflexiones de Menéndez Pelayo, Ortega y Gasset, Azaña, Rafael Campalans -socialista catalán que precisamente escribió un libro titulado “Hacia la España de todos”- Anselmo Carretero y tantos otros.

Muchos hemos ido llegando a la conclusión que es en el federalismo donde se encuentran las mejores aportaciones para construir entre todos una respuesta a ese reto. Y pretendo hoy explicar mis razones para defender una solución de tipo federal.

Buena parte de mi intervención de hoy integra mi libro “La tercera vía, puentes para el acuerdo”, prologado por Ángel Gabilondo y publicado por Los Libros de la Catarata.

Creo que uno de los méritos del libro es que a pesar de haber cumplido ya dos años –y dos años en la política catalana es una eternidad- el texto mantiene plena vigencia. Y es que, en efecto, la solución pasa por el diálogo, la negociación y el pacto.

Mi libro aboga por una solución federal para España. Y me reafirmo en ello. El federalismo es un ideal de libertad y convivencia, especialmente adecuado en sociedades complejas y en Estados que integran comunidades con fuertes sentimientos de identidad. El federalismo es autogobierno y Gobierno compartido.

Como definía en un artículo publicado en El País hace unos años: “El federalismo es unión y libertad, una filosofía política de fraternidad que se propone evitar el enfrentamiento entre sentimientos nacionales de distinto signo, la estéril discusión sobre soberanías originarias y una confrontación identitaria excluyente, para poder alcanzar un acuerdo político-institucional que haga posible el respeto y la lealtad recíprocas.

El federalismo es una guía de soluciones prácticas a los problemas planteados por estructuras políticas complejas, especialmente las integradas por diversas realidades nacionales, y un conjunto de mecanismos para poner en práctica el principio de subsidiariedad.”

Comparto el ideal federal y defiendo una propuesta federal para España por cuatro razones fundamentales.

1. Porque es coherente con los valores de libertad, igualdad, fraternidad y solidaridad que tantos y tantas compartimos.
2. Porque se ajusta como un guante al mundo de interdependencias crecientes y de soberanías compartidas en el que vivimos.
3. Porque evita el choque de identidades y la división de la sociedad en función de los sentimientos de pertenencia de los ciudadanos.
4. Porque se basa en el diálogo, la negociación y el pacto, así como en la lealtad institucional.

El federalismo se ajusta bien a la diversidad. Y España es bien diversa. Es fácil demostrarlo.

• El 40% de la población española vive en Comunidades Autónomas con lengua cooficial distinta del castellano (Cataluña, Comunidad Valenciana, Galicia, Euskadi, Baleares). Y este porcentaje sobrepasa el 45% si tenemos en cuenta al asturiano, el eonaviego y a las variedades del catalán habladas en Aragón.
• El 22% de la población española está protegida por una policía diferente al Cuerpo Nacional de Policía.

• El 10% de la población vive en Comunidades Autónomas con sistemas fiscales diferenciados (Euskadi, Navarra y Canarias).

 En un Estado moderno, el federalismo es el mejor instrumento que se ha inventado hasta la fecha para que los diversos territorios con identidades, culturas y necesidades diferentes puedan convivir armónicamente y para que la coexistencia de varios niveles de administración pueda asegurar de un modo eficaz y cooperativo el mejor servicio a la ciudadanía. Queremos ciudadanos libres, iguales en derechos y unidos en la diversidad.

Siempre me gusta recordar la obra de un insigne socialista segoviano, Anselmo Carretero, que escribió en su libro “La personalidad de Castilla en el conjunto de pueblos hispánicos”: “Sólido cimiento de esa nueva España, profundamente española y universal a la vez, ha de ser la firme unión de todos sus pueblos. Unión, decimos, mejor que unidad. Porque de lo que se trata es de unir y articular, no de fundir o machacar en un gris monótono lo que es un conjunto de rico colorido. Unión de unidades (como dice Irujo). No la empequeñecida España Una, que no es España (por lo menos no sería una España consecuente con su natural condición y desarrollo histórico), sino las Españas unidas, la Comunidad o Unión Ibérica, que sí será una patria cabalmente española: de todos sus hombres y de todos sus pueblos (sin excluir a Portugal). Porque España, la nación española, nación de naciones o comunidad de pueblos, es el resultado de un largo difícil y doloroso proceso histórico en el que han participado todos ellos. Todos”.

Decía también Carretero: “Se trata, pues, de encontrar una fórmula política, una constitución del estado español que armonice la unión con la variedad nacional; que no solo respete, sino que proteja con la unión de todos la personalidad de cada cual. Eso es precisamente el federalismo”.

Siempre he pensado que el escudo de España es la expresión gráfica de la unión en la diversidad que el federalismo pretende articular y proteger.

El propio Felipe González nos recordaba el pasado domingo en El País la conveniencia de “federalizar la Constitución”.

Antes de desgranar una propuesta federal para España, para el conjunto de España, para toda España, parece lógico que me refiera a la situación política catalana y sus perspectivas.

Hoy tenemos una sociedad catalana dividida casi por mitades. Unos dos millones de catalanes dieron su apoyo a partidos que defienden la separación de Catalunya del resto de España en las últimas elecciones al Parlament. De poco sirven las polémicas sobre la asistencia a la manifestación de ayer. Aunque no sean mayoría, y esto es importante subrayarlo, son muchos los catalanes y catalanas que piensan que lo mejor es separarse del resto de España. Y ese es un dato muy relevante. Basta con ver los resultados de las recientes elecciones generales, europeas y municipales en Catalunya.

Hemos de construir un futuro para todos, superando la división creada por el movimiento independentista, recuperando el tiempo y las energías perdidas en un proceso que no ha traído nada bueno para Catalunya. Se trata de unir a los catalanes en torno a objetivos ampliamente compartidos como puede ser el fortalecimiento del autogobierno, la mejora de la financiación, el mejor reconocimiento de la diversidad en España, el impulso del progreso económico, la justicia social y la sostenibilidad. El federalismo da respuestas a todas estas cuestiones.

 Los y las socialistas de Catalunya con motivo de la celebración el pasado miércoles de nuestra Diada nacional reafirmamos nuestro compromiso catalanista de siempre. Un catalanismo que nos ha llevado en todas las circunstancias históricas a luchar por la recuperación y la defensa de las instituciones y los símbolos de nuestro país, que nos representan a todos y a todas, ante quienes las han negado, ante quienes las han intentado reducir o ante quienes han pretendido superarlas poniéndolas al borde del precipicio, como hicieron los independentistas a finales del año 2017.

Defendemos que la Diada, la bandera de Catalunya y la Generalitat, precisamente porque pueden asumir la amplia pluralidad social y política de Cataluña, no deben excluir a nadie, ni nadie debe excluirse de ellas.

Por eso hemos denunciado los intentos de secuestrar lo que debe ser patrimonio de todos para ponerlo al servicio de un determinado proyecto político. Y no me refiero al legítimo ejercicio del derecho de manifestación, sino al enfoque partidista y sectario de actos institucionales que debieran ser de todos y para todos.

No queremos que nadie se apropie de la Diada, secuestrada por unos e ignorada por otros. Por ese motivo y como siempre el PSC hizo un llamamiento a la participación en la Diada y a recuperar celebraciones institucionales y unitarias compatibles con la libre manifestación de cualquier partido o asociación ciudadana.

Los y las socialistas catalanes hemos llamado a abrir una nueva etapa política con las siguientes características:

Reconciliación, a partir de la voluntad de entender y respetar las razones de todos, y de rehacer los pactos políticos rotos que han vertebrado la unidad civil y han evitado hasta ahora la fragmentación comunitaria entorno al papel de las instituciones, la lengua, la cultura y el sistema educativo.

Buen gobierno: impulsando una Generalitat útil capaz de dar soluciones para garantizar la unidad civil, el progreso y la cohesión social.

Retorno a la buena política que busca soluciones y no atizar la división ni la crispación.

Y, sobre todo, volver a tener un horizonte de estabilidad, concordia y progreso.

Pero recuperar el consenso alrededor de objetivos ampliamente compartidos no será fácil porque hoy tenemos una sociedad profundamente dividida, una economía debilitada, unas instituciones bajo sospecha, problemas sociales desatendidos, una pesada losa en forma de procedimientos judiciales abiertos y dirigentes políticos independentistas que dicen que lo volverán hacer, apostando por la confrontación.

Para comprender mejor la situación actual conviene recordar cómo hemos llegado hasta el punto en el que una parte muy importante de los catalanes, cansados de una relación entre Cataluña y España que consideran dañina e imposible de modificar, han abrazado la causa de la independencia.

¿Cómo hemos llegado hasta aquí?

Como causas principales se han citado muchas. Recuerdo cuatro para no cansarles.

• La Sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto en 2010, que alteró una ley que llevaba vigente cuatro años sin causar ningún tipo de problemas. Una ley aprobada por mayoría absoluta del Congreso y del Senado, y aprobada en referéndum de los ciudadanos y ciudadanas de Cataluña. Una ley surgida de una ardua negociación en el Congreso de los Diputados a partir de una propuesta que recogió el apoyo de más de 2/3 de los diputados y diputadas del Parlament de Catalunya. Hay que decir que la indignación causada por la Sentencia no impidió que Artur Mas alcanzase relevantes acuerdos con el PP en el período 2011-2012.
• El impacto de la crisis económica de 2008, que agravó la sensación de maltrato económico de Cataluña y que, como en otros muchos lugares, alimentó populismo, insolidaridad y repliegue identitario particularmente entre las clases medias.
• La evolución del nacionalismo conservador que, tras haber protagonizado políticas de austeridad aliado con el PP, y afectado por el caso Pujol, el caso Palau y la corrupción del 3%, decide abrazar la causa independentista para afrontar las futuras elecciones en las mejores condiciones posibles.
• La política recentralizadora del PP, insensible a todas las demandas catalanas.

Y también debemos recordar uno de los episodios más lamentables de nuestra joven democracia. Los días 6 y 7 de septiembre de 2017 se consumó el denominado choque de trenes:

Se vulneró el Reglamento del Parlament, se pisotearon los derechos de la oposición, se desoyeron las advertencias de los letrados de la Cámara y del Consejo de Garantías Estatutarias de Cataluña, se vulneraron el Estatuto de Autonomía y la Constitución, se convocó un referéndum ilegal para el 1 de octubre, y se aprobó un bodrio de ley denominada “de transitoriedad jurídica y fundacional de la república”.

El 1 de octubre se produjo un acto de votación ilegal que, a instancias de la justicia, las fuerzas del orden intentan evitar de forma contundente y, en algunos casos, con contraproducente violencia sobre quienes pretendían participar en un acto de votación sin efecto legal alguno.

El 10 de octubre, Carles Puigdemont declaró de una forma muy peculiar la independencia y ocho segundos después, sí, han oído bien, ocho segundos después,suspendió dicha declaración, ante el asombro de propios y extraños.

El 27 de octubre, el Parlament de Catalunya proclamó la independencia y una hora después el Senado autorizó al gobierno de España a aplicar el artículo 155 de la Constitución. Se procedió a cesar al presidente de la Generalitat y a su gobierno, y se convocaron elecciones al Parlament para el 21 de diciembre.

Permítanme un breve paréntesis. La aplicación del artículo 155 sirvió, entre otras cosas, para demostrar el sentido de Estado del PSOE en la oposición, y preservó tanto el Estado de derecho, la Constitución y el Estatut como la propia existencia de las instituciones catalanas. El sentido de Estado del PP en la oposición sobre la cuestión catalana sigue sin aparecer. Y el sentido de Estado de otros, nacidos del conflicto y beneficiados por la crispación también brilla por su ausencia. Cierro paréntesis.

Así pues, a finales de 2017, los independentistas, buscando la independencia, nos hicieron perder la autonomía, y dividieron por mitades a la sociedad catalana.

Miembros del gobierno de la Generalitat salieron de España mientras otrosfueron encarcelados a la espera de juicio.Cabe recordar que los presidentes de la Assemblea Nacional Catalana y Omnium Cultural habían sido ya encarcelados el 16 de octubre a causa de la concentración convocada frente al Departamento de Economía en protesta por una actuación judicial que se desarrollaba en su interior.

En las elecciones del 21 de diciembre de 2017, el independentismo vuelve a obtener una mayoría parlamentaria pero sigue sin obtener una mayoría ciudadana.

El independentismo obtiene una victoria basada en tres promesas imposibles de cumplir: el retorno de Puigdemont como president, la libertad de los presos y la proclamación de la república catalana.

Después de muchas vicisitudes, se acaba produciendo la investidura de Quim Torra como presidente de la Generalitat y la formación de un gobierno integrado por Junts per Catalunya y ERC mientras la CUP dice pasar a la oposición. Que el gobierno de la Generalitat pierda votaciones a mansalva y haya sido incapaz de aprobar unos presupuestos muestra hasta qué punto esta legislatura ha resultado fallida.

El president Torra afirma desde el primer momento que ejerce sus funciones en una suerte de delegación de Carles Puigdemont. No quiere ser lo que es, lo único que puede y debe ser, presidente de una Comunidad Autónoma, y defiende volver a la confrontación.

En la actualidad, el único factor de cohesión de la mayoría independentista es el encarcelamiento y la huida de sus dirigentes, y el rechazo del juicio y de la sentencia que conoceremos próximamente.

Sirva este breve repaso para recordar la difícil de la situación política en la que debemos trabajar y lo engañoso que resulta especular con soluciones mágicas e inmediatas.

Debemos pasar de una profunda división a la construcción de un amplio acuerdo. Y eso no se consigue de la noche a la mañana. Debemos primero convencer a todos de que no hay salida fuera de un proceso de diálogo, negociación y pacto. Un diálogo primero entre catalanes, entre fuerzas políticas catalanas, que requiere del respeto mutuo y de la aceptación del actual marco legal e institucional, que puede cambiarse solo a través de las mayorías y procedimientos legalmente establecidos. O sea, un acuerdo capaz de concitar el apoyo de al menos 2/3 de los miembros del Parlament de Catalunya.

Un acuerdo que, como les decía, deberá pasar por un reforzamiento del autogobierno, una mejora de la financiación, la lealtad institucional, y el mejor reconocimiento del carácter plurinacional, pluricultural y plurilingüe de España.

Un acuerdo de tipo federal que, lógicamente, deberá ser negociado y acordado con las fuerzas políticas y las instituciones del Estado.

Creo que ese verdadero pacto de Estado debiera conducir a una reforma constitucional federal, pero como les decía antes, debemos ir paso a paso, no poner el carro delante de los bueyes, ni crear expectativas a corto plazo que puedan convertirse en frustraciones que dificulten aún más el largo y difícil camino que nos espera.

La referencia para una solución federal está contenida en la Declaración de Granada, impulsada por Alfredo Pérez Rubalcaba y aprobada por el Consejo Territorial del PSOE el 6 de junio de 2013, y en la declaración de Barcelona, impulsada por Pedro Sánchez y suscrita por las Comisiones Ejecutivas del PSC y del PSOE el 14 de julio de 2017.

Desde el socialismo catalán pensamos que los temas a afrontar son básicamente cuatro, y por eso hablamos de las “cuatro erres”.

R de reconocimiento. R de reglas. R de recursos. Y R de representación. Dejo la primera R para el final.

Reglas. Para mejor distribuir las competencias, para evitar conflictos, duplicidades, solapamientos e interferencias. Para reconocer las competencias que recogen singularidades y hechos diferenciales.

Recursos. Fijando los grandes principios del sistema de financiación que debe ser suficiente, solidario, pero también justo y equitativo. Recogiendo los conceptos de esfuerzo fiscal similar y ordinalidad, así como la figura de los Consorcios Tributarios entre el Estado y las Comunidades Autónomas que lo requieran.

Representación. A través de un Senado o un Consejo federal. Que haga de la cámara alta un verdadero instrumento de integración y cooperación territorial. Que haga posible el gobierno compartido. Saben ustedes que federalismo aúna autogobierno y cogobierno. El cogobierno reside fundamentalmente en la cámara territorial, sea un Senado o un Consejo federal.

La primera R, la R de reconocimiento, es la más compleja, a pesar de que no tiene coste económico alguno y forma parte de los intangibles. Queremos que la Constitución reconozca a Cataluña en su identidad, que es plural, y en su aspiración nacional.

Los acuerdos de Granada lo explican así: “Creemos que en el federalismo se ubican las mejores soluciones para reconocer, respetar e integrar las diversas aspiraciones nacionales que conviven en España”. Y apunta una posibilidad concreta que consistiría en incorporar al texto constitucional los derechos históricos de Cataluña recogidos hoy en el artículo 5 del vigente Estatuto, que dice lo siguiente: “El autogobierno de Cataluña se fundamenta también en los derechos históricos del pueblo catalán, en sus instituciones seculares y en la tradición jurídica catalana, que este Estatut incorpora y actualiza al amparo del artículo 2, la disposición transitoria segunda y otros preceptos de la Constitución, de los cuales deriva el reconocimiento de una posición singular de la Generalitat con relación al derecho civil, la lengua, la cultura, la proyección de éstas en el ámbito educativo, y el sistema institucional en el que se organiza la Generalitat”.

Pese a las dificultades para construir un amplio acuerdo que antes describía, hay factores que apuntan a la esperanza:

1.- El gobierno de la Generalitat está cada vez más desorientado y dividido.

2.- El electorado independentista está perdiendo confianza en soluciones de tipo unilateral. De hecho, según el Centro de Estudios de Opinión de la propia Generalitat, sólo un 9,1% de los catalanes apoya la vía unilateral. El mismo estudio muestra como la afirmación “Catalunya tiene derecho a celebrar un referéndum de autodeterminación” obtiene un 40.3% de apoyos, muy lejos del 80% que los independentistas proclaman.

3.- Se están reorganizando políticamente sectores que quieren dar respuesta a este electorado que se quedó huérfano con la deriva radical de la desaparecida Convergencia i Unió.

4.- Los pactos tras las elecciones municipales han debilitado la política de bloques.

El PSC ha conseguido quebrar la inercia de vetos sistemáticos y la política de bloques. Hoy el PSC gobierna en muchos municipios con PDeCAT o ERC con una fórmula muy sencilla: priorizando las políticas económicas y sociales, dejando al margen las cuestiones que nos dividen. Se trata de aprovechar oportunidades y no perder tiempo y energías en cuestiones que no son de competencia municipal.

5.- Cada vez son más las voces de sectores económicos, sociales y culturales que están pidiendo un cambio en la orientación política.

6.- La actitud del gobierno socialista que tiene unas formas de hacer, de relacionarse y de dialogar muy diferentes a las del Partido Popular. Hay que recordar que bajo el gobierno del PP se produjeron dos referéndums de autodeterminación, una declaración de independencia y sus políticas fueron una verdadera fábrica de independentistas.

7.- Otro elemento interesante de la encuesta del Centro de Estudios de Opinión de la Generalitat de Catalunya antes citada es que cuando se pregunta por diversas opciones sobre cuál debería ser la relación entre Catalunya y España, los partidarios de la independencia están menguando, situándose ahora en el 34.5% de los encuestados. Aun siendo esa opción la que concita más apoyos, la respuesta a la pregunta binaria sobre la independencia es negativa en un 48.3% frente al “sí” que alcanza un 44%.

En ese mismo estudio podemos ver como el federalismo va ganando posiciones llegando a un 24.5% de los encuestados.

La opción de seguir como estamos es la preferida por un 27%, mientras los partidarios de la recentralización se mantienen en su porcentaje habitual, un 7.8%.

Es posible, pues, que estemos en puertas de un nuevo ciclo político y social en Catalunya. Pero vamos a necesitar tiempo y acierto porque todavía estamos pendientes de las sentencias y necesitamos de mucha y muy buena política.

Necesitamos un nuevo tiempo político para revertir las cicatrices de la austeridad, coser la brecha social, reducir la desigualdad, la precariedad y la pobreza, recuperar el pacto con la ciudadanía, y una de las claves para ello está en asegurar un nuevo gobierno en España presidido por Pedro Sánchez, y un nuevo gobierno en Catalunya que trabaje por el diálogo, la negociación y el pacto, un gobierno que busque unir a los catalanes y no dividirlos, que busque una España mejor y no romper con el resto de España. El gobierno que yo quisiera presidir.

Muchas gracias.