Una marea roja se dispone a atravesar distintas ciudades de Argentina este miércoles 17 de mayo. Rojo de sangre, de útero. Pero, también, rojo de emergencia, rojo de Violencia. Una marea roja que se toca necesariamente con la marea verde impulsada por los feminismos que lograron el aborto legal en diciembre del año 2020. Un pañuelo rojo, con un logo de un parto.

Fotos: Lucía Prieto

El miércoles 17 de mayo a las 17 horas es un día histórico para la defensa de los derechos sexuales y reproductivos. De manera simultánea, en Plaza del Congreso, en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y en otras plazas de distintas provincias del país (como en Córdoba, Mendoza, Misiones, Tucumán, San Luis, Chubut) se realizará la Primera Marcha Nacional contra la Violencia Gineco- Obstétrica, bajo el lema “Sumate a la Marea Roja”, organizada por la Campaña “Mi parto, mi decisión”. No por casualidad, la marcha sucede en el marco de la Semana Mundial por el Parto Respetado (iniciativa que surge en 2004 y que este año comprende del 14 al 20 de mayo bajo el lema “Cuidar los nacimientos es también cuidar a las familias”). “El objetivo es llevar a la calle la discusión que se da estos días puertas adentro”, dice Luján Arcidíacono (doula y politóloga), una de las coordinadoras de la Campaña que ya cuenta con el apoyo de más de 80 organizaciones a nivel nacional. 

En la marcha se leerá una declaración conjunta que agrupa a distintas organizaciones y reclamos vinculados a la violencia obstétrica. La Campaña “Mi parto, mi decisión”, que nació hace menos de un año, es definida por Luján como una “red”: “Nosotres nos pensamos como una red, no como una organización (…) La campaña incluye muchos otros fenómenos de violencia que no se dan estrictamente en la escena obstétrica de embarazo, parto, puerperio. Intentamos que, en un mismo reclamo, se incluyan otras situaciones de violencia, por ejemplo, en la atención ginecológica y la violencia en la atención en la salud de las disidencias y diversidades. Incluimos, también, el tema de mujeres presas por eventos obstétricos y, obviamente, sumamos las situaciones referidas a la ausencia de implementación de la IVE e ILE. Todas estas son luchas históricas pero la Campaña intenta construir una narrativa que aborde todos estos temas al mismo tiempo”. Más de ochenta agrupaciones de todo el país conforman la Campaña, entre ellas, Red Argentina de Casas de Parto, Doulas Comunitarias, OVO Argentina, Parimos Conciencia, El Parto es Nuestro, Parto Respetado Catamarca, Frente de Promotoras Matria Lanús, Espacio Trans Puerto Madryn, UPA, Red de Duelo Perinatal, Nacer Merlo, por solo nombrar algunas.

La declaración conjunta expone el panorama de la violencia gineco-obstétrica como una modalidad de violencia de género a nivel nacional. Además, el documento propone la sanción de los siguientes proyectos de ley (los cuales se consideran fundamentales a la hora de pensar en cambiar el paradigma asistencial): Ley de capacitación obligatoria al personal de salud en violencia ginecobstétrica, un proyecto análogo a la Ley Micaela de capacitación continua en derechos vinculados al parto y violencia obstétrica para el personal de la salud en sus distintos niveles; Ley de nuevo ejercicio profesional de lxs licenciadxs en obstetricia; Ley de casas de partos; Ley de puericultoras. La declaración conjunta, además de ser leída, se presentará como un Proyecto de Declaración en el Congreso de la Nación. 

A su vez, la lectura del documento será acompañada por una performance con música en vivo, una muestra de fotos y se replicará una iniciativa denominada “la marcha de las flores”. 

¿De qué hablamos cuando decimos “violencia obstétrica” en Argentina?

Argentina cuenta con dos leyes vinculadas al parto. En el año 2004, se sancionó la ley de “parto humanizado”. Fruto de la lucha de varias activistas, específicamente de activistas por el parto humanizado, se impulsaron una serie de acciones políticas que devinieron en esta ley, la n° 25.929. Una ley que promueve los derechos de las mujeres (cis) y otras personas gestantes en el parto, incluyendo la atención del embarazo, trabajo de parto, parto y puerperio. Entre los incisos del artículo 2, se destacan los que refieren a los derechos a ser acompañadas por una persona de su elección, a recibir información sobre los procedimientos obstétricos recibidos, a poder expresarse y moverse libremente. A su vez, entre otras cuestiones, podemos mencionar los derechos que refieren a la necesidad de ser tratada con respeto, y de modo individual y personalizado, garantizando la intimidad durante todo el proceso asistencial y en consideración de sus pautas culturales; y a ser entendida como persona sana, de modo que se facilite su participación como protagonista del proceso de parto. Sin embargo, esta ley obtuvo su sanción en el año 2004 pero no así su reglamentación. Tuvieron que pasar once años para que se reglamentara, en el año 2015, mediante el decreto 2035/2015. 

Por su parte, en el año 2009, como un efecto de ciertas luchas feministas, la violencia obstétrica devino un artículo y una modalidad en la ley integral contra la violencia de género en Argentina. Específicamente, como una de las ocho modalidades de violencia de la ley n° 26.485, llamada “Protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales”. En su artículo 6°, inciso “e”, la violencia obstétrica se define como aquella que se ejerce sobre el cuerpo y los procesos reproductivos de las mujeres y otras personas gestantes, expresada en un trato deshumanizado, un abuso de medicalización y patologización de los procesos naturales, de conformidad con la Ley 25.929. 

La violencia obstétrica, como modalidad de la violencia de género, refleja el entrecruzamiento entre la vulneración de los derechos sexuales y reproductivos y la violencia institucional que se produce en el ámbito de la atención de la salud. En este sentido, en el año 2019 la “Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre la violencia contra la mujer, sus causas y consecuencias”, Dubravka Šimonović, desarrolló recomendaciones dispuestas a prevenir y erradicar la violencia obstétrica, instando a los Estados a la producción y publicación de informes así como a la revisión de políticas y planes de acción en la materia. 

La violencia obstétrica, como modalidad de la violencia de género, refleja el entrecruzamiento entre la vulneración de los derechos sexuales y reproductivos y la violencia institucional que se produce en el ámbito de la atención de la salud.

En relación a las estadísticas sobre violencia obstétrica a nivel nacional, contamos con un informe muy reciente sobre la temática publicado en diciembre del año 2022 por el Observatorio de las Violencias y Desigualdades por razones de Género, dependiente del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación (MMGyD). Los datos ofrecidos muestran la gravedad de la situación. Allí, el Sistema Informático Perinatal (SIP) —un sistema de registro del Ministerio de Salud de la Nación-, declaró que en el año 2019 en el sistema público de salud del país se registraron un total de 277.330 nacimientos, de los cuales el 37% fueron a través de cesáreas. Ello demuestra que la tasa argentina triplica la recomendada por la Organización Mundial de la Salud, que es entre el 10 y el 15%. Por su parte, al 43.7% de personas que parieron no se les permitió tener acompañamiento en el proceso de parto (sea del tipo vaginal o por cesárea), violando el derecho al acompañamiento de la ley 25.929. Y, por último, teniendo en cuenta que del total de partos reportados 166.018 fueron partos vaginales, al 53,3% que atravesaban su primer parto (primíparas) se les realizó una episiotomía. Sin embargo, este procedimiento como rutina y/o como técnica preventiva para evitar desgarros está contraindicado por la Organización Mundial de la Salud desde el año 1985.

En relación a las denuncias por violencia obstétrica el informe recolectó la información de dos de los organismos que las recepcionan. Según los registros del período 2017- 2021 de la Comisión Nacional Coordinadora de Acciones para la Elaboración de Sanciones de la Violencia de Género (CONSAVIG), dependiente del Ministerio Nacional de Justicia y Derechos Humanos, la cantidad de denuncias reportadas expresa un total de 268. En los años 2020 y 2021 las denuncias refirieron a un 60 % del sector privado y a un 40% del sector público. A su vez, se observa que el trato deshumanizado es la principal causa de denuncia en todos los años del período analizado, representando el 100% de los casos en el año 2019. En segundo lugar, se ubican las denuncias que evidencian la falta de información otorgada a quienes paren sobre su estado de salud, sobre las prácticas recibidas así como la información que respecta sobre sus hijes. En tercer lugar, encontramos que se ubica la falta de respeto por la decisión de las mujeres y otras personas gestantes durante la atención de su trabajo de parto, parto y/o puerperio. 

Por otro lado, el Informe describe las denuncias recibidas por violencia obstétrica en la Línea 144 (dependiente del MMGyD) en busca de asesoramiento y/o contención: las comunicaciones no superan los cincuenta y cinco casos por año en el periodo analizado (2015-2021). El principal tipo de violencia que se ejerce en la modalidad de violencia obstétrica es la psicológica (79%). En casi la mitad de las comunicaciones se identifica violencia simbólica, mientras que la violencia física alcanza un 40%. El 14,7% de las personas que se contactaron informaron violencia sexual. Sobre la distribución de las comunicaciones, la provincia de Buenos Aires concentra el 66,7%, seguida por CABA con el 9,1% y Mendoza con el 6,3%. 

El principal tipo de violencia que se ejerce en la modalidad de violencia obstétrica es la psicológica (79%). En casi la mitad de las comunicaciones se identifica violencia simbólica, mientras que la violencia física alcanza un 40%.

Una de las conclusiones a las que llega el Informe es que en el período contemplado, la cantidad de denuncias por violencia obstétrica resulta muy baja en comparación con denuncias por otras modalidades de violencia de género. Atribuyendo, de forma específica, que esto sucede porque la violencia obstétrica es una de las violencias más naturalizadas.El momento de particular vulnerabilidad en la que sucede el parto provoca que muchxs mujeres y otras personas gestantes posterguen su denuncia o bien no la realicen nunca.

La problemática referida a la ausencia de denuncias por violencia obstétrica, aunque muchas personas perciban efectivamente que la sufrieron, fue analizada por el Observatorio de Violencia Obstétrica Argentina (OVOA). El OVOA es un organismo de la sociedad civil impulsado en el año 2016 por la agrupación Las Casildas y actualmente sostenido por distintas activistas vinculadas al parto. En el año 2021 exploraron, a partir de un relevamiento de participación libre, voluntario y autoadministrable disponible vía online, el circuito de las denuncias por violencia obstétrica. El criterio de inclusión incluyó a mujeres (cis) que tuvieron parto o cesárea en Argentina en el período que va desde 2004 a 2021 y que se reconocieran como víctimas de violencia obstétrica. De los 1218 casos relevados, el 10,3% inició el trámite de denuncia, mientras que el 89,7% de los casos decidió o prefirió no denunciar. La mayoría de quienes no lo hicieron, refirieron dos motivos: no se encontraban en condiciones emocionales y/o psicológicas para llevar adelante el proceso o no pudieron identificar en un primer momento que habían padecido violencia obstétrica. Sin embargo, el dato más alarmante es que de quienes sí efectuaron la denuncia, casi la mitad de ellxs (un 48,8%) no recibió respuesta por parte de ningún organismo. 

El OVOA, además, tomó las riendas de aunar y analizar las denuncias recibidas por los distintos organismos estatales. En este sentido, no solo la CONSAVIG y la línea 144 reciben denuncias. A estos organismos se le suman, la Defensoría del Pueblo de la Nación , el Instituto Nacional Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI) y el Ministerio de Salud de la Nación, entre otros organismos. De los pedidos que realizaron a cada organismo, obtuvieron que, entre 2013 y noviembre de 2021, recepcionaron un total de 690 denuncias. Un número bastante más alto que el que ofrece en el Informe el MMGyD, dada la inclusión de más años de análisis y de la mayoría de los organismos en cuestión que las reciben. 

Podemos, entonces, arribar a algunas conclusiones. Por un lado, la violencia obstétrica es una de las modalidades de violencia de género más naturalizada. De ello se desprende, entre otras cuestiones, la cantidad de denuncias sea tan baja. Se trata de un problema grave de derechos sexuales y reproductivos, en el marco de los derechos humanos de las mujeres y otras personas que gestan. Por otro lado, existe una problemática particular con la administración de las denuncias. No existe, hasta el día de la fecha, una estadística oficial que revele de forma unificada la cantidad de denuncias de todos los organismos que las reciben (CONSAVIG, Línea 144, Defensoría del Pueblo de la Nación, INADI, Ministerio de Salud de la Nación, entre otros). A su vez, existe otro tipo de problema con la respuesta que reciben quienes denuncian: la mitad de quienes la hicieron, no recibieron respuesta, y la mayoría se sintió revictimizada.

El pañuelo rojo como continuidad de las luchas feministas

Respecto al pañuelo, Luján explica que la idea de hacerlo surgió en “ese fenómeno exponencial que son las redes sociales”, hace menos de un año. En un vivo de Instagram, que hizo desde su cuenta @lujandoula, habló de violencia obstétrica (la cual vivió en carne propia y a su vez como testigo en su rol de doula) y ahí comenzó todo. A partir de ese momento, Luján comenzó a recibir mensajes en su cuenta que le pedían materializar ese pañuelo. Sin saber cómo, pero entendiendo que ahí había un pedido que la interpelaba, pensó en cómo dar respuesta a esa necesidad de contar con un instrumento que generara representación y unidad en la lucha: “un instrumento ético-político, un posicionamiento como han sido otros pañuelos como bandera de lucha”. Un instrumento que también convocara a las distintas organizaciones y activismos existentes en el tema, para fortalecerse, generar visibilidad y lograr que el tema finalmente se instale en la agenda pública.

El uso del pañuelo como símbolo de lucha nos remite a su origen: a las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, quienes irrumpieron en el espacio público generando un dispositivo de lucha. Ellas inauguraron un posicionamiento crítico de las mujeres frente a la violencia, específicamente, frente a la vulneración de los Derechos Humanos. A través del pañuelo hicieron visible, durante décadas, su reclamo: Memoria, Verdad y Justicia. El pañuelo, como emblema de lucha, fue retomado por los movimientos feministas que salieron a las calles en búsqueda de la legalización del aborto. Hoy ese pañuelo se tiñe de rojo para visibilizar la violencia gineco-obstétrica y neonatal, continuando las luchas feministas por la soberanía de nuestros cuerpos. Luján, a su vez, nos contó que también fue mediante encuestas de Instagram que se decidieron los elementos que componen este pañuelo y el lema “Mi parto, Mi decisión”. Por último, el logo fue realizado por una artista que pensó en el recorrido histórico de la relación de las mujeres y personas gestantes con sus cuerpos y su sabiduría. En este año en el cual se cumplen 40 años de democracia en Argentina, resulta fundamental reivindicar nuestros derechos frente a la violencia obstétrica. Una modalidad de la violencia de género que es sistemática y se encuentra naturalizada e invisibilizada.