(CNN Español) — El Gobierno de Gustavo Petro en Colombia ha asociado el término “paz” como pilar de su política desde su campaña electoral. Incluso fue incluido en la lista de la revista de las 100 personas más influyentes del mundo. Tiempo por su «agenda ambiciosa y transformadora». Pero, ¿qué indican hasta ahora las cifras sobre el manejo de la «paz total» por parte del presidente?

¿Qué es la “paz total”?

Una de las propuestas más importantes de Petro fue la posibilidad de lograr la paz total en el territorio nacional. La idea es llegar a acuerdos con los grupos armados que durante años han generado violencia y desplazamientos forzados, con la participación de las comunidades en los diálogos.

Desde que asumió el cargo en agosto de 2022, Petro ha destacado la importancia de tomar medidas para lograr la paz y la reconciliación y entablar diálogos con grupos armados como la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y bandas criminales como el Clan del Golfo.

El 26 de octubre, el Congreso colombiano dio su aprobación a la ley para la paz total, otorgando al presidente la facultad de iniciar un proceso de negociación y destinar el presupuesto nacional para este fin.

Sin embargo, a fines de junio, el magistrado de la Corte Constitucional Jorge Enrique Ibáñez presentó un documento tendiente a deslegitimar la Ley para la Paz Total, presentada como emergencia nacional. Así lo anunció Canal Congreso el pasado 27 de junio.

Alto el fuego con el ELN

El ELN es un grupo al margen de la ley que se extiende por las zonas rurales de Colombia y ejerce un dominio parcial sobre las comunidades remotas del país. Es considerado por Estados Unidos y la Unión Europea como un grupo terrorista.

El 9 de junio de 2023 se firmó en La Habana un alto el fuego con el ELN por 180 días a partir del 3 de agosto. A pesar de que Colombia tiene una larga historia de negociaciones fallidas con este grupo, la mesa de negociación de Petro obtuvo el cese al fuego más largo alcanzado en la historia de las discusiones con este grupo.

El 5 de julio, Petro firmó un decreto ordenando la suspensión de operaciones ofensivas de la fuerza pública contra miembros del ELN que participan en el proceso de paz.

Para Laura Bonilla, subdirectora de la Fundación Pares, organismo encargado de monitorear la paz y la reconciliación en Colombia, los avances que vemos en la negociación con el ELN no se habían logrado en ningún otro gobierno.

“Lo máximo que se había logrado antes fue bajo el gobierno de Santos, donde se estableció una agenda con seis puntos a seguir. El gobierno de Petro recogió puntos de esa agenda y esta es la primera vez que se firma un cese al fuego con ese número de protocolo Bonilla le dijo a CNN.

Según un comunicado emitido por la presidencia, este acuerdo pasará por diferentes etapas, que incluyen la contratación, preparación, implementación y verificación. La ejecución total del acuerdo comenzará el 3 de agosto.

Sin embargo, en los días previos a la suspensión de operaciones ofensivas, que ya entró en vigor, se registraron hechos de violencia en los lugares donde habitualmente opera el grupo armado ilegal.

Persiste la violencia en las regiones

Para Leonard Rentería, líder social de Buenaventura, una ciudad portuaria colombiana en el Pacífico que ha estado plagada de violencia durante décadas, desde que Petro asumió, ha habido más presencia del gobierno en esa región. Según Rentería, el alto comisionado para la paz hace constantes visitas a Buenaventura y habla con los habitantes.

Además, según un informe de la Fundación Pares, a principios de diciembre del año pasado se logró una tregua entre las bandas criminales “Shottas” y “Espartanos”, lo que se tradujo en 90 días sin homicidios en Buenaventura. Sin embargo, el acuerdo se rompió en abril y aunque fue renovado el 26 de ese mes, desde entonces la violencia ha recrudecido.

“Fue una tregua entre dos grupos que luego se rompió. Buenaventura es el laboratorio de la paz total porque muestra todos los temas de este tipo de política en busca de la reconciliación. Allí hay una demanda social muy fuerte de avanzar en procesos de paz. «, dice Laura Bonilla. “Donde hay competencia entre uno o más grupos armados, ahí es donde la violencia es aún más manifiesta”, agrega.

Asimismo, en el municipio de Arauca, hasta el último trimestre, el aumento del desplazamiento forzado fue de 568%, según cifras recopiladas por Pares.

Todavía no está claro cuál es el trabajo del gobierno para tratar de mitigar la violencia en las regiones por parte de los grupos del crimen organizado, pero Leonard Rentería cree que en comparación con gobiernos anteriores se han observado cambios.

El dirigente social considera que «este gobierno está escuchando las voces del territorio», y pone como ejemplo la inversión de más de 7,2 millones de dólares en un estadio a la que se suman otras inversiones con fines culturales «para superar el problema de conexión jóvenes con grupos al margen de la ley.

Por su parte, Miguel Uribe Turbay, miembro del opositor derechista Centro Democrático, publicado este jueves en Twitter que la «política de total impunidad» a favor de los grupos armados no puede continuar y calificó de «absurdo» que el ELN anuncie un cese al fuego pero siga «secuestrando y haciendo tanto daño a las familias colombianas».

Asesinatos de líderes sociales y masacres de civiles

En las últimas décadas, Colombia ha sido testigo de un número alarmante de asesinatos de líderes sociales. Entre 2016 y 2020 se registraron más de 400 asesinatos de este tipo, según datos del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, y fue el país más violento de América Latina contra los defensores de los derechos humanos, según Human Rights Watch.

Aunque el gobierno ha realizado esfuerzos considerables para reducir estos números, los resultados han sido mixtos.

Según los archivos del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), en 2023 se registraron 85 asesinatos de líderes sociales, mientras que en 2022, en la misma fecha, se habían documentado 106, lo que significa una disminución de casi 22% de estos tipos de asesinatos

Sin embargo, según Indepaz, en lo que va del año se han registrado 52 masacres de civiles con un saldo de 170 víctimas, cifra muy similar para esta fecha de 2022.

¿Y si “Paz Total” cayera ante la Corte Constitucional?

Se espera que en los próximos días la Corte Constitucional vote a favor o en contra de la presentación del juez Ibáñez para la eliminación de la Ley 2272 de 2022 o Ley de Paz Total. Se necesitarán 5 votos a favor para aprobar el documento y revocar la ley.

El senador Ariel Ávila, en entrevista para Caracol Radio, mencionó que de derogarse la ley de paz total, todos los diálogos y los avances de la negociación quedarían sin sustento legal, lo que generaría un «vacío legal» para unos dos meses mientras el gobierno nacional toma nuevas medidas.

Por su parte, Luis Enrique Velasco, ministro del Interior, precisó que su Ministerio, junto con los de Justicia y Defensa, “velan porque la propuesta y la forma de debatir este proyecto estén en línea en el marco de lo que establece la Constitución, la ley y los reglamentos del Congreso”.

En un contexto donde los esfuerzos del gobierno por instaurar la paz en los territorios son constantemente cuestionados por grupos al margen de la ley, surge la pregunta de si es posible lograr una «Paz Total» duradera.

Con información de Florencia Trucco de CNN