El FA dará libertad de acción en junta de firmas para plebiscito impulsado por Pit-Cnt
La Mesa Política del FA dió “libertad de acción” respecto a la recolección de firmas para el plebiscito que impulsa el Pit-Cnt, que tiene como objetivo reformar el artículo 67 de la Constitución y modificar el sistema de seguridad social.
“La presidencia le ha propuesto a la Mesa Política dejar en libertad, tanto a los partidos que integran el FA como a las bases, para apoyar o no apoyar la recolección de firmas que convoca una organización autónoma al FA —el Pit-Cnt—, pero que el FA respeta mucho”
Resolución de la MRNA del 7... by Montevideo Portal
>>> La derecha de la izquierda electoral
La alianza liderada por Bergara y Astori manifestó “profundas diferencias” porque se plantea “un régimen más generoso que el que estableció la reforma del 1996, que ya entonces era insostenible”.
“Generará consecuencias negativas para la justicia intergeneracional en perjuicio de los más jóvenes y la solvencia del sistema en su conjunto”, indicaron y agregaron que “la propuesta a consideración no atiende los desafíos pendientes de la seguridad social y agrava los existentes”.
“Prevé establecer en la Constitución un régimen más generoso que el que estableció la reforma del 1996, que ya entonces era insostenible”, apuntaron. Entre otras cosas, señalaron que el incremento de recursos necesario para financiar esta reforma recaería exclusivamente sobre la asistencia financiera del Estado, alcanzando incluso a las cajas paraestatales.
"Por estos motivos, opinaron que “el Frente Amplio no debe acompañar esta iniciativa” y, por tanto, ni juntar firmas para que se lleve a plebiscito ni, en caso de que se llegue a esa instancia electoral, no ensobrar la papeleta."
En un artículo sin firma, la editorial del día de hoy del diario el país sale con un fuerte ataque ideológico contra las tres ideas programáticas que buscan plasmarse en la llamada carta magna. Pero también, en última instancia y de forma más velada, el diario el país sale a la carga contra la idea de que la gente tenga derecho a resolver si quiere o no cambiar la constitución.
Esto es grave, porque parece alentar una idea de democracia sin gente.
Una democracia de la obediencia, donde disentir no está bien visto y mucho menos buscar alternativas para superar el atraso social de la desigualdad y la subordinación del bien público a la lógica del gran capital.
La democracia de los negocios no es la democracia de la gente.
Esa, en todo caso, es una “democracia” de súbditos y, por tanto, todo lo contrario a una democracia.
Tal vez sea mucho pedir que el diario el país ponga la democracia y el derecho de la gente por encima de sus propios intereses, más tomando en cuenta que se trata de un medio que el día del golpe de Estado en Uruguay (27 de junio de 1973) en su editorial eligió hablar de los problemas de la recolección de residuos en Montevideo, obviando por completo cualquier referencia a la naciente dictadura.
No hay muchos argumentos en el desarrollo del texto del diario el país. Al menos no tantos como falacias y sobredosis de terrorismo verbal.
En esta línea, de generar miedo, el principal medio de prensa del gobierno sale a la defensa de las AFAPS, acusando a los trabajadores de querer “robarle” a las AFAPS. ¡¡Vaya tupé!!
En su defensa fanática del modelo privatizado de previsión jubilatoria, el diario el país no dedica ni una sola palabra a pensar las ineficiencias, los costos ocultos y las prebendas que ese modelo le confiere al poder financiero.
En su ataque ideológico a la propuesta del movimiento sindical de eliminar las AFAPS, nada dice el diario el país sobre la tendencia mundial a su eliminación.
Oculta decir que hoy en día las AFAPS solo existen en una veintena de países en todo el mundo. ¿Por qué será?
¿Estarán equivocados en el resto del mundo?
Seguramente no leyeron las editoriales del diario el país para darse cuenta de su despropósito.
En aras de su objetivo político, defenestrar la propuesta, el principal medio de prensa del gobierno desinforma a la gente al mismo tiempo que acusa a los trabajadores de querer confiscarle los fondos a las AFAPS, sin brindar ninguna garantía a las personas que tienen allí retenidos sus aportes.
Esta afirmación es una mentira flagrante y una inocultable muestra de mala praxis periodística.
En la letra UVE tres, de las disposiciones transitorias y especiales que contiene la papeleta, se dice a texto expreso que el BPS, actuando conforme a derecho, establecerá una comisión especializada a los efectos de garantizar el derecho de las personas al seguimiento minucioso de sus aportes a lo largo del tiempo, sin ninguna pérdida de derechos ni beneficios.
Esto está escrito y en poder de la Corte Electoral.
Por consiguiente, decir, como dice el diario el país que se van a confiscar los aportes de las personas es un acto de mala fe, de engaño ideológico y de deslealtad a la obligación de bien informar a la gente.
El plebiscito por la seguridad social tiene más adversarios que los previstos, tantos que hasta algunos árboles se les ha visto sacándole filo al hacha.
Yo solo voy a discutir públicamente con los ataques que provienen de la derecha.
Porque solo discutiendo con ellos y sus intereses es que se aclara el panorama del pueblo.
A informarse bien y a luchar con todas nuestras fuerzas contra la desinformación.
Viva la libertad y el derecho de la gente a decidir.
El plebiscito es la contundente respuesta de los trabajadores a la ofensiva del capital
Antonio Elías
El PIT-CNT resolvió convocar a un plebiscito por amplia mayoría de su Mesa Representativa Nacional Ampliada y presentó su propuesta de reforma constitucional en la corte electoral para comenzar la recolección de las 280 mil firmas necesarias para que la ciudadanía pueda votar por aprobarlo o rechazarlo en las elecciones nacionales el 27 de octubre de 2024.
Con esta medida los trabajadores organizados se enfrentan en forma directa a la reforma jubilatoria de mayo de 2023 a través de dos cambios en los parámetros del sistema y un cambio estructural fundamental. En efecto, se reduce a 60 años la edad jubilatoria, evitando los perjuicios incalculables que genera sobre los trabajadores más vulnerables el aumento de la edad de retiro a 65 años y se elevan las jubilaciones y pensiones mínimas equiparándolas al salario mínimo nacional; se eliminan las AFAP y el lucro privado instaurados en la ley 16.713 de 1995, que tantos perjuicios ha generado a los trabajadores activos y pasivos.
El plebiscito impide que aumente la edad de retiro y eleva la prestación mínima
La ley 20.130, de Reforma de la Seguridad Social, modificó los parámetros de las pasividades en detrimento de los derechos de los trabajadores. Se destacan: el aumento de la edad de retiro de 60 a 65 años; la sustitución de la tasa de reemplazo de 45 por ciento con 30 años de trabajo y 60 de edad por una tasa de adquisición de derechos igual (45 por ciento), pero exigiendo 65 años de edad para retirarse.
En la misma lógica de reducir las responsabilidades y los costos del Estado se modificaron a la baja las pensiones por viudez y se redujo el ámbito de aplicación de las bonificaciones, considerando solo los puestos de trabajo y no los sectores de actividad.
Como la ley no incluye el aumento de los costos al capital, en aportes e impuestos, busca ajustar las cuentas recortando derechos de los futuros pasivos, que tendrán jubilaciones más que insuficientes y, además, la mitad de los cuales no tendrán como mantenerse entre los 60 y los 65 años. Así lo demuestra un informe realizado por Graciela Sanromán (Depto. de Economía, Fac. de Ciencias Sociales, Udelar), para la Comisión de Expertos en Seguridad Social, (https://cess.gub.uy/es/node/332). En dicho informe se sostiene que: “Los trabajos empíricos disponibles indican que por cada 100 trabajadores que postergan su retiro por cambios en el sistema de pensiones, menos de 50 continúan trabajando; el resto corresponde principalmente a trabajadores que pasan a estar en situación de desempleo, aunque también se observan situaciones de enfermedad, invalidez, o inactividad”.
Indica, a su vez, que “Aumentar las edades aumenta el empleo de los mayores, pero también el número de trabajadores en seguro de desempleo, enfermedad o invalidez”. Lo que implica “aumentos (importantes en magnitud) de la cantidad de prestaciones por seguro de desempleo, enfermedad e invalidez en ese tramo etario”. En buen romance la reforma la pagarán los trabajadores con la pérdida de calidad de vida.
Una persona que actualmente se podría jubilar con 30 años de trabajo y 60 de edad, a la que le correspondería recibir la jubilación mínima $17.315, dejará de cobrar esa jubilación durante 60 meses, lo que significaría una pérdida de $1.039.020. Si, además, es parte de aquellos que no consiguen empleo, perdería también el derecho al Fondo Nacional de Salud que financia la atención médica de los trabajadores activos y de los pasivos.
Ninguna jubilación ni pensión podrá ser menor al valor del Salario Mínimo Nacional actual medido en unidades indexadas y fijar ese valor como mínimo. Actualmente el salario mínimo es $ 21.127 y la jubilación mínima están en $ 17. 315. Esto favorecerá a una gran cantidad de pasivos que viven en condiciones de alta vulnerabilidad.
El plebiscito elimina las AFAP y el lucro privado
La propuesta de eliminación de las AFAP tiene fundamentos sólidos. Un reciente estudio evalúa el desempeño de 40 años de privatización de pensiones implementados por reformas estructurales en América Latina entre 1980 y 2020, cotejando las promesas hechas con los resultados en los diez países que mantienen dicho sistema. Se constató: «Aseguraron que las pensiones serían más que suficientes, pero las tasas de reemplazo en la mayoría de los sistemas privados son muy inferiores a esa promesa», y se sostuvo que «son inferiores a las de los sistemas públicos» y que «las administradoras tienen jugosas utilidades, lo cual reduce el monto capitalizado en las cuentas individuales; además, la mayoría de aquellas mantiene su ganancia durante crisis económicas. Por el contrario, los asegurados son perjudicados por dichas crisis porque reducen el saldo en sus cuentas individuales».1
En el caso uruguayo, el fondo de ahorro individual se determina por el monto acumulado de los aportes menos las comisiones de las AFAP, más la rentabilidad variable de las inversiones, que pueden ser bajas o incluso negativas. La renta vitalicia depende, a su vez, de la tasa de interés técnico, cuyo valor se modifica semestralmente (tendencialmente a la baja), generando una prestación indefinida e insuficiente. La cantidad de trabajadores que optaron, a través de la ley de cincuentones, por salir de las AFAP lo demuestra.
Las AFAP, en cambio, obtienen ganancias extraordinarias por gestionar los ahorros de los trabajadores y hacer inversiones que, eventualmente, multiplicarían el valor de los fondos acumulados. Un informe de la Organización Internacional del Trabajo es contundente en la caracterización del fracaso de los sistemas privados de ahorro obligatorio: «Entre 1981 y 2014, 30 países privatizaron total o parcialmente sus sistemas de pensiones públicas obligatorias; en 2018, 18 países habían revertido las privatizaciones». En el informe se describe y «analiza el fracaso de los sistemas de pensiones privadas obligatorias para mejorar la seguridad de ingresos en la vejez y su bajo desempeño en términos de cobertura y niveles de beneficios».2
El eje principal de la reforma de la seguridad social vigente, va en dirección totalmente contraria, implica una reducción de las responsabilidades del Estado, en primer lugar, porque amplía el pilar de capitalización, incorporando al sistema mixto a las cajas militar, policial, bancaria, notarial y de profesionales universitarios.
En segundo lugar, porque lo que aportan los trabajadores en el pilar de reparto tiene una prestación definida y está protegido por el Estado (artículo 67 de la Constitución). En cambio, los que aportan a las AFAP generan un fondo de ahorro que dependerá de múltiples factores -tales como el contexto económico mundial y la buena o mala calidad de las inversiones-, pero que, si tuvieran resultados negativos, no tienen el respaldo estatal.
En tercer lugar, porque todos los trabajadores deberán aportar el 5 por ciento de sus ingresos hasta $107.589 a las AFAP y solo el 10 por ciento al BPS para el régimen de solidaridad intergeneracional. Los que ganen entre $107.589 y $215.179 aportarán el 15 por ciento a las AFAP y nada al BPS.
Todo lo cual genera altos costos de transición, porque los trabajadores disminuyen sus contribuciones al sistema de reparto y aportan al sistema privado, mientras que la mayoría de las jubilaciones en curso de pago y las que se generarán hasta que empiecen a jubilarse por el nuevo sistema deben ser financiadas por el Estado.
Con este plebiscito se cumple plenamente con el XIV Congreso del PIT-CNT, en noviembre de 2021, que resolvió: «Reafirmar nuestro inclaudicable compromiso en la defensa irrestricta e integral de la seguridad social solidaria […] [y rechazar] la vigencia, la extensión y la profundización del régimen mixto, así como a toda intención de imposición de esquemas de capitalización individual privado y lucrativo».
Contra esta justa medida que favorece a los trabajadores se han sostenido múltiples augurios sobre las gravísimas consecuencias económicas que generarán los aumentos de costos en el sistema de seguridad social y los derivados de los juicios de todo tipo que deberán ser pagados por el Estado. Unos se oponen porque defienden los intereses del gran capital y otros porque especulan con el impacto que tendrá sobre sus campañas electorales Existen, por supuesto, dentro del propio movimiento sindical y sus aliados, críticas sobre aspectos del contenido del texto presentado que son entendibles y respetables, pero ahora lo fundamental es reunir las firmas, convocar al plebiscito y lograr la reforma constitucional. ¡Esa es la tarea!
1 OIT, «La reversión de la privatización de las pensiones: reconstruyendo los sistemas públicos de pensiones en los países de Europa Oriental y América Latina (2000-2018)», documento de trabajo nº 63, 2019.
2 Carmelo Mesa-Lago, «Desempeño de pensiones privatizadas en América Latina 1980-2020», El Trimestre Económico, n.º 355, julio-setiembre, 2022, México.
