La Comisión Europea ha impuesto una multa a España por el continuado incumplimiento de la sentencia de 2014 del Tribunal de Justicia Europeo que obligaba al gobierno español a liberalizar y regularizar el Sector de la estiba.

En este sector (el servicio portuario de manipulación de mercancías) las empresas estaban obligadas a contratar a los Trabajadores pertenecientes a las Sagep (Sociedades Anónimas de Gestión de Trabajadores Portuarios), lo que incumplía la normativa europea de libre contratación de trabajadores en todo el territorio de la UE.

Este proceso de liberalización y regulación ha supuesto meses de protestas, huelgas y negociaciones hasta que el pasado 29 de Junio trabajadores y Patronal alcanzaron un acuerdo definitivo y se consiguió llegar a un buen final después de un fuerte tira y afloja que llegó a paralizar los puertos y parte de la economía española.

La sanción al final solo ha sido de 3 millones de euros, una cifra simbólica ya que España se enfrentaba a una posible sanción de hasta 25 millones de euros por la reiterada negativa del gobierno para hacer cumplir la sentencia desde finales del año 2014. No obstante,  la justicia europea finalmente ha decidido atenuarla hasta una cifra simbólica, debido a que la Comisión ha quedado satisfecha con la resolución final del conflicto.

España lideró de forma negativa en 2016 la lista de países que más incumplen las normativas europeas y cuando ha tenido que ajustarse a ellas lo suele hacer bajo sanciones o las amenazas de ellas, por lo que esta vez la comisión ha tenido en cuenta para esta reducción la dificultad de la situación en la reforma de un sector clave para el buen funcionamiento de la economía y la sociedad y que siempre ha sido reacio a su liberalización y regulación en casi todos los países de la UE, con unos trabajadores apoyados en unas bases sindicales muy fuertes que han sabido defender los intereses de sus afiliados con buenos resultados, incluidos los términos finales favorables que han conseguido en esta última ocasión y que han consistido básicamente en la garantía del mantenimiento de todos sus puestos de trabajo.

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