Desde la antaño impenetrable selva del Darién hasta la frontera entre Estados Unidos y México, pasando por ciudades del interior de Estados Unidos como Nueva York y Chicago -todas ellas bajo presión por el creciente número de migrantes-, el desplazamiento de personas en las Américas parece estar a punto de descontrolarse.

Para evitar el caos, y como parte de un enfoque múltiple para gestionar y ordenar la migración, es hora de actuar con decisión para estabilizar las Comunidades de acogida de migrantes en todo el continente americano, de las que hay muchas más en Estados Unidos de las que se suele pensar.

En la actualidad, casi el 20% de la población desplazada del mundo procede de América Latina y el Caribe, una región que sólo representa el 8% de la población mundial. Un aspecto fundamental es que la gran mayoría de los desplazados no llegan a Estados Unidos, en gran medida debido al notable, aunque infravalorado, éxito de América Latina y el Caribe en la gestión de unos niveles históricos de desplazamiento.

Tomemos el grupo más numeroso del continente americano: los más de 7,7 millones de venezolanos que se han visto obligados a huir desde 2015. Más del 84% vive actualmente en otros puntos de la región, incluidos casi tres millones en la vecina Colombia, un país de 50 millones de habitantes. Estados Unidos, en comparación, solo acoge al 6% de la diáspora venezolana. Lo mismo ocurre con otras importantes poblaciones de emigrantes. Costa Rica, un país de cinco millones de habitantes que acoge a más de 300.000 nicaragüenses, así como México, figuran entre los líderes mundiales en recepción de solicitudes de asilo.

Una de las claves del éxito de la región ha sido el esfuerzo por integrar rápidamente a las poblaciones migrantes. La prestación de servicios sociales básicos y, en los casos de mayor éxito, la posibilidad formal de trabajar han acortado considerablemente el tiempo que tardan las nuevas poblaciones en pasar de ser cargas fiscales a ser contribuyentes fiscales. Los esfuerzos de integración liderados por los municipios en lugares como Bogotá y Barranquilla (Colombia) han permitido a ambas ciudades gestionar un crecimiento demográfico del 10% impulsado por los inmigrantes y que ofrece valiosas lecciones para otras ciudades de las Américas.

La protección temporal por 10 años que ofrece Colombia a los venezolanos es el mejor ejemplo de legislación facilitadora a nivel nacional, pero no es el único. El ejemplo más reciente es Panamá, un país tradicionalmente reacio a acoger a inmigrantes irregulares, pero que ha empezado a aplicar su propio régimen de protección temporal.

Pero la capacidad de absorción de la región está llegando a un punto de inflexión tras los estragos económicos de la pandemia de coronavirus; las perturbaciones de los mercados energético y alimentario provocadas por la invasión rusa de Ucrania; la fuga de capitales y el aumento de la carga financiera de la deuda a medida que suben los tipos de interés estadounidenses; entre otros contratiempos geopolíticos. Las tensas condiciones fiscales están dificultando la reactivación de las economías y el apoyo a las comunidades que acogen a importantes poblaciones migrantes.

Se necesita un audaz plan de estabilización de las comunidades de acogida para abrir un espacio fiscal a los países que acogen a un gran número de inmigrantes, reincentivar sus políticas de acogida e invertir esta tendencia. Esto no es una tarea para la ayuda exterior directa sufragada por los contribuyentes estadounidenses. Los miles de millones necesarios deben ser movilizados por instituciones financieras de desarrollo que trabajen en colaboración con los gobiernos, el sector privado y la comunidad filantrópica. Con el tiempo, un plan de estabilización a escala de las comunidades de acogida exigirá la reforma y recapitalización de instituciones fundamentales como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), pero mientras tanto, se puede actuar de inmediato.

A través de un fondo de garantía de múltiples donantes, por ejemplo, Estados Unidos junto con otros países como España, Canadá y quizás incluso líderes económicos regionales como México y Brasil, se podría facilitar financiación de carácter concesional, o casi, a los países de renta media que acogen a importantes poblaciones migrantes, condicionada a la inversión en esfuerzos de regularización e integración. El fondo podría funcionar de forma similar al Mecanismo Internacional de Financiación de la Educación, que aprovecha una combinación de decenas de millones de capital desembolsado y subvenciones, o al Mecanismo de Financiación Innovadora para el Clima en Asia y el Pacífico, que utiliza garantías financieras para reducir el riesgo de los préstamos soberanos, para desbloquear miles de millones de financiación de carácter concesional para los países de renta media-baja.

El BID y el Banco Mundial prometieron hace poco mayor colaboración. Como accionista principal de ambos, Estados Unidos tiene que insistir que estos bancos, acorde con la Declaración de Los Ángeles sobre Migración y Protección de junio 2022, trabajen para mejorar su ambición y coordinación a la hora de apoyar los esfuerzos de integración e inclusión de migrantes. Ambas entidades deberían enfocarse en la movilización de capital privado hacia la inversión en ciudades que albergan importantes comunidades de migrantes, donde se podría catalizar un crecimiento que resulta esencial para estabilizar tanto a los desplazados como a las poblaciones que desean emigrar.

Con afán de promover mayor financiación para grandes desafíos globales, el BID y el Banco Africano de Desarrollo han propuesto conjuntamente que se recanalicen los derechos especiales de giro (SDR por sus siglas en inglés) del Fondo Monetario Internacional a través de bancos de desarrollo multilaterales, con objeto de aprovechar la capacidad de apalancamiento de los bancos. En las Américas, un plan de estabilización para comunidades de acogida – posiblemente hecho a medida para comunidades que acogen a desplazados por la crisis climática – debería ser un beneficiario principal de esta financiación creativa para el desarrollo.

Una estrategia para las comunidades de acogida es tan solo un componente del necesario enfoque múltiple para mitigar y gestionar la migración. Una con un historial de éxito comprobado a lo largo y ancho del continente y que debe ser reforzado a escala antes de que sea demasiado tarde.

Dan Restrepo ejerció de Asistente especial del presidente Barack Obama para Asuntos del Hemisferio Occidental.

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