No hace falta aclarar que la pose antitaurina adoptada por gran parte de los diputados catalanes responde, en buena medida, a motivaciones nacionalistas. A los representantes del Parlament ni les va ni les viene que se mortifique públicamente a un animal. La abolición de las corridas taurinas por parte de los diputados catalanes es un envite político, en modo alguno moral. Eso parece que está fuera de toda duda.

De hecho, en actitud contestataria al proyecto de los parlamentarios de Cataluña, Esperanza Aguirre, cuya gestión económica aplaudo a más no poder, recoge el guante con otra decisión política y declara las corridas bien de interés cultural; como si las tradiciones, por el simple hecho de serlas, estuvieran revestidas de legitimidad. Fuera de eso, lo importante es señalar que, despojada de su ideología, la iniciativa del Parlament representa un ejercicio de civismo y, aun diría, de humanidad.

El único argumento sostenible que los protaurinos tienen a mano es el que se refiere a los puestos de trabajo que genera el mundo de los toros. Pero, claro, si queremos crear empleo a toda costa y por encima de todo respeto a la vida en cualquiera de sus formas, lo tenemos tan fácil como declarar una guerra o restaurar el oficio del verdugo. Las guerras, por paradójico que parezca, son rentables. En realidad, matar siempre da dinero. Matar a los humanos sale a cuenta, y matar a los animales también sale a cuenta.

El progreso ético de la humanidad exige ensanchar de algún modo el círculo de lo moral, ensancharlo de tal manera que alcance los intereses de los animales. Eso sí, estoy muy lejos de criminalizar las corridas de toros, pues somos seres omnívoros y, como tales, tenemos que matar para subsistir. Pero no somos bárbaros, no deberíamos serlo. Y, en esa medida, denuncio que ciertas personas quieran hacer de un acto de crueldad y salvajismo un espectáculo público.