(CNN Español) — Durante cuatro sesiones de una audiencia pública que comenzó el 10 de mayo, Salvatore Mancuso, exjefe de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), dijo a los magistrados de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y a los representantes de las víctimas de paramilitarismo que alegó relaciones entre este grupo de extrema derecha y miembros de la fuerza pública, militares, policías, políticos, civiles y empresarios durante varios años de violencia en Colombia.

Mancuso también entregó detalles de los asesinatos y masacres que él y otros comandantes ordenaron contra cientos de personas en diferentes partes del país.

El exlíder paramilitar ya había hecho varias de estas declaraciones ante la justicia ordinaria y ante la llamada Jurisdicción de Justicia y Paz, creada durante la desmovilización de las AUC entre 2003 y 2006, en el gobierno del expresidente Álvaro Uribe. El 13 de mayo de 2008, Mancuso fue extraditado a Estados Unidos junto con otros 13 altos mandos parapoliciales que eran buscados por el delito de narcotráfico en ese país.

En su relato durante la audiencia ante la JEP, realizada en Montería, departamento de Córdoba, Mancuso ––hablando a distancia desde Estados Unidos––mencionó los nombres de políticos que supuestamente apoyaron su causa, entre ellos el exvicepresidente Francisco Santos. “Francisco Santos vino a representar a la oligarquía colombiana, porque en la capital estaban preocupados por la llegada de las FARC cerca de Bogotá, nos pidieron que formáramos un bloque, que incluso sugirió el nombre Bloque Capital”, afirmó Mancuso durante la diligencia debida legal. . .

“Durante más de 18 años, esta mentira ha sido investigada una y otra vez por innumerables instancias judiciales sin que haya una sola prueba de su veracidad, y no puede haber porque nunca sucedió”, dijo Santos en una declaración pública el pasado mayo. 10 .

Durante las audiencias, Mancuso también aseguró que los autodefensas habían impactado en varias campañas presidenciales y elecciones, entre ellas la del liberal Horacio Serpa, ya fallecido; los conservadores Andrés Pastrana y Álvaro Uribe, quienes en ese momento pertenecían al partido Unidad Nacional.

“Exijo que el cobarde asesino Mancuso proporcione pruebas de apoyo o infiltración de dinero del narcoterrorismo paramilitar en mi campaña presidencial de hoy. Si no lo hace, pierde, aquí y allá, todas las ventajas que le otorga la justicia especial”, dijo este lunes al expresidente conservador Andrés Pastrana tras escuchar declaraciones de Mancuso.

La familia de Horacio Serpa dijo en un comunicado público el lunes: «Creemos y apoyamos el ejercicio de la Jurisdicción Especial para la Paz, así como el esclarecimiento de la verdad. Nunca nos hemos opuesto a estos esfuerzos y estamos convencidos de que su buena reputación y su honor se mantendrán». Ser devuelto. El país conoce la verticalidad de Horacio Serpa en la lucha contra todas las formas de violencia y su apego a la democracia.

El exlíder de las AUC también presentó cargos contra el expresidente Álvaro Uribe. Dijo que el expresidente le quitó la protección a Eudaldo Díaz, exalcalde de la localidad de El Roble en Sucre, en 2003, y que eso habría permitido que los paramilitares lo asesinaran. “En un consejo comunitario denunció, frente al entonces presidente, Uribe, que lo iban a matar y lo que hizo Uribe fue quitarle el sistema de seguridad y lo matamos”, declaró Mancuso frente a los magistrados de la JEP.

«¿Cómo puedes pensar que el gobierno que yo presidí le retiró el plan de seguridad al alcalde de El Roble, si lo que hicimos en este gobierno fue aumentar los planes de seguridad?» Uribe respondió inmediatamente este lunes en su cuenta de Twitter.

Una revelación del exlíder paramilitar que motivó al actual gobierno a actuar de inmediato se refiere a la presunta desaparición y asesinato de al menos 200 personas en la frontera entre Colombia y Venezuela. El canciller Álvaro Leyva anunció en un comunicado que se comunicó con su homólogo Yván Gil Pinto para activar los mecanismos para “localizar los restos mortales de colombianos desaparecidos en zonas fronterizas, enterrados en territorio venezolano según declaraciones del señor Salvatore Mancuso”.

Las declaraciones de Mancuso ante la JEP desataron una serie de polémicas políticas en Colombia.

“Yo creo en la Justicia y en el tribunal especial para la paz. Ahí tienen mucho peso las confesiones, de eso dependen años de cárcel para cualquiera. La mentira en una declaración ante la JEP lleva al criminal de lesa humanidad a décadas de dolor”, dijo el presidente Gustavo Petro el domingo en su cuenta de Twitter.

Por su parte, el expresidente Iván Duque dijo este lunes: «La llamada ‘verdad’ de Mancuso es una venganza contra el gobierno que lo llevó a la justicia y lo extraditó a Estados Unidos. Claro, lo que busca es evitar sus crímenes en Colombia ante Justicia y Paz y que lo incluyan en la JEP para no pagar prisión”.

Mancuso, quien compareció virtualmente desde el Centro de Detención Stewart del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de EE. UU., busca con sus declaraciones acceder a beneficios de justicia transicional.

El exlíder paramilitar cumplió condena por narcotráfico tras su extradición al país en 2008 y desde entonces espera que se determine su estatus legal. Sus abogados piden que sea liberado y devuelto a Italia, su nacionalidad y familia, pero Mancuso aún tiene cuentas pendientes en Colombia por crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad.

Luego de la audiencia única de contribución a la verdad de la JEP, este tribunal decidirá si Mancuso es admitido o no por el fuero especial creado tras los acuerdos de paz con la guerrilla desmovilizada de las FARC para tener derecho a penas alternativas a la de prisión en prisión. una prision. .

Este lunes, la JEP rechazó el alegato de Rodrigo Tovar Pupo, exlíder paramilitar de las Autodefensas Unidas de Colombia mejor conocido como “Jorge 40”. Según los magistrados, no mostró voluntad de contribuir a la verdad y no contribuyó decisivamente al esclarecimiento de los crímenes para las víctimas y para la sociedad.

Es un antecedente de lo que le puede pasar a cualquiera, incluido Mancuso, que quiera acceder a los beneficios de la justicia transicional pero no aporte información nueva, pertinente y comprobada sobre sus denuncias y denuncias.

Hasta el momento, 13.737 personas, entre exguerrilleros de las FARC, exmilitares, agentes estatales distintos de la fuerza pública, civiles y empresarios que financiaron el conflicto armado, se encuentran presentadas ante la JEP y esperan una decisión sobre su caso, según el propio funcionario.