La controvertida neutralidad en la Red llama de nuevo a la puerta en Estados Unidos. La Comisión Federal de Comunicaciones (FCC, por sus siglas en inglés) ha aprobado este jueves una propuesta para restablecer lo que denomina la protección de una internet abierta a los consumidores y las empresas. La neutralidad en la Red impide a los operadores de Banda Ancha fija y móvil bloquear contenidos o discriminar en la velocidad de acceso a los mismos. La FCC también propone regular el acceso a internet como un servicio esencial de telecomunicaciones sujeto a supervisión y regulación más estricta en una normativa que rechazan las operadoras.

La FCC blindó el principio de neutralidad en la Red en 2015, durante la presidencia de Barack Obama. Con la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca y el dominio republicano del consejo de la FCC, el regulador decidió eliminarla en 2017. Los peores presagios que se formularon entonces sobre una internet discriminatoria para ricos y para pobres, o incluso sobre el fin de internet tal y como se conocía, nunca se cumplieron. Ya hubo entonces expertos que señalaron con esos augurios catastrofistas eran algo exagerados.

En realidad, para los usuarios ya hay diferentes tarifas de acceso en función de velocidad de descarga, límite de datos y otros factores. Lo que plantea el concepto de la neutralidad en la Red es si los proveedores de Banda anda pueden discriminar los contenidos de plataformas como Netflix o Youtube o exigirles el pago a cambio de un acceso de calidad a sus contenidos, que consumen gran parte de la capacidad de la red. Es una batalla tradicional de las operadoras, que se quejan de tener que acometer las inversiones en red de las que se aprovechan esos servicios de transmisión libre (conocidos como OTT, over the top). En la práctica, para el usuario de a pie, no se ha apreciado cambio alguno desde que se cambió la regulación hace seis años. Las operadoras no podían arriesgarse a discriminar a esos contenidos sin vulnerar las leyes de competencia.

La propuesta de restaurar el principio de neutralidad en la Red se ha aprobado en el consejo de la FCC por tres votos a dos, con apoyo demócrata y oposición republicana. La presidenta de la FCC, Jessica Rosenworcel, nombrada por el presidente Joe Biden, defendió hace unas semanas en un discurso en Washington que la pandemia dejó muy claro que la banda Ancha no es un lujo, sino una necesidad y que, en su opinión, necesita una regulación y supervisión más estricta. “Es una infraestructura esencial para la vida moderna. Sin ella, nadie tiene posibilidades de triunfar en el siglo XXI. Necesitamos que la banda ancha llegue al 100% de nosotros, y la necesitamos rápida, abierta y justa”, dijo.

“El acceso a Internet es ahora el acceso a todo”, siguió. “Y el sentido común nos dice que el principal organismo de control de las comunicaciones del país debe tener la fuerza necesaria para proteger a los consumidores y garantizar que su acceso a Internet sea rápido, abierto y justo. (…) La pandemia de la covid nos ha enseñado, con dolorosa claridad, lo importante que es el acceso a la banda ancha en la vida moderna”, argumentó.

En cambio, los republicanos critican la propuesta como “una solución en busca de un problema”. El secretario general de la FCC, Brendan Barr, nombrado por los republicanos, ha sido muy crítico con la propuesta, que define como “el plan del presidente Biden para aumentar el control gubernamental de internet”. “Cuando mis colegas de la FCC y yo votamos en 2017 para revocar el fallido experimento de dos años de la Administración Obama, activistas y políticos por igual garantizaron al público estadounidense que internet se rompería literalmente. Predijeron que los precios de la banda ancha se dispararían, que te cobrarían por cada sitio web que quisieras visitar y que la propia Internet se ralentizaría. ¿Se cumplió alguna de esas predicciones? Por supuesto que no”, ha señalado a través de un comunicado.

Barr argumenta que desde la decisión de la FCC de 2017, las velocidades de banda ancha en Estados Unidos han aumentado, los precios han bajado, la competencia se ha intensificado, las nuevas inversiones en banda ancha han batido récords y se ha cerrado la brecha digital. “Internet no está roto y la FCC no necesita [la nueva regulación] para arreglarlo”, concluye.

La propuesta de 129 páginas sometida a consulta pública pretende, según la FCC, restablecer unas normas de internet abiertas, claras y de ámbito nacional que impidan bloquear contenidos legales a los proveedores de servicios de internet, estrangular velocidades y crear carriles rápidos que favorezcan a quienes puedan pagar por el acceso. Pero no solo consagra el principio de neutralidad en la Red, sino que somete a la regulación y supervisión de la FCC la actuación de las operadoras en el mercado de banda ancha. Solicita comentarios sobre la clasificación del servicio de internet de banda ancha fijo y móvil como servicio esencial de “telecomunicaciones” en virtud del Título II de la Ley de Comunicaciones.

La FCC sostiene que sin la autoridad del Título II, ninguna agencia federal puede supervisar o ayudar eficazmente con los cortes de banda ancha que amenazan el empleo, la educación, la salud y la seguridad. “Mientras que la FCC puede ocuparse de los cortes del servicio telefónico tras desastres naturales y trabajar para garantizar la resistencia de esas redes antes de que se produzcan, carece de autoridad sobre las redes de banda ancha, lo que puede dejar a comunidades de todo el país sin recursos cuando falle el servicio de internet que necesitan para estos fines críticos”, argumenta.

Para tratar de evitar las acusaciones de intervencionismo excesivo, la FCC propone abstenerse de aplicar 26 disposiciones del Título II y más de 700 normas de la Comisión, lo que, entre otras cosas, prohibiría a la FCC aplicar políticas como la regulación de tarifas y la desagregación de redes.

Las empresas no se fían. “En la actualidad, el libre mercado determina el precio que los operadores de acceso a internet cobran por el servicio. Pero según las normas propuestas, la FCC tendría poder para determinar si las tarifas son ‘justas y razonables’ y exigir a las empresas que modifiquen los precios. No puede haber una descripción más clara de la regulación de tarifas”, ha señalado en un comunicado Michael Powell, presidente de NCTA, una asociación que agrupa a grandes operadoras como Comcast y Charter.

Powell califica la propuesta como “el marco de mando y control más radical jamás impuesto a las redes de banda ancha” y asegura que supone un cambio monumental en la forma en que se regulará internet y afectará drásticamente a su funcionamiento en el futuro. “Hoy, una empresa puede entrar libremente en el mercado para ofrecer un servicio competitivo. Pero a partir de ahora necesitará el permiso de la FCC para entrar y ampliar su territorio de servicio e incluso necesitará permiso para salir del mercado. Esto convierte a la FCC en el árbitro de la expansión de la banda ancha, la innovación y la competencia en el mercado”, argumenta.

La NCTA sostiene que el Congreso es la única autoridad que puede otorgar a la FCC el poder de introducir cambios tan importantes en la regulación de internet. Es más que previsible que las compañías acaben recurriendo la nueva norma ante el Tribunal Supremo que, con su mayoría conservadora, ya se ha mostrado partidario de recortar el poder regulador de las agencias gubernamentales.

Puedes seguir a EL PAÍS Tecnología en Facebook y X o apuntarte aquí para recibir nuestra newsletter semanal.