El gobierno se organizó para mentirle al Parlamento y a la Justicia

Por Carlos Peláez
2 noviembre 2023

  Tanto en Cancillería como en el ministerio del Interior todos sabían, antes de entregarle el pasaporte, que Sebastián Marset era un narco peligroso. Y junto con Roberto Lafluf, mano derecha y asesor en Comunicaciones del presidente Luis Lacalle Pou, se organizaron para mentirle al Parlamento y a la Justicia.

A principios del 2022 se supo que el gobierno le habia entregado un pasaporte a Sebastián Marset quién estaba preso en Dubai acusado de ingresar con un pasaporte paraguayo falso. Se trataba de un importante narcotraficante uruguayo que ya era conocido como “el gerente de la Hidrovía”.
Con ese pasaporte Marset fue liberado y desde entonces circula por el mundo y, particularmente por Sud América, escapando de la policía y haciendo sus sucios negocios.
Los senadores del Frente Amplio interpelaron al Ministro del Interior, Luis Alberto Heber y al Canciller, Francisco Bustillo. La estrategia entonces fue adjudicarle la responsabilidad al FA por un decreto del 2014 que los obligaba a entregar el documento. Todos dijeron desconocer quien era Marset. Bustillo afirmó que “era un jugador de fútbol”.
La interpelación no tuvo consecuencias políticas porque todos los senadores de la Coalición de gobierno apoyaron a los ministros.
Entonces nadie conocía una sentencia de un Tribunal de Apelaciones de los Emiratos Árabes Unidos, que liberó a Marset porque según ellos “éste no sabía que su pasaporte era falso”.
Sin embargo el martes pasado durante su declaración en fiscalía, Heber exhibió ese documento probatorio “de que el pasaporte uruguayo no fue lo que lo liberó”.
Pero casi enseguida de la interpelacion se supo de un intercambio de mensajes entre los subsecretarios de Interior, Guillermo Maciel y de Relaciones Exteriores, Carolina Ache, donde aquél le advertía de la condición de “peligroso narcotraficante de Marset”.

Un año después ese mensaje ha originado una crisis institucional de dimensiones desconocidas en el período posdictadura, y por ahora la renuncia del Canciller Bustillo.
Tal vez en el momento que lean esta nota, ya se han producido otras renuncias o destituciones. Tampoco sabemos si el presidente Luis Lacalle Pou regresó de EE.UU. para enfrentar la crisis.
El 25 de setiembre del año pasado fue detenido Alejandro Astesiano, jefe de la custodia personal del presidente, acusado de participar de una red que gestionaba pasaportes falsos. Al otro día Lacalle Pou ofreció una breve conferencia de prensa en la que dijo “sentirse sorprendido en su buena fe”, que desconocía sus antecedentes policiales y judiciales y que si los hubiera conocido “no pondría a su familia en sus manos”.
Luego se supo que Jorge Larrañaga le había advertido, también algunos dirigentes blancos del interior y por si fuera poco, Caras y Caretas había publicado un año antes todos los antecedentes de Astesiano.
Casi enseguida nos fuímos enterando de casi todo lo que hacía este sujeto ubicado en la Torre Ejecutiva. Y falta muy poco para que se sepa quién le daba algunas órdenes y con qué fines.
Hace menos de un mes fue procesado y enviado a prisión el ex senador Gustavo Penadés acusado de 22 delitos vinculados a abuso sexual de menores. Los detalles de las atrocidades cometidas fueron consignados en una sentencia de un Tribunal de Apelaciones.
Pero cuando a principios de mayo la militante nacionalista, y víctima de Penadés, Romina Papaso, lo denunció publicamente, tanto el presidente como el ministro del Interior dijeron creerle al abusador y descalificaron a la denunciante.
 

El barro de la mentira
El presidente mintió cuando dijo no conocer los antecedentes de Astesiano. Ya ni él lo puede negar.
Mintió Heber cuando afirmó que no se podía ingresar al Guardian. Y también cuando defendió a jerarcas policiales que terminaron destituídos o formalizados.
Otra vez Heber, Bustillo y también Maciel le mintieron al Senado cuando dijeron no saber quién era Marset.
La senadora paraguaya Desirée Masi dijo a principios de este año a varios medios guaraníes que “el Comando Tripartito de la Triple Frontera, la organización que nuclea a las fuerzas de seguridad y fronterizas de Argentina, Brasil y Paraguay desde 1996, informó en la Cámara Alta de su país que las autoridades de Uruguay advirtieron en mayo de 2021 que el esquema de tráfico internacional de drogas  investigado por el Operativo A Ultranza era encabezado por el uruguayo Sebastián Marset”.
Mayo del 2021, seis meses antes que Uruguay le otorgara el pasaporte legítimo.
Y por si fuera poco, antes de enviarle el documento, Maciel advirtió a Carolina Ache que “se trataba de un narco peligroso”
Ahora resulta que Heber se defiende con un dictamen de la justicia de Emiratos Árabes Unidos que liberó a Marset. Dato bien curioso sobre todo viniendo de alguien que ha acusado a jueces de no ayudar en el combate al narcotrafico, integrante de un gobierno que se ha empeñado en descalificar a la fiscalía.
Pero le cree a un país autoritario, monárquico, cómplice del asesinato del periodista Jamal Khashoggi  y en el que es imposible verificar la validez de ese documento judicial.
Los desenmascaró una mujer, cuyo partido político envió a la hoguera sin defenderla.
Y también Caras y Caretas que desde hace un año viene informando sobre todas las mentiras de las autoridades compatriotas.
 

Organizados para mentir y ocultar
No existen antecedentes en el país, por lo menos públicos, sobre que ministros y asesores se organizaran para mentir en el Parlamento y hacer desaparecer pruebas de la justicia.
Exactamente eso fue lo que reveló Ache el miércoles durante su declaración ante el fiscal Alejandro Machado.
Antes de la interpelación por el caso Marset, varios jerarcas se reunieron en una casona propiedad del ministerio del Interior en el Prado para elaborar la estrategia con la que enfrentarían a la oposición durante la discusión parlamentaria.
Allí estuvieron Heber, Bustillo, Maciel, Ache y Roberto Lafluf, propietario de la agencia de publicidad Avisa, asesor en comunicaciones y mano derecha del presidente.
La mayor preocupación expresada en la reunión era que los chats intercambiados entre Maciel y Ache, en los que el subsecretario de Interior advertía quién era Marset, llegaran a manos del FA:
Pero después de la interpelación, el fiscal Juan Gómez ordeno abrir una investigación de oficio. A su vez Cancilleria ordenó una investigación administrativa cuyos resultados llegaron a manos de la oposición por orden del juzgado de lo Contencioso Administrativo de 4to, turno, después que el ministerio negara el expediente a la Bancada Frentista.
Bustillo intentó que tanto Maciel como Ache borraran sus celulares; también le sugirió a Ache que “lo perdiera”.Pero la entonces subsecretaria ya había entregado bajo acta el contenido de los chats, a Bustillo en sobre cerrado.
Y además tuvo el tino de hacerlos protocolarizar por su escribana.
Pero cuando la cancillería entregó a fiscalía el expediente con los resultados de su investigación administrativa, el documento aportado por Ache no estaba.

Al otro día la vicecanciller recibe un mensaje de Roberto Lafluf quien dice que “el presidente quiere tener una reunión contigo y con Maciel, acá en el piso 11 a las 3 de la tarde. Sería conveniente ingresar por el garage”.
Ache no informó si estaba el presidente en esa reunión. Lafluf les pidió a ambos que borraran los mensajes de su celular y a ella que consiguiera otra escribana que protocolarizara el contenido del celular sin esos mensajes.
A otro día llamó al asesor y le dijo que no borraria los mensajes ni recurriría a otra escribana porque “lo que le pedía era un delito y no estaba dispuesta a cometerlo”.
Lafluf le dijo que debía hablar con el presidente y la llamaría, algo que ocurrió un rato después. “El presidente dice que dejes todo como está y lleves de nuevo la documentación a Cancillería”, relató Ache en fiscalía.
Agregó que también preguntó “por que debía entregar todo de nuevo, si ya lo habia hecho”. . Lafluf le contestó que “el acta no estaba más, yo la destruí”.
La ex funcionaria no sabe quién o como le llegó ese documento al asesor y ni siquiera sabia si era verdad, pero “fue lo que él dijo”.
Ache entregó los documentos dejando constancia que “lo hacía por segunda vez”.
Los documentos fueron entregados a la justicia ese mismo día. Como Cancilleria se los había negado, los senadores del FA recurrieron a un juez y poco después éste ordenó su entrega.
Pero Ache fue cuestionada desde su sector, Ciudadanos, y renunció al cargo.

¿Y ahora?
En medio de esta grave crisis, el presidente se encuentra en EE.UU invitado por Joe Biden.
Bustillo renunció a la Cancillería al atardecer del miércoles.
Varios legisladores blancos dijeron ese mismo día que “para proteger al presidente tienen que renunciar todos los que deban hacerlo”.
La lista incluye a Heber, a Maciel y también a Lafluf.
Maciel, calificado como “un tarado” por Bustillo, es el que está más cerca de irse. Y también el asesor en comunicaciones, el hombre que elaboró la estrategia de blindaje del presidente.
Ese mismo día, el fiscal Machado le solicitó al Fiscal de Corte, que se abriera otra investigación sobre lo denunciado por Ache ya que “tienen apariencia delictiva”. Esta investigación pasará a otro fiscal.
A todo esto aún hay una pregunta sin responder: ¿por qué le entregaron el pasaporte a Marset?
A mediados de abril pasado un senador oficialista denunció que a fines del 2021 el diputado Erico Galeano, hoy procesado por lavar dinero del narcotráfico,  le pidio al entonces presidente Mario Abdo “500.000 dólares para sacar a Marset de la cárcel”. ¿Para quién era ese dinero?
El pasado 28 de abril, RPK publicó lo que dijo una fuente de la Secretaría Antidrogas (SENAD) de Paraguay. “Como usted ya sabrá en mi país hay un altísimo índice de corrupción en el sistema judicial, lo que nos impide lograr condenas para grandes contrabandistas y narcotraficantes. Es más probable que uno de nosotros termine con un tiro que alguno de ellos preso”.

 Agregó que “durante más o menos dos años nosotros investigamos a Marset y todo su entorno. Esa operación se llamó “A ultranza”, pero cuando lo íbamos a detener le filtraron la información desde fiscalía y logró huir. El estaba asociado al Clan Insfrán, liderado por Miguel Angel Insfrán, alias Tio Rico. Ese grupo, estrechamente vinculado al mundo político paraguayo, había encontrado en Marset un contacto muy importante para sacar la droga de Paraguay y llevarla primero a África y luego a Europa e incluso Oriente”.
Erico Galeano, diputado cartista y también presidente del club Capiatá, estuvo en la mira de la SENAD durante mucho tiempo. “Nosotros entregamos a fiscalía muchas pruebas sobre sus actividades, que fueron cajoneadas”, dijo el oficial de policía.
“Entre esas pruebas hay muchísimas horas de escuchas telefónicas realizadas con orden judicial. Nosotros sabemos para qué, para quién y quienes juntaron esos 500.000 dólares, que no fueron los únicos “.
“Aunque, agregó, lo único que voy a decirle para su interés es que tenemos identificados a dos uruguayos como receptores de parte de ese dinero.No fueron los únicos. No puedo decirle más porque la investigación sigue en curso y porque además hemos tenido muy poca colaboración de las autoridades uruguayas”, concluyó el oficial antidrogas.
En agosto después de la fuga de Marset desde Bolivia, agentes de Inteligencia de ese país dijeron que “el pasaporte de Marset había costado 10 millones de dólares”.
La justicia uruguaya tiene ante sí una ardua tarea para, entre muchas otras cosas, saber si alguna de estas versiones es verdadera.
Mientras tanto, el gobierno está hundido en el oprobio de sus propias mentiras.

Chau Bustillo


Escándalo “blanco” en Uruguay: renuncia canciller por pasaporte a narco

Luvis Hochimín Pareja
2 noviembre 2023, https://estrategia.la

El canciller de Uruguay, Francisco Bustillo, renunció a su cargo, horas después de que se difundieran audios de una llamada que mantuvo con la exvicecanciller Carolina Ache, para que borrara los antecedentes del otorgamiento de un pasaporte al narcotraficante Sebastián Marset, quien se encontraba preso en los Emiratos Árabes.
Antes de renunciar, Bustillo conversó la decisión con el presidente Luis Lacalle Pou, que estaba en Estados Unidos, en un intento de alejarse del inminente escándalo. Con esta renuncia no finalizan los intentos del gobierno de la coalición derechista por ocultar las pruebas sobre Marset y el narcotráfico: ahora se espera la renuncia del ministro del Interior, Luis Alberto Heber. 

Desde Presidencia se esperaba que el canciller tuviera el “gesto” de renunciar de motu proprio, sin que Lacalle se lo tuviera que pedir explícitamente, y eso es lo que sucedió luego de una conversación telefónica que el mandatario mantuvo con Bustillo.
El senador oficialista Sergio Botana, vicepresidente en funciones, dijo a la diaria que con la renuncia de Bustillo “ya está liquidado el tema en lo político, y si hay algún tipo de responsabilidades, son en otro campo”.
Antes de que presentara su renuncia, varios legisladores exigieron que rodaran más cabezas, como la de Roberto Lafluf, el asesor de Comunicación de Presidencia, al que ven como el “ideólogo” de la maniobra para que Ache borrara los chats relativos a Marset, porque fue quien impidió que llegara a la Justicia parte del material que ella entregó a la cancillería.
Para muchos legisladores oficialistas, también debiera renunciar el ministro del Interior, Luis Alberto Heber, ya que “si lo soplan, se cae” y ya “no hay quien lo defienda”, teniendo en cuenta que el Frente Amplio acaba de votar una nueva interpelación al jerarca, entre otros temas, por el caso Marset.
Las consecuencias de la polémica por la participación de Butillo en la entrega del pasaporte al narcotraficante Sebastián Marset comienzan a sacudir al gobierno que perdió a una de sus figuras, y desde el mismo Partido Nacional (PN) piden sostener la institucionalidad a partir de la renuncia de los demás dirigentes involucrados. Mientras tanto, el Frente Amplio (FA) reclama al presidente Luis Lacalle Pou que regrese a Uruguay y convoque a una reunión con todos los partidos políticos.

El caso Marset no es el primer escándalo de la actual administración,tras los protagonizados por el exjefe de seguridad del mismo presidente, Alejandro Astesiano, quien fue condenado a cuatro años y seis meses de prisión y la inhabilitación especial para ejercer cargos públicos luego de cerrar e acuerdo de juicio abreviado con la Fiscalía por la causa de falsificación de pasaportes para ciudadanos rusos en Uruguay.
Bustillo parece haber abierto la puerta para que también salga del gobierno el ministro del Interior Luis Alberto Heber, que si bien no tendría participación directa en la polémica del pasaporte de Marset ya está desgastado a nivel político por los cruces con el Frente Amplio; del subsecretario de Interior, Guillermo Maciel; y del asesor presidencial Roberto Lafluf.

El semanario Búsqueda publicó este miércoles una nota en la que apuntó que el Gobierno de Lacalle «intentó ocultar a la Justicia» mensajes que tiempo atrás intercambiaron Ache y el viceministro del Interior, Guillermo Maciel, sobre el caso del narcotraficante Sebastián Marset, hoy prófugo, buscado en Paraguay y Bolivia por ser partícipe y financista del nacotráfico, así como del asesinato del fiscal anticorrupción paraguayo Marcelo Pecci en Cartagena de Indias, Colombia.
La prensa publicó, además, audios de comunicaciones telefónicas entre Bustillo y Ache en las que el ministro «le sugirió que perdiera su teléfono» para no entregar sus chats con Maciel, en los que describió a Marset como «un narco muy peligros y pesado».
El ahora excanciller aseguró que Ache “descontextualizó conversaciones y obró de mala fe”; en filas del oficialista Partido Nacional hay “bronca” y “sorpresa”, y piden llevar el tema a la Justicia para que investigue si hay “responsabilidad penal” del exjerarca.
En agosto de 2022, Ache negó «cualquier participación» en el trámite de expedición y entrega en Emiratos Árabes Unidos de un pasaporte a Marset que le permitió salir de ese país, donde estaba detenido. Pocos días después en una comparecencia ante el Senado, Bustillo y el ministro del Interior, Luis Alberto Heber, defendieron que la entrega de dicho documento fue un «trámite administrativo» y no político. En diciembre de ese año, Ache presentó su renuncia como vicecanciller de Uruguay.

«Yo fui la única política de este Gobierno que renunció y se fue para su casa. Y -paradójicamente- no fue por haber hecho algo incorrecto, ni por haber hecho algo ilegal, todo lo contrario, fue por no haber estado dispuesta a ocultarle comunicaciones a la Justicia», dijo  Ache a la prensa.

La prensa local difundió la carta de renuncia de Bustillo, donde trata de lavarse las manos: «Deseo manifestar que no hubo nada ilegal en la tramitación del pasaporte tramitado para el señor Marset, en cuya instancia tampoco tuve participación ni conocimiento alguno. Por supuesto, tampoco mentí o me aparté de la verdad en la interpelación parlamentaria. La Dra. Ache, descontextualizó conversaciones y obró de mala fe», señaló el ahora excanciller.

» Las cosas no son como se las ha mostrado, pero resultan suficientemente sensibles como para haberle presentado la inmediata renuncia al Señor Presidente», agregó Bustillo.

La exsubsecretaria del Ministerio de Relaciones Exteriores Carolina Ache presentó documentación en Fiscalía que compromete al canciller, Francisco Bustillo, quien le pidió que “perdiera” su teléfono para evitar brindar la conversación que mantuvo la exjerarca sobre Sebastián Marset con Guillermo Maciel, subsecretario del Interior.

En los audios proporcionados por Ache a la Justicia, sobre conversaciones que mantuvo la exjerarca con el ministro de Relaciones Exteriores vinculadas al pasaporte que expidió el gobierno uruguayo para el narcotraficante Marset a fines de 2021, Bustillo intentó convencer a Ache de que no entregue el teléfono y, de esa forma, ocultar la conversación que ella tuvo con Maciel sobre Marset, cuando el subsecretario le advirtió que el uruguayo “era un narco muy peligroso y pesado”.
“Hola, Caro, podemos saber qué pasó con este delincuente detenido en Dubái por documento falso. Es un narco muy peligroso y pesado. [Queremos] saber si sigue detenido o si lo liberaron, lo cual sería terrible”, dice el mensaje de Marciel divulgado por La Diaria, correspondiente al 3 de noviembre de 2021.
La Justicia había resuelto que Cancillería debía proporcionar la conversación que tuvo Ache con Maciel, pero finalmente la información fue entregada a fines de noviembre de 2022, contraponiendo la versión que había dado el Poder Ejecutivo durante la interpelación en el Parlamento. Allí se dijo que no se sabía quién era Marset cuando se entregó el pasaporte.
Aunque en primer término Ache no entregó el contenido del chat con Maciel para la investigación administrativa, un fallo del Juzgado de lo Contencioso Administrativo del 9 de noviembre de 2022 obligó al Poder Ejecutivo a entregar los mensajes entre los subsecretarios por el caso de la entrega del pasaporte. Ante la resolución judicial, Ache no borró la conversación y acudió a una escribana para que dejara constancia del contenido y la existencia del chat.
Fue así que el 24 de noviembre la exvicencanciller entregó en un sobre cerrado el contenido de las comunicaciones que mantuvo por WhatsApp con Maciel, pero según Búsqueda ese sobre no estaba entre la documentación entregada a la Justicia.

El Presidente

El 25 de noviembre de 2022, Ache recibió un mensaje de WhatsApp del asesor del presidente Luis Lacalle Pou en comunicación, Roberto Lafluf, para citarla a una reunión con el mandatario en el piso 11 de la Torre Ejecutiva. “ Sería conveniente ingresar por el garage”, escribió Lafluf a Ache.
En esa reunión se le pidió a Maciel y a ella que borraran el chat que habían mantenido ambos sobre Marset, y que hiciera constar por otro escribano que la conversación nunca existió. Ache decidió que no iba a protocolizar el contenido de su celular por segunda vez sin los mensajes de Maciel y se lo comunicó a Lafluf en una llamada telefónica. En el mismo día, Lafluf se volvió a contactar con Ache y le expresó que entregara de vuelta la documentación con el chat con Maciel en Cancillería.
En la audiencia del último miércoles, Ache declaró ante Fiscalía que tras hablar con su abogado le dijo al asesor presidencial que lo que le estaba pidiendo que hiciera era “cometer un delito”, que de “ninguna manera lo haría”.
Lafluf la conminó: ‘Presentá todo como está. Lo único que te voy a pedir es que vuelvas a entregar el protocolo (…) Porque no está más, lo destruí’”, afirmó Ache en la audiencia. Ache finalmente entregó una copia del acta protocolizada que certificaba la existencia de esos chats y se la entregó a Mata el día 28 de noviembre.

Al poco tiempo, los mensajes llegaron a la Justicia y también accedieron a ellos los senadores del centroizquierdista Frente Amplio, quienes habían presentado una solicitud de acceso a la información pública para obtener el expediente completo del trámite de Cancillería por el caso Marset.
Veinte días después, el 19 de diciembre de 2022, tras no contar con el respaldo político del Partido Colorado, parte de la coalición derechista de gobierno, Ache presentó la renuncia a su cargo como vicecanciller. Los chats con Maciel habían sido difundidos por La Diaria el 12 de diciembre, una semana antes.

*Periodista uruguayo, analista asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la)