Violencia física y sexual, acoso, separación de sus hijas e hijos, falta de atención en salud con enfoque de género y criminalización y violación del debido proceso basado en estereotipos son algunas de las situaciones a las que las Mujeres se enfrentan cuando han sido y son encarceladas en diversos países de América.

“La sociedad cree que porque estuvimos en prisión no merecemos ser escuchadas, pero nosotras vivimos muchas vulneraciones a derechos estando en prisión, incluso luego de haber salido y haber pagado la condena seguimos siendo juzgadas, estigmatizadas y señaladas”, afirma Claudia Cardona, representante de la Corporación Mujeres Libres en Colombia, quien ha relatado cómo la falta de políticas diferenciadas impacta de manera desproporcionada en la vida de las mujeres y de sus familias.

Testimonios como el de Claudia y el de muchas otras mujeres que han estado o están en las cárceles de la región han sido parte fundamental de la investigación “Mujeres privadas de libertad en las Américas”, que ha publicado recientemente la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y que arroja luz sobre una situación invisibilizada, pero que la Comisión ha estado estudiando desde hace varios años, a propósito de la necesidad de reducir el uso de la prisión preventiva y de los casos sobre mujeres criminalizadas por emergencias obstétricas y abortos que han llegado hasta la Corte Interamericana.

“En este informe hemos advertido que las mujeres detenidas en la región llegan al proceso penal en una condición desigual tanto cuando son autoras de delitos como cuando son víctimas de los delitos. Pudimos reconocer que la prisión no escapa de los escenarios de las representaciones sociales y de las imposiciones culturales para ser una mujer”, explica la secretaria ejecutiva de la CIDH, Tania Reneaum, durante la presentación del informe

Mujeres encarceladas en América

Según la CIDH, durante los últimos años se han elevado los niveles de encarcelamiento de mujeres hasta llegar a un 8 % de la población carcelaria en América. Un porcentaje que, detalla, deriva principalmente del endurecimiento de políticas criminales en materia de drogas y de la falta de perspectiva de género para abordar la problemática.

Las mujeres, dice la Comisión, registran un bajo nivel de participación dentro de la cadena delictiva y no comenten estos delitos con violencia. Pese a eso, se las priva de su libertad por delitos no violentos vinculados a las drogas, “de las cuales un número considerable están en detención preventiva”.

Una vez que están dentro de las prisiones enfrentan obstáculos para mantener un contacto adecuado con las personas bajo su cuidado “producto de la lejanía de las cárceles femeninas, las dificultades para realizar visitas, la ausencia de espacios adecuados, y la falta de recursos para asegurar el traslado de niñas y niños a los centros”.

“Ahí en la prisión los cuerpos de las mujeres, las vidas de las mujeres, tienen una afectación simbólicamente distinta y una afectación realmente distinta que pasa por sus cuerpos, que pasa por el cuidado, que pasa por el acceso a los trabajos y que pasa en definitiva por no tener políticas penitenciarias diferenciadas”, explica Reneaum.

“Las mujeres presas son testigo de la sanción penal que es la privación de la libertad, pero también de esa sanción social que supone infringir la norma penal. No solamente les cae la pena de prisión, les caen todos esos estigmas por haber sido malas madres, malas mujeres, mujeres perdidas, mujeres que no tienen un objetivo y un fin en la vida”, agrega.

Castigo por decidir sobre su cuerpo

Julissa Mantilla, comisionada de la CIDH y relatora para los derechos de las Mujeres, afirma que el encarcelamiento y el control de las vidas de las mujeres ha estado históricamente vinculando al castigo, “al pecado”.

“A veces no se entienden qué haya medidas particulares para las mujeres si queremos hablar de igualdad. Y lo que dice la Corte es que en el contexto de la privación de la libertad también se reproducen y exacerban los sistemas de dominación social basados en el privilegio de unos y la opresión de otros, de otras diría yo, como el patriarcado, la homofobia, la transfobia y el racismo”, señala.

“Así, dice la Corte, determinados grupos de personas privadas de libertad debido a su condición, rasgos identitarios o situación actual relacionadas con el sexo y el género, la orientación sexual, la identidad y expresión de género y la pertenencia étnica, entre otras causales, sufren un mayor grado de vulnerabilidad o riesgo contra su seguridad. Es decir, toda la situación de patriarcado, exclusión, machismo, violencia de género que se vive en la libertad continúa cuando la mujer es privada de libertad”, enfatiza.

La comisionada afirma que una de las situaciones que ejemplifica que a las mujeres se las encarcela como castigo moral es la criminalización que viven cuando abortan o sufren de emergencias obstétricas.

“El castigo de las mujeres no es por el delito, se castiga a la mujer que decide sobre su cuerpo y como yo no voy a poder encarcelarla per se si no tengo una figura del Código Penal entonces penalizo absolutamente para que el derecho sea utilizado de manera, entre comillas, legítima para el control y el castigo de la decisión libre de las mujeres”, dice Mantilla.

La CIDH también explica que dentro de las cárceles a las mujeres se les ofrece actividades de reinserción que corresponden a los roles de género tradicionalmente asignados, “limitando el desarrollo de nuevas habilidades”. Lo que a su vez hace que enfrenten a “múltiples dificultades” en el proceso de transición entre la vida en la cárcel y la vida en el exterior.

Impacto en hijas e hijos

El informe también alerta sobre el “impacto vicario” que el encarcelamiento de mujeres provoca en las personas que tienen a su cuidado, especialmente en los hijos pequeños que viven con ellas en las cárceles.

La Comisión destaca la estigmatización y discriminación que sufre la niñez encarcelada y asegura que tiene menos oportunidades para gozar de un desarrollo integral, padece mayores vulneraciones a sus derechos y, derivado de lo anterior, “si no reciben el apoyo necesario, ellos mismos pueden llegar a cometer delitos o involucrarse con el crimen organizado”.

Además, presentan una expectativa de vida más baja que otras niñas y niños, y tienen de seis a siete veces más probabilidades de ir a la cárcel. “Sumado a ello, según la UNODC, estas niñas y niños pueden experimentar diversos problemas psicosociales que abarcan depresión, hiperactividad, conducta agresiva, retardo, tendencia a apegarse, problemas de sueño y de alimentación, huidas, ausentismo escolar, y bajas calificaciones escolares”, menciona la CIDH.