Algo malo pasa en el Ejército
Leonardo Haberkorn, El Observador 6 enero 2024

Hay un teniente que cobra su sueldo sin ir a trabajar porque así se lo piden sus superiores. Dicen que es por su propia seguridad. Le ha tenido que explicar a sus hijos que no es un “ñoqui”, como lo señalan los vecinos.
El teniente se llama Nelson Duarte y antes trabajaba. Pero su desgracia comenzó en 2014, cuando hizo su primera denuncia sobre irregularidades que ocurrían a ojos vista en su unidad.
Por denunciar, lo sancionaron. El comandante de la Brigada de Infantería 1, coronel Víctor Grande, a quien estaba dirigida la denuncia, le impuso diez días de arresto a rigor por “tomarse atribuciones totalmente indebidas al iniciar investigaciones de presuntas irregularidades”.
Luego se inició una investigación administrativa que se tomó su tiempo. Demoró seis años. Recién concluyó en 2020.
Allí se corroboró que todo lo denunciado era cierto: soldados del Ejército, pagados con el dinero de todos, se habían dedicado al menos 16 años, entre 2000 y 2016, a instalar piscinas para la empresa privada Akesse, sin que existiera ningún convenio que lo habilitara.
También se corroboraron otras denuncias del teniente Duarte: se habían hecho traslados de bebidas alcohólicas desde la frontera del Chuy en vehículos militares y en un cuartel se hacían trabajos de carpintería para la empresa privada de un coronel.
Sin embargo, salvo un par de sanciones menores, los responsables no fueron penados. Tampoco se llevó el caso a la justicia.
En cambio, la vida profesional de Duarte cambió para siempre. Ya nunca logró un ascenso. Lleva 13 años estancado en el grado de teniente. Desde su primera denuncia ha sufrido traslado tras traslado, además de un sinfín de sanciones y humillaciones, la última de las cuales es pagarle para que se quede en casa.
En 2021 Duarte hizo otra denuncia. Dijo que al Comando de Apoyo Logístico del Ejército (CALE) llegaban cargamentos de bebidas alcohólicas y refrescos desde la frontera con Brasil montados en camiones militares. Aportó fotos y filmaciones.
También que existían maniobras sospechosas con el manejo del combustible en esa unidad y que un oficial había vendido para provecho propio cubiertas del Ejército, algunas de ellas sin uso.
En setiembre de 2021, el entonces comandante en jefe del Ejército, general Gerardo Fregossi, ordenó una nueva investigación administrativa a partir de esas denuncias. Y designó como funcionario instructor al general Marcelo Pose, quien era el jefe del CALE, la dependencia denunciada por Duarte.
Como había ocurrido en la primera investigación, se puso más esfuerzo en descalificar al teniente Duarte que en investigar los hechos. En las conclusiones de su informe final, Pose se despachó con duros conceptos sobre el oficial, a quien acusó de “absoluta falta de lealtad y desconocimiento”.
Pese a todo, las irregularidades eran innegables –estaban filmadas- y buena parte de ellas se demostraron ciertas.
No solo lo de traer cerveza y whisky desde Brasil. También que oficiales del Ejército recibían de regalo vales de nafta, que nadie pudo explicar quién pagaba, pero que sí o sí debían efectivizarse en la estación de servicio de un empresario que es habitual proveedor del Ejército. ¡Qué casualidad!
Lo de los neumáticos, en cambio, se descartó. Básicamente, porque los implicados negaron haber vendido las cubiertas en beneficio propio. Como existían fotos, debieron admitir que algunas de ellas estaban sin uso, pero adujeron que estaban vencidas. ¿O sea que el Ejército compra neumáticos que almacena durante años y nunca llega a usar, que se terminan venciendo en un galpón y al fin se mal venden como basura descartable?
¿Quién compra esos neumáticos que no se usan?
Nada de eso fue explicado. En los cientos de folios que se llenaron con estas investigaciones, nadie se lo preguntó tampoco.
Durante la última investigación administrativa, el general Pose interrogó al teniente Duarte. Y delante de otros oficiales le dio un mensaje muy claro: “Tenga cuidado a quién involucra, no sea cosa que involucre gente que no quiere involucrar”.
Cualquiera diría que eso fue una amenaza.
Pero no pasó nada.
Pose continúa su carrera ascendente en el Ejército, que lo ha llevado a ser agregado militar en Washington y a comandar la principal región militar del país, mientras Duarte sigue en su infierno descendente, amenazado de ser echado en cualquier momento de la fuerza y sin ni siquiera poder presentarse a trabajar.
Todo por denunciar cosas ciertas.
Esos son los hechos. El Observador lo ha documentado en tres largas y sucesivas notas. El silencio general ha sido la respuesta.
Algo malo tiene que estar pasando adentro del Ejército y no es de ahora, lleva muchos años de tolerancias, imposturas y ojos que miran para otro lado.

Luego de la feria, la Justicia retomará la denuncia penal por difamación e injurias que presentó el Ministerio de Defensa Nacional contra Luis Puig, exdiputado y actual dirigente del Partido por la Victoria del Pueblo (PVP). Quizás esa no sea la única instancia en 2024 en la que un fiscal deba dirimir si el honor de las instituciones militares fue mancillado.
“¿Qué ha pasado con prácticas dentro del Liceo Militar? En el Liceo Militar hay prácticas en las que la convivencia entre los alumnos ha llevado a denuncias muy graves en materia de violación de derechos humanos. Hay una práctica sistemática de torturas que se ha realizado a algunos alumnos del Liceo Militar. Ha habido una cantidad importante de denuncias”, había dicho Puig durante el programa Esta boca es mía de Teledoce, donde argumentó las razones por las que el PVP iba a proponer la eliminación del Liceo Militar en el Congreso del Frente Amplio. Puig explicó, entre otras cosas, que es necesario evitar “una especie de ghetto a una edad tan temprana”, pero fueron sus apuntes sobre supuestas infracciones a los derechos humanos los que generaron la reacción del gobierno.
El ministro Javier García elevó la denuncia penal por difamación e injurias en representación del Ministerio de Defensa, pero antes, el comandante en jefe del Ejército, Mario Stevenazzi, había contestado a las afirmaciones de Puig con un comunicado de prensa: “Los conceptos evidencian desconocimiento de la realidad que existe en el mencionado instituto de educación. Se está gestionando una invitación a las Comisiones de Defensa del Parlamento Nacional con la finalidad de que estos concurran al mencionado centro de estudios. Y el Ministerio de Defensa Nacional se encuentra efectuando un análisis jurídico y legal de las acusaciones realizadas”.
La réplica oficial del Ejército no fue aislada. Reflejó una posición extendida dentro de la institución, que prevé críticas similares desde la oposición en 2024 y ahora anunció, a través del propio Stevenazzi, que está dispuesto a responder públicamente a las difamaciones. “El país estará´ inmerso en una campaña electoral, una más. Sera´ un buen momento para escuchar propuestas, de eso se trata la democracia, quizás también escuchemos opiniones que no nos gusten. En su momento las mayorías decidirán. Cuando se mienta o se ofenda a la fuerza deberemos buscar mecanismos que nos permitan reparar ese daño hacia el público interno, pero también hacia el público externo. Así´ lo haremos, de la forma que elijamos dentro de lo que la ley nos permita, en la oportunidad que definamos, pero con la firmeza de siempre”, indicó el comandante en jefe en la editorial del último número de la revista oficial del Ejército, publicado la semana pasada.
En la interna del Frente Amplio entienden que la relación con las Fuerzas Armadas es delicada de cara a las elecciones, no solo por el vínculo en un hipotético gobierno, sino por el caudal de votos que la familia militar representa. El planteo para la eliminación del Liceo Militar supuso una primera alerta.
El liceo es un instituto de características cívico-militares que brinda capacitación de educación media superior “en un ambiente moral y físico que contribuye al desarrollo integral de la personalidad de los alumnos”, según define el Ejército. Los sectores como el PVP ya han manejado la posibilidad de que el Liceo Militar sea quitado de manera paulatina de la oferta académica pública. El último gobierno de Tabaré Vázquez descartó esa iniciativa y el Congreso del Frente Amplio, desarrollado a inicios de diciembre, decidió no expedirse al respecto, por lo que por ahora no forma parte de las bases programáticas para un gobierno de 2025 a 2029.
Otro punto áspero entre ambas partes es el de las misiones de paz de las Naciones Unidas, consideradas elementales por el Ejército, que es la rama militar que más integrantes aporta a los cascos azules y que al participar en estas operaciones extranjeras obtiene experiencia de combate y la posibilidad de mejores salarios. El espacio Izquierda y Libertad, que reúne al PVP, Casa Grande, el Partido Socialista y la Lista 5005, define a estas misiones como “ocupaciones extranjeras que habilitan abusos de diverso tipo”, según un documento que presentó al Congreso para que fuera incluido en las bases programáticas del Frente Amplio. Estos mismos grupos también impulsan una reducción en el tamaño del Ejército, lo que derivó en abril en una respuesta de García: “¿Esta propuesta es respaldada por el Frente Amplio, Yamandú Orsi y Carolina Cosse? Nuevamente prejuicios ideológicos y antimilitarismo dogmático”, indicó el ministro en un mensaje en la red social X.
A nivel general del Frente Amplio, durante la actual administración, se resistió el proyecto de reforma de la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas, enviado por el Poder Ejecutivo en 2022 al Parlamento y actualmente a estudio de la Comisión de Defensa Nacional del Senado. El proyecto modifica algunas disposiciones de la normativa vigente, aprobada en 2019 durante el gobierno frentista. Legisladores de diversos sectores de la oposición también han criticado el costo económico del nuevo equipamiento para la Armada y la Fuerza Aérea, específicamente de dos patrulleros oceánicos y dos aviones Hércules. A comienzos de mes, en rueda de prensa, García dijo que la oposición no quiere que se modernicen las Fuerzas Armadas.

Stevenazzi escribió en la revista oficial del Ejército que si en campaña se miente u ofende a las Fuerzas Armadas, estas deberán “buscar mecanismos” que “permitan reparar ese daño hacia el público interno” y “externo”.

Las Fuerzas Armadas están dispuestas a responder a los cuestionamientos políticos durante la campaña electoral dado que prevén críticas desde el Frente Amplio (FA), según sostuvo Mario Stevenazzi, comandante en jefe del Ejército, en un editorial del último número de la revista oficial del Ejército, del que informó este jueves el semanario Búsqueda. Según escribió, la campaña “será un buen momento para escuchar propuestas” y “quizás también opiniones que no nos gusten”. En ese sentido, afirmó que “cuando se mienta o se ofenda a la fuerza, deberemos buscar mecanismos que nos permitan reparar ese daño hacia el público interno, pero también hacia el público externo”.

“Así lo haremos, de la forma que elijamos, dentro de lo que la ley nos permita, en la oportunidad que definamos, pero con la firmeza de siempre”, afirma Stevenazzi en el artículo, que se publicó en el marco de la denuncia que hizo el ministro de Defensa Nacional, Javier García, por difamación e injurias, contra el dirigente del Partido por la Victoria del Pueblo (PVP) Luis Puig, quien hizo referencia en Esta boca es mía a las denuncias “muy graves en materia de violación a los derechos humanos” en los liceos militares.

Meses atrás concluyó una investigación interna en la que se registraron situaciones de maltrato y abuso contra aspirantes a ingresar a la Fuerza Aérea Uruguaya por parte de cadetes de tercer año y oficiales, informó El Observador en enero, y en mayo del año pasado la Escuela Naval abrió una investigación a estudiantes de segundo y tercer año por la existencia de indicios de presunto “abuso físico” hacia otros compañeros de menor grado.

A su vez, previo a la aprobación de las bases programáticas de la fuerza política, algunos sectores del FA, como el PVP y el Partido Socialista, propusieron la eliminación de los liceos militares. Al respecto, Stevenazzi escribió que el Liceo Militar “ha cumplido nuevamente con su cometido, que no es otro que el de formar mujeres y hombres íntegros, con valores, proporcionándoles educación responsable en un ambiente de respeto que durará por siempre, sea cual sea el camino que elijan para forjar su futuro”.

“Preocupante”

El politólogo experto en defensa nacional Julián González Guyer opinó en diálogo con la diaria que el planteo de Stevenazzi es “poco afortunado” y “suena como amenaza”. Asimismo, consideró que en el marco de la ley no se puede hacer lo que propone, por lo que sería un “contrasentido”. “Salvo que esté pensando en violar la ley, él no va a poder salir a adoptar ninguna medida sobre lo que alguien pueda decir”, sostuvo. La posibilidad de que el comandante en jefe del Ejército se “inmiscuya” en la campaña electoral “no sería nada bueno ni para el Ejército ni para la democracia uruguaya ni para la campaña electoral”, analizó. Para González Guyer, el Ejército “no tiene nada que opinar, en todo caso opina el ministro de Defensa”.

González Guyer indicó que un oficial en actividad “no puede participar ni directa ni indirectamente en una campaña electoral”, en referencia al artículo 77 de la Constitución de la República, que en su numeral cuarto prohíbe al presidente de la República y a los militares ejercer cualquier tipo de actividad política, salvo el voto. “Lo más preocupante es ver cómo, cada vez más, las autoridades del Ejército van avanzando sobre ese artículo de la Constitución y convirtiéndolo en letra muerta”, evaluó. Meses atrás, en el marco del Día del Ejército, Stevenazzi criticó el aumento de la edad de retiro de militares en la reforma jubilatoria, lo que violaría la Constitución, pero García lo defendió al decir que fue un discurso “muy profesional”.

Por su parte, Puig dijo a la diaria que el comandante en jefe del Ejército está “totalmente fuera de lugar” con estos dichos, porque no le corresponde participar en actividades políticas o proselitistas. “Me parece, desde el punto de vista democrático, que es muy grave e inaceptable; se está intentando incidir y adjudicar al FA intencionalidades que no corresponden en absoluto”, agregó.

En tanto, la senadora del FA Sandra Lazo, quien además es presidenta de la Comisión de Defensa Nacional de la cámara alta, dijo a la diaria que cree que imagina que “cuando se habla de que se va a responder, va a ser a través del mando político, porque tenemos unas Fuerzas Armadas que, más allá de la historia en los últimos 40 años, han respetado la Constitución y saben que no pueden emitir opiniones políticas. Entiendo que esas declaraciones se hacen respetando el mando político”, aventuró.