(CNN Español) — La Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió este miércoles una decisión en la que determina que el Estado mexicano es responsable por violaciones a los derechos humanos en el caso de dos detenidos que llevan 17 años bajo presión preventiva oficiosa sin ser juzgados.

La sentencia en el caso “García Rodríguez y otro Vs. México”, declara que el Estado mexicano es “responsable por la violación de los derechos a la integridad personal, la libertad personal, las garantías judiciales, la igualdad ante la ley y la protección judicial”.

Le gouvernement du Mexique, à travers une déclaration, a informé qu’il « analysera la résolution de la Cour afin de se conformer à ses dispositions et d’assurer le plus grand respect des obligations contenues dans la Convention américaine relative aux droits de l’ hombre «. Agrega que esta sentencia servirá para orientar la actuación del Estado en cuanto a la protección de los derechos de las personas privadas de libertad y que sean juzgadas ante sus autoridades.

Daniel García Rodríguez y Reyes Alpízar Ortiz, querellantes, fueron detenidos en 2002 y permanecieron en prisión preventiva durante 17 años cuando finalmente fueron condenados por el delito de homicidio con pena de prisión de 35 años, imputados por el asesinato de un concejal en 2001 Luego de que se apelara esa condena, el 19 de marzo, el segundo juzgado de apelaciones en lo penal de Tlalnepantla, Estado de México, notificó a García que se había ratificado su sentencia de 35 años de prisión, la cual consideró «injusta e indemostrada». . «, según informó El Universal—, mientras absolvió a Alpízar.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos analizó en este caso “dos figuras que están establecidas en la legislación mexicana: el arraigo y la prisión preventiva informal”. Asimismo, se ha informado que García Rodríguez y Alpízar Ortiz fueron sometidos a tortura durante el tiempo que estuvieron privados de libertad.

En la sentencia leída por videoconferencia desde Cosa Rica por el presidente de la CIDH, Ricardo Pérez, a representantes del gobierno mexicano y querellantes, el tribunal ordenó una serie de reparaciones, entre ellas que el Estado mexicano pague los daños materiales e intangibles. También se ha pedido al gobierno que adapte los procedimientos judiciales, incluida la detención y la prisión preventiva, a los estándares internacionales.

La Corte Interamericana fijó un plazo de un año para que el Estado mexicano rindiera cuenta de la ejecución de la sentencia.