8 septiembre 2023, https://estrategia.la/2023/09/08/narcopolitica-en-uruguay/
Luvis Hochimín Pareja

Ya no llama la atención que en algún país apresen a un narcotraficante uruguayo. Lo que pudo sorprender es que esta vez el delincuente manifestó reiteradamente en las redes sociales su ardiente devoción por el presidente Luis Lacalle Pou y es conocida su adhesión al Partido Nacional, donde también integró una lista y se ha floreado divulgando varias fotos con el ministro del Interior, Luis Alberto Heber, y con la precandidata oficialista Laura Raffo.
Esta vez se trata de la captura en Bolivia del narcotraficante uruguayo Julio Luis Deal Barrios Smith, presunto lavador de activos del dinero sucio de su colega y compatrtiota Sebastián Marset.

Esta captura -de la que escapó Marset- deja a la luz la trama mafiosa que involucra a notorios empresarios uruguayos en el negocio de venta ilegal de estupefacientes a nivel regional e incluso extrarregional. La droga, a gran escala y en tonelaje, llega por distintas vías (aviones, camiones, pero en especial la fluvial por la hidrovía del Paraná) y se exporta al mercado europeo por el puerto de Montevideo.
Deal Barrios es fervoroso anticomunista y por supuesto adversa al Frente Amplio, tanto como admira al ultraderechista argentino Javier Milei. Pero también es admirador del presidente uruguayo Luis Lacalle, al igual que Jorge Pérez Bentancor, también narcotraficante y cómplice de Marset, casualmente vecino del mandatario derechista en el exclusivo barrio privado La Tahona.
Hugo Acevedo pregunta en Caras y Caretas ¿por qué en las fotos con referentes blancos (del gobernante Partido Nacional- aparecen recurrentemente narcotraficantes de gran porte y pedófilos –el caso más notorio es del exsenador Gustavo Penadés– y abusadores? O son relaciones carnales inspiradas en una afinidad ideológica, o existen otros intereses ocultos, tal vez económicos.
Los uruguayos creían hasta hace poco que vivían lejos del submundo del narcotráfico, pero en los últimos 45 días se preguntan si no habría que cambiarle el nombre al país y ponerle Narcoguay, señala Angel Pedemonte. La punta del hilo es el pasaporte otorgado hace dos años por este gobierno uruguayo al narco Sebastián Marset, caso que involucra al ministro Luis Alberto Heber y al canciller Francisco Bustillo.

¿Realmente los narcos se sienten más cómodos con gobiernos blancos como el de Luis Lacalle Pou y eventualmente Javier Milei, o es solamente una coincidencia y una simpatía espontánea? Se trata de delincuentes con un alto poder económico, por lo que su identificación de clase social con el gobernante uruguayo y el economista argentino es muy notoria. Por supuesto, esta reflexión está en el mero terreno de las especulaciones y, por el momento, no tiene evidencia empírica, acota Acevedo.
Deal Barrios no sólo está vinculado a Marset sino que incluso habría ayudado en su fuga. 

Obviamente, tiene antecedentes por narcotráfico en Uruguay pero, al igual que Marset, como no tiene causa abierta, no está requerido por la justicia uruguaya. Parece increíble, pero es cierto. Su primera imputación penal data de 1998, por tráfico ilegal de estupefacientes. Nadie puede negar que no sabía quién era y a qué se dedicaba.
Los medios montevideanos recuerdan que durante el último gobierno del centroizquierdista Frente Amplio, ambos se mudaron –Marset a Paraguay y Deal Barrios a Bolivia–, seguramente porque no se sentían cómodos en Uruguay.

Con su manifiesto apoyo al Partido Nacional, Deal sondeó la posibilidad de invertir en nuestro país, seguramente para lavar dinero negro del narcotráfico. El control del lavado de activos, desde la aprobación de las normas contenidas en la inconstitucional Ley de Urgente Consideración puesta en marcha por el gobierno de Lacalle, está haciendo agua por todos lados.
A estos delincuentes que se mueven en las sombras, aunque a la luz sean miembros de la alta sociedad, les convienen los controles de movimiento de dinero laxos y la desregulación, cualidades que caracterizan a gobiernos -como el actual en Uruguay- muy complacientes para los cuales el Estado debe ser prescindente y el mercado mueve la economía, aunque los potenciales inversores sean mafiosos de gran porte.
Pese a que reside en Bolivia, desde donde maneja sus actividades ilícitas, es un personaje muy activo en las redes sociales, donde elogió al “libertario” Javier Milei y al presidente Luis Lacalle e instó a los ecuatorianos a votar contra la candidata progresista Luisa González, para él “comunista”.

La justicia boliviana lo condenó bajo los cargos de “organización criminal, asociación para delinquir, atentado contra los miembros de organismos de seguridad del Estado, falsedad ideológica y uso de documento falsificado”.
Este episodio se suma a la captura de Jorge Pérez Bentancor, por su implicancia en la comercialización de 256 kilos de cocaína. También este hombre, que se solía mover en los círculos exclusivos de la sociedad uruguaya y entre millonarios de extracción nacionalista, está vinculado a Sebastián Marset. Es decir, los tres son parte de una misma organización mafiosa.

Relaciones carnales

Lo cierto es que, como sucede en otros países de la región, están saltando a luz las relaciones carnales entre el narcotráfico y la política uruguaya, en este caso concreto con el Partido Nacional. Hay que recordar que el gobierno le otorgó un pasaporte legal al capo mafioso Sebastián Marset hace dos años, lo que le permitió escapar de una cárcel emiratí, donde fue recluido luego de intentar ingresar con un documento paraguayo falso a Emiratos Árabes Unidos.
Encontraron a Marset en Bolivia, pero se escapó de la policía. Sindicado por el asesinato del fiscal paraguayo Marcelo Pecci en Colombia, huyó con su familia y se desconoce su paradero. Sus guardaespaldas secuestraron policías y se siguen destapando más hechos que dan cuenta de una trama de narcotráfico, persecución y corrupción a nivel internacional

Uruguay ya no es solo un país de tránsito de drogas, sino que productor de drogas sintéticas, mientras se verifica el aumento en el consumo de cocaína y las metanfetaminasa nivel local, y se advierte de la presencia de un cartel liderado por naroctraficantes uruguayos que operan en la región y garantiza la exportación .
Un informe de la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (Senaclaft) de Uruguay advierte que se fortaleció el accionar de organizaciones criminales a nivel regional, entre las que se destacan los grupos de origen brasileño y argentino, principalmente de la zona de Rosario, la segunda ciudad argentina, que utilizan la hidrovía Paraguay-Paraná para canalizar los envíos de cocaína desde América del Sur a Europa, vía el puerto de Montevideo.
Diez toneladas de cocaína incautadas en un puerto de Alemania. Record y portada de noticias en varios medios internacionales. La droga provenía de Paraguay y se sospecha que el cargamento haya pasado por Uruguay, una vez más. Las miradas recaen otra vez sobre las autoridades del Uruguay.

*Periodista uruguayo, analista asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la)

9 septiembre 2023, La Diaria
Lucas Silva

El exfiscal de Corte considera que la Policía no está capacitada para combatir el lavado de activos porque “se desarmaron equipos” y advierte que hay un “atraso normativo de 20 años” en materia de ciberdelitos.

“Hace dos años dejaba la función pública después de tres décadas de trabajar en exclusividad en el Estado. Hasta ahora he mantenido un prudente y prolongado silencio sobre el funcionamiento actual del sistema de Justicia penal y cuestiones políticas puras y duras”, escribió este martes 5 el abogado y exfiscal de Corte Jorge Díaz en sus redes sociales. El mensaje terminaba augurando que ahora “empieza otra etapa”.

Entrevistado por la diaria, Díaz dijo que a partir de ahora se propone opinar “con mayor libertad” de muchos temas vinculados a la seguridad y la Justicia, y afirmó que “hay que trabajar” para que haya un cambio de gobierno. El exfiscal lamentó que el sistema político no haya alcanzado acuerdos para designar un nuevo fiscal general, un cargo “demasiado importante como para tener dos años de interinato en un sistema acusatorio”.

¿Cuáles advierte que serán los principales ejes de la discusión pública sobre seguridad de los próximos años?

Una cosa es lo que pueda proyectar y otra cosa es lo que uno esperaría. Si hacemos una prognosis por lo que viene pasando, diría que vamos a seguir discutiendo los mismos ejes y eludiendo los principales temas. Seguimos muy concentrados en los aspectos policiales de la seguridad, con una tinta muy cargada en lo cotidiano. El debate sobre seguridad se ha transformado en un botín político, con bloques que se disputan votos. Si fuera por lo que uno esperaría, preferiría discutir cómo implementamos políticas públicas en materia de prevención, represión, investigación y persecución criminal.

En materia de política criminal, deberíamos definir con claridad qué queremos perseguir y a qué le damos prioridad, porque recursos para perseguir todo no Tenemos ni vamos a tener. Mi sensación es que tenemos un Estado que prioriza los delitos contra la propiedad en flagrancia y no tanto otros delitos. El proceso del sistema penal es altamente selectivo: el 50% de las imputaciones son delitos en flagrancia. Agarramos al más ineficaz en la comisión del delito, al que podemos agarrar más rápido, y por eso tenemos nuestras cárceles llenas de pobres, jóvenes, adictos y analfabetos. En contraposición, casi no tenemos condenas por lavado de activos o corrupción pública. ¿Eso significa que en Uruguay no hay corrupción y lavado? No, significa que no tenemos casos de corrupción y lavado. En política criminal es fundamental definir qué bienes protejo, cómo los protejo, qué priorizo y qué persigo. Esa discusión implica definiciones políticas e ideológicas, que la izquierda nunca adoptó. Quizás en el plano discursivo, pero no en el plano real de la acción. Y después implicaría mucho trabajo cultural en los organismos que se encargan de la persecución criminal, básicamente porque deberían cambiar lo que vienen haciendo desde hace muchos años. O sea que habría que mover la aguja y dejarla fija, porque si la soltás vuelve al imán. En ese sentido veo un retroceso en estos años.

En este gobierno hubo cambios respecto de la cúpula policial, con el retorno de una “vieja guardia” de la Policía. ¿Se refiere a ese proceso?

Eso forma parte de una interna policial durísima, que tiene muchos años. Un policía retirado, de mucho rango, siempre decía: “Los políticos piensan que nos usan a nosotros para pelearse entre ellos y no se dan cuenta de que nosotros los usamos a ellos para pelearnos entre nosotros”. Hay algo de “los míos y los tuyos” que, francamente, le hace mucho daño a la Policía. Conozco gente altamente capacitada, eficaz, trabajadora, confiable y honesta en ambos sectores de la Policía; y también conozco a los otros. Es evidente que retornaron jerarquías policiales que no estaban al frente de la Policía desde hacía 20 años. Y el cambio se notó: cuando arrancó esta administración, un jefe de Policía del interior le preguntó a una fiscal por qué no podía llamar directamente al juez. Claro, antes llamaba directamente al juez y ahora no entendía por qué el juez no lo atendía. Le tuvimos que explicar que tenía que llamar al fiscal, porque ese cambio ya llevaba tres años. Es una anécdota, pero refleja el desfasaje que se dio. Un problema vinculado a esto fue que se mandó al ostracismo a mucha gente, sólo por haber trabajado en la anterior administración. Espero que si hay un cambio de gobierno, no se vuelva a repetir.

El FA criticó en estos años cómo se desarticularon equipos en el Ministerio del Interior. Si vuelve al gobierno ¿debería apostar por la continuidad o debería llamar a quienes fueron desplazados?

Eso lo tendrá que resolver quien sea presidente de la República con su ministro del Interior. Si me preguntás una opinión, debería superar esa brecha y tratar de integrar lo mejor de cada parte. No creo que mandar al ostracismo a la gente sea nunca una solución. Habrá gente que se retirará, habrá gente valiosa que seguirá. Pienso que este gobierno alguna cosa ya hizo. El actual director de Policía [José Azambuya] es un funcionario de carrera y un excelente policía, en el territorio y en la investigación; lo mismo podría decir de Jhonny Diego [actual subdirector], otro excelente funcionario. A algunos de ellos los conozco desde antes de 2005, cuando era juez en Ciudad de la Costa. Es gente que tiene una carrera muy buena y siempre va a querer trabajar bien, más allá de quién gobierne. Es la gente que hay que rescatar. No hablo específicamente de mantenerlos en esos cargos, eso es algo que deberán resolver las nuevas autoridades, pero me parece que el concepto debería ser ese. Si un policía es el mejor investigador de lavado, no lo mandes de subjefe de zona sólo porque está identificado con los que estaban antes. Esos errores los deberíamos erradicar. 

¿Hoy la Policía está capacitada para enfrentar el lavado de activos?

No, a pesar de que se gastó mucho dinero. No está capacitada porque se desarmaron equipos. La curva de aprendizaje en estos temas lleva muchos años, y cuando desarmás equipos de investigación se pierde toda esa acumulación. Pasó algo parecido con la Senaclaft [Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo]. Como es una institución que se integra con pases en comisión, cuando cambia el gobierno el que viene arranca de cero y perdés toda la experiencia y la masa crítica acumuladas. Tenemos un gran problema de continuidad de políticas de Estado. El combate al lavado requiere una actualización permanente. Si pensamos que creando una Fiscalía especializada vamos a resolver el tema, estamos equivocados. No vas a resolver nada y termina siendo algo pour la gallerie, porque es caro investigar lavado. Es imposible investigar lavado o trata de personas con chauchas y palitos. Se resuelve con trabajo de inteligencia, que es otro de los puntos débiles del Estado uruguayo.

¿La figura de coordinador de los Servicios de Inteligencia del Estado no resolvió ese tema?

Todo el episodio de la filtración del documento de la Secretaría de Inteligencia demostró que no. Es más, quedó la sensación de que había más descoordinación que una coordinación. Por otra parte, ha sido muy difícil que las fuerzas de seguridad acepten ese concepto de una inteligencia común del Estado. Es algo histórico. El Frente Amplio [FA] estuvo 15 años en el gobierno y tampoco resolvió el tema.

¿Ese recelo es un problema particular de las Fuerzas Armadas?

No, es un problema de todas las fuerzas de seguridad. A las dependencias de la Policía también les cuesta mucho compartir información. Hay una desconfianza natural.

¿La compartimentación no es algo intrínseco de la tarea?

Sí, pero tiene que haber algún señor o alguna señora que sepa todo. Y no creo que la figura del coordinador haya logrado revertir ese problema. Si la Inteligencia del Estado funcionara, nunca podría haber pasado lo que pasó con [Sebastián] Marset.

Me comprenden las generales de la ley porque como abogado defiendo a una de las personas imputadas [la exsubsecretaria Carolina Ache], pero hay datos de la realidad que rompen los ojos. ¿Cómo puede ser que la comunicación entre dos agencias del Estado sea por Whatsapp? Cualquiera que haya trabajado en coordinación con organismos de Inteligencia en Uruguay o en el extranjero sabe que las comunicaciones a ese nivel son reservadas, cifradas y documentadas; no se hacen por Whatsapp o por teléfono. Preguntale al Mossad o a la CIA si ellos se comunican por Whatsapp. En la cancillera hay una figura de enlace de Inteligencia, que era el embajador [Fernando] López Fabregat. Sin embargo, este enlace nunca se enteró de que había una coordinación entre los dos ministerios.

¿Para qué está la Secretaría de Inteligencia y para qué tiene un enlace en cancillería? ¿No hubiera sido lógico que el contacto se hubiera hecho por esa vía? La respuesta es “no sé nada, estoy para la macro”. ¿Cuál es la macro? ¿Cuáles son las líneas estratégicas?

El documento que se filtró era un compendio de generalidades, lo podría hacer cualquier funcionario con una consulta de fuentes de información abiertas. Estamos mal en esta materia, no tenemos una Inteligencia del Estado realmente integrada.

Antes de la Fiscalía de Corte, trabajó muchos años en Crimen Organizado. ¿Coincide con la idea de que Marset llegó a niveles que ningún narcotraficante uruguayo había alcanzado antes?

Hace unos días en una actividad [de la fundación Siembra] le hicieron esa misma pregunta a Gabriel Tenenbaum y respondió que no sabía. Me pareció una respuesta honesta y clara. Hoy no tenemos información disponible como para decir a qué nivel llegó. Puede que sí, que haya llegado tan alto como dicen algunas publicaciones periodísticas. Y también puede ser que no, que haya una inflación de su operativa. Capos mafiosos y narcotraficantes con una alta exposición mediática hay muchos, el principal fue Pablo Emilio Escobar Gaviria, que se preocupaba especialmente por su imagen. De hecho, cuando lo mataron se excedió con el tiempo en una entrevista con una periodista y la Policía colombiana lo pudo ubicar. Delincuentes con alta exposición mediática siempre hubo. ¿Eso significa que Marset es todo lo que parece? No lo sabemos, falta información. Hace unos años, cuando todavía estaba en la Fiscalía, Marset era un traficante importante. La Brigada Antidrogas siempre lo tuvo identificado como un uruguayo radicado en Bolivia, desde donde coordinaba y manejaba a diferentes grupos. En aquel momento no tenía el grado de significación que tiene hoy.

Logró tramitar un pasaporte estando preso en Dubái y hace más de un mes lo buscan la DEA, Interpol, Europol y la Policía boliviana. Para eso se precisan muchos recursos.

Es cierto, para ambas cosas se necesitan muchos recursos y mucho dinero. Pero el tráfico de drogas hacia Europa genera mucho dinero en todos sus niveles. No precisás ser capo di tutti capi para llegar a tener pasaportes falsos o un equipo de custodia. Eso no sale caro. En América Latina, si algo tenemos de sobra es mano de obra desocupada para tareas de seguridad de todo tipo. Ojo, también puede ser que sea ese capo del que se habla. Lo que digo es que todavía no lo sabemos.

El lugar de Uruguay en el esquema del narcotráfico regional sí parece haber cambiado en los últimos años.

Está siendo más protagónico, queda la impresión de que se reabrió o se ensanchó la ruta uruguaya. A principios del 2000 tuvimos incautaciones permanentes y sistemáticas, con muchos procedimientos vinculados al puerto de Montevideo. Al punto de que allá por 2012 pensábamos que esa ruta uruguaya estaba cerrada, teníamos la sensación de que eso se había calmado. Pero quizás no lo estaba. A su vez, siempre se supo que uruguayos ocupaban lugares importantes en el narcotráfico internacional, en particular, en el transporte de cocaína. Recuerdo, por ejemplo, información rescatada en un procedimiento que se hizo acá y que sirvió para detener una embarcación en isla Martinica, que iba de Venezuela a España con cuatro toneladas de cocaína. El cerebro de esa operación era un uruguayo, que estuvo preso acá y en Brasil. Siempre hubo uruguayos pesados en el tránsito, pero hasta donde sabíamos no eran los propietarios de los cargamentos.

Otro cambio es que aumentó la producción mundial de cocaína.

Aumentó la producción y aumentó particularmente el tráfico hacia Europa y Australia. Cualquier empresario, y los traficantes son empresarios del delito, buscan colocar su mercancía en el lugar donde vale más. La cocaína cuesta más en Europa que en América, más en el este europeo que en España, y cuesta más todavía en Australia. Un dato de la realidad: si uno mira los decomisos que hubo estos años en Europa, se da cuenta de que el puerto de Montevideo volvió a jugar un rol clave, o sea que la ruta uruguaya está más vigorosa que antes. Ese cambio es indudable. Entonces es posible que Marset esté en un nivel superior y que haya escalado. Lo que llama la atención es la velocidad de ese ascenso. No es habitual que una organización o presunto cártel se consolide tan rápido. El mercado delictivo de la región está fuertemente customizado y muy dominado por el Primer Comando Capital [PCC], que maneja el puerto de Santos y todo lo que pasa en Brasil, con fuerte inserción en Paraguay.

¿Piensa que tuvo algún tipo de ayuda en ese ascenso?

Es imposible que Marset lo haya logrado solo. No tengo información sobre cómo lo hizo o con quién, pero nadie podría hacer algo así solo.

No siempre se asocian estos fenómenos con la corrupción, ya sea policial o de otros funcionarios públicos. ¿Podría ser algo de ese tipo?

No asociarlo también sería ingenuo. Es imposible que haya narcotráfico sin corrupción. Es imposible tener una vía abierta en un puerto sin corrupción. El gran problema es que la corrupción siempre va escalando. Ha pasado en otras partes del mundo y se llaman “narcoestados”. El potencial de corrupción que tiene el dinero asociado al narcotráfico es altísimo. Y después la propia corrupción genera divisas y esas divisas hay que lavarlas. Tampoco hablamos de cosas nuevas para Uruguay, basta con fijarse en lo que pasó con las ramificaciones del Lava Jato y la Banca Privada de Andorra.

Frente a estos casos siempre se dice que la corrupción en Uruguay es leve, en comparación con otros países. ¿Qué piensa?

Los uruguayos tenemos una mirada autocomplaciente en materia de financiación de la política, con la corrupción y con el narcotráfico. Y cualquiera que se salga de esa mirada autocomplaciente pasa a ser un enemigo alarmista. Siempre te van a decir que esas cosas acá no pasan, que somos una aldea. En 2009 decíamos que en Uruguay no había sicariato porque no se habían juntado la oferta y la demanda. La barrera cultural se cayó, se juntaron oferta y demanda y hoy tenemos al sicariato instalado. Pensamos que somos diferentes y tenemos una visión europeizante, como que estamos de prestado en el barrio. Miramos de espaldas lo que pasa en América Latina, cuando muchos de esos países tienen mejores tasas de homicidios que las que tenemos en algunos barrios de Montevideo. Nos dormimos en los laureles por creer el cuento de que somos diferentes. Los problemas nos explotan en la cara mientras nosotros nos pasamos gritando “Fuera, Bonomi” o “Fuera, Heber”.

Otro ejemplo es el grave problema que tenemos con las cárceles, que hoy son más parte del problema que de la solución. Cuanto más presos tengamos, más problemas vamos a tener. Hoy en las cárceles uruguayas se aprende a delinquir mejor y a evitar que en la próxima te agarren. [Luis Alberto] Betito Suárez ingresó por primera vez a la cárcel por rapiña, a principios del siglo pasado, y salió siendo narcotraficante. El PCC nació en las cárceles y hoy es la organización más pesada de la región.

Estamos muy mal si no entendemos esto. Y este sayo le cabe a toda la clase política. La izquierda con ese tema siempre ha mirado para el costado, se ha hecho la disimulada, pero lo que hizo en 15 años no fue suficiente.

¿La situación en las cárceles uruguayas no está a “punto caramelo” para el PCC?

Está a punto caramelo y también han existido sendas advertencias al respecto. A Paraguay entraron con todo. Hace unos años hubo un enfrentamiento entre el PCC y narcos paraguayos, y en una noche decapitaron a siete personas y terminaron jugando al fútbol con las cabezas. Eso es el PCC. Y es un problema que tenemos ahí al lado. Ojo, algunas cosas que están pasando hoy en algunos barrios de Montevideo tampoco están tan alejadas de esas realidades. Todas esas cosas horribles que pasan cada vez más frecuentemente en algunas zonas de Montevideo no tienen el impacto mediático que deberían. Percibo que hay un efecto de naturalización de cierta violencia.

¿A qué lo atribuye? ¿Será que los formadores de opinión no vivimos cerca de esas realidades?

No queremos asumir que Uruguay está partido desde hace muchos años. Al sur de Avenida Italia tenemos tasas de homicidios con niveles europeos, al norte hay tasas con niveles latinoamericanos, y en algunos barrios del oeste hay tasas centroamericanas. Es sólo mirar datos objetivos, con una georreferenciación básica. Somos un país chico, pero en Uruguay tenemos varios Uruguay.

Cuando se habla del avance del narcotráfico en Rosario, se menciona mucho el tema de la connivencia con la Policía. ¿Qué pasa acá?

No estoy tan informado como hace dos años, pero con el ministro [Jorge] Larrañaga, y antes con [Eduardo] Bonomi, llegamos a encontrar que en los celulares de algunos narcotraficantes había información del Sistema de Gestión de Seguridad Pública, que solamente se las podía haber dado un policía. Eso pasó. También tuvimos aquel caso en el que cayeron todos los investigadores de Zona IV, que tuvimos que hacer un procedimiento desde el interior para poder agarrarlos. Siempre hay un nivel de entrelazamiento, que exige estar muy atentos. El dinero del narcotráfico es potencialmente corruptor en todos los niveles.

¿El narcotráfico podría estar financiando la política uruguaya?

Recién hablaba de la autocomplacencia uruguaya y creo que lo más autocomplaciente que tenemos es el sistema político. Es increíble que el sistema político todavía no haya sido capaz de ponerse de acuerdo y aprobar una ley de financiamiento de partidos. Tenemos un problema enorme con eso. El financiamiento de la política es uno de los temas de corrupción más importantes en el mundo. [Donald] Trump podría terminar preso por utilizar plata de la campaña para pagar abogados. El financiamiento de la política es algo que se revisa en todos lados, está bajo escrutinio en todo el mundo. Acá no pasa nada. Y tenemos la percepción de que somos todos buenos porque nos conocemos todos. ¿Cómo sabemos que el narcotráfico no entró a la política? No lo sabemos. Obviamente que la prueba contraria del hecho delegativo “no entró” sería el hecho positivo “entró en tal cosa”. Pero lo concreto es que no hay normas para la prevención, no hay prevención y no hay cultura de prevención. Llega la campaña y nos olvidamos del tema.

Hace poco habló de la “pandemia” de los delitos informáticos. ¿Cuál es la preocupación?

Es un tema del que se habla poco, quizás porque no hay violencia. Pero la verdad es que Uruguay está en el horno en materia de seguridad informática, la desventaja que tenemos es enorme. La Convención de Budapest obliga a los Estados a crear leyes para combatir los delitos informáticos, pero Uruguay no la ratificó. La convención es de 2001 y estamos en 2023, o sea que tenemos más de 20 años de atraso normativo.

Cuando asumió este gobierno, nos enteramos de que había sido hackeada la base de datos de la Dirección Nacional de Identificación Civil. Ahí están las cédulas, las partidas de nacimiento y los pasaportes de todos los ciudadanos uruguayos; huellas digitales, direcciones, fotos. Nunca se supo cuál fue la magnitud del daño ni cuánta información se robaron. La noticia prácticamente pasó desapercibida. Después el data center de una empresa estatal también fue hackeado y tampoco sabemos qué pasó. Ahora nos enteramos de que pasó con un estudio jurídico. Pasa todo el tiempo y no queda claro qué hace el Estado. En la ley de urgente consideración aprobamos un delito de falta de respeto a la autoridad, pero no tenemos normas actualizadas para combatir los delitos informáticos. La investigación y la persecución en estos temas es un desastre, y son temas de gran impacto para las víctimas. Hay un catálogo de maniobras de este tipo, pasa todo el tiempo, y no es un tema que esté instalado en la agenda pública.

¿Cómo ha visto el trabajo de la fiscal Sabrina Flores al frente del caso Astesiano?

No conozco la investigación porque, afortunadamente, ha trabajado en la más absoluta reserva, como corresponde. Ha trascendido muy poco sobre sus opiniones, así que desconozco detalles de su trabajo. La conocí como fiscal, es una persona muy seria y responsable.

Como abogado asumió la defensa de Fabián Pepín Rodríguez y Carolina Ache. Algunos dirigentes de izquierda lo han criticado por eso. ¿Qué responde?

Soy abogado y vivo de mi profesión, de lo que me pagan mis clientes. Pero no milito con mi profesión. Si voy a militar, lo hago en el Colegio de Abogados o podría hacerlo en el futuro, o no, en un partido político. Pero el trabajo como abogado no es una forma de militancia. Ahí hay una confusión conceptual. En esos dos casos, además, estoy convencido de que los clientes tienen razón y por eso los defiendo. Estoy convencido de que Carolina Ache no tiene absolutamente nada que ver con el tema del pasaporte a Marset, y estoy convencido de que la causa por la cual se pide la extradición de Pepín Rodríguez es un asunto esencialmente político. No hablo de otras causas porque no las conozco, hablo de la que vi. Eso es persecución política, y lo digo independientemente de las simpatías o antipatías que pueda tener cada uno. Soy abogado, trabajo en un estudio al que considero excelente, en el que tratamos de dar un buen servicio. Y vivimos de eso. A veces hay una confusión y la gente piensa que uno debería militar desde su profesión. Los buenos periodistas pueden tener determinadas ideas o trabajar para medios con una línea editorial determinada, pero cuando encuentran una noticia importante que involucra a gente de esa misma cosmovisión política, la van a publicar igual, porque saben distinguir cuando algo es importante. Y si no lo hicieran, estarían traicionado su laburo y hasta su propia naturaleza.

Esta semana escribió en X (ex Twitter) que hace dos años dejó la Fiscalía y que ahora “empieza otra etapa”. ¿A qué se refería?

Estuve 30 años en un lugar en el que no podía hacer ningún tipo de manifestación política y lo cumplí; actué siempre conforme a criterios estrictamente jurídicos. Cuando me fui ya quedé libre para hablar de lo que quisiera, pero decidí no ingresar en temas políticos puros y duros por un tiempo. Pensé, quizás ilusamente, que de esa manera podría ayudar a que el sistema político se pusiera de acuerdo y designara a un sucesor en la Fiscalía General. Lamentablemente, mi silencio no fue suficiente, porque el sistema político no se ha puesto de acuerdo y nada indica que vaya a hacerlo. Aunque debería hacerlo hoy mismo, porque el cargo de fiscal general es demasiado importante como para tener dos años de interinato en un sistema acusatorio. Que sea Juan Gómez u otra persona, pero que haya un titular. Lo que sentí ahora es que ya estoy liberado de la carga y puedo opinar libremente de lo que quiera.

Y es lo que pienso hacer a partir de todo, opinar sobre todos aquellos temas en los siento que puedo hacer un aporte, en particular, en los que me formé, como justicia, seguridad, derechos humanos, inteligencia.

¿La decisión implica trabajar políticamente en la próxima campaña?

Cuando uno empieza a opinar sobre esos temas, también empieza a definirse políticamente. Es público y notorio que soy una persona de izquierda, lo sabían quienes me designaron juez en 1993 y quienes me designaron como fiscal de Corte. Sabían que como estudiante había tenido una actuación pública en política. Más allá de que queda poco de aquel estudiante de 20 años, sigo siendo una persona de izquierda. Y, obviamente, entiendo que en la próxima campaña hay que trabajar para que haya un cambio de gobierno en el país.