El día de ayer, 18 de enero de 2012, numerosos Sitios Web y diversos grupos de activistas asumieron acciones de protesta en contra de los proyectos de ley SOPA (Stop Online Piracy Act) y PIPA (Protect IP Act), actualmente debatidos en el Congreso de los Estados Unidos. Wikipedia mantuvo clausurada su página en idioma inglés durante todo el día, TARINGA dibujó una bandera roja de censura sobre su logo, el grupo de hackers Anonymous atacó páginas del gobierno estadounidense, y, durante horas, #FactsWithoutWikipedia y #StopSopa fueron trending topics en la red social Twitter.

El mensaje que se trató de difundir fue que el Conocimiento libre se encuentra en grave peligro, y que ambos proyectos de ley deben ser abortados. 

La respuesta inmediata de las fuerzas partidarias de la aprobación de ambas normas fue la detención, a manos del FBI, de los administradores del sitio MEGAUPLOAD —una de las páginas de almacenamiento y descarga de archivos más importantes del mundo—, a los que se les ha imputado el crimen de piratería informática. 

Ambos proyectos, introducidos por los congresistas Lamar Smith, el 26 de octubre de 2011, y Patrick Leahy, el 12 de mayo del mismo año, en el Congreso estadounidense, respectivamente, tienen por objeto ampliar las facultades de los propietarios intelectuales para combatir la piratería, permitiéndoles obtener órdenes judiciales en contra de aquellos sitios web que violen sus derechos. Además, obligarán a los proveedores a inhabilitar toda web sospechosa de alojar contenidos ilegales.

SOPA y PIPA constituyen un atentado directo contra las libertades de las que gozan los usuarios de internet. Persiguen el ejercicio de un control autoritario sobre el discurso, la criminalización de la difusión de conocimiento, y la creación un enemigo interno en la web. Se está forjando una herramienta atroz que va a servir para anular dos de las mayores virtudes de Internet: el intercambio horizontal de información y la libertad de expresión sin límites. 

El conocimiento es un bien público. El desarrollo de las capacidades humanas y la emancipación sociocultural del ser humano dependen de él. Toda restricción del derecho a la libre difusión de conocimiento constituye una arremetida contra la libertad y la democracia. 

Ninguna Voluntad Soberana se ha pronunciado sobre ninguna de ambas normativas. Ninguna voluntad soberana más que la de los grupos corporativos interesados en que Internet deje de ser un espacio en el que los bienes intelectuales circulan libremente. La forma en que ambas leyes están siendo tratadas constituye una vulneración de las reglas democráticas de decisión. El Congreso norteamericano, colmado de políticos profesionales obedientes a los caprichos de los grandes poderes económicos, va a ser la instancia que, de manera unilateral, va a decidir si estás leyes, que no son producto de ningún acuerdo internacional, han de entrar en vigencia, pese a que Estados Unidos no será el único país que se verá afectado por ellas. 

Su venia traerá como consecuencia la ilegalización de las redes anónimas, y la obstaculización del desarrollo ulterior de la web 2.0. Los sitios web donde el contenido es generado por los usuarios se harán imposibles de operar. En lo posterior, cualquier imagen, cualquier fragmento de texto mal citado, cualquier archivo de sonido compartido, serán motivo de censura. Atropellos contra la libre información, como el estrangulamiento económico de Wikileaks, la supresión de videos políticamente compometedores en YouTube, la eliminación arbitraria de cuentas en Facebook, etcétera, se harán más frecuentes. Los promotores del pensamieto disidente en Internet serán acusados de piratas, tal como los enemigos de Occidente son acusados de terroristas. 

La vaguedad del concepto de piratería justificará innumerables arbitrariedades. La reproducción de bienes inmateriales, intelectuales, tiene poco que ver con el plagio y el robo de patentes. Sin límites precisos, la defensa de la propiedad intelectual se convertíra en un peligro directo para la libertad de expresión.

En resumen, son demasiadas las razones para oponerse a la aprobación de las leyes SOPA y PIPA. Internet, como la conocemos, se encuentra en grave riesgo. Su potencial emancipador, su naturaleza democratizante, participativa, colectivista, se encuentran amenazadas. Internet es uno de esos baluartes de lo común que debe ser protegido de la violencia ejercida por los grandes poderes corporativos. Su defensa no sólo es una causa democrática, sino humana. 

NO a la ley SOPA. NO a la Ley Pipa.