En el libro “Entra una Paciente, sale una denuncia”, tres abogadas ahondan en el engranaje médico, jurídico y religioso que permite los procesos penales promovidos por profesionales de la salud contra aquellas mujeres que asisten a pedir ayuda.

En "Entra una paciente, sale una denuncia", tres abogadas argentinas explican cómo el engranaje médico, jurídico y religioso permite que, en un país en el que el aborto es legal hace más de dos años, los médicos todavía puedan denunciar a las mujeres que asisten a pedir ayuda. (Carlos Mendoza Alemán)

¿Puede un médico denunciar a la policía a una paciente que acude al hospital buscando ayuda médica en una emergencia, como puede ser un aborto en curso, porque alguien entiende que esa paciente cometió un delito? La ley, la Corte Suprema argentina y los tratados internacionales son claros y contundentes en su respuesta: no, no puede. ¿Por qué, entonces, esto sigue ocurriendo en un país en el que la interrupción voluntaria del embarazo es legal hace más de dos años?

Para escribir Entra una paciente, sale una denuncia, las abogadas argentinas María Lina Carrera, Natalia Saralegui Ferrante y Gloria Orrego-Hoyos realizaron más de cien entrevistas en todo el país, recorrieron hospitales y revisaron expedientes judiciales y planes de estudio de las carreras de Medicina y Derecho.

En este libro, editado por Siglo XXI, vuelcan todo en un retrato minucioso del proceso de violación del secreto médico que, aunque está basado en la experiencia argentina, también puede extrapolarse a otros países de la región e incluso a minorías violentadas, como las personas migrantes o el colectivo LGBT+.

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Lo que las autoras plantean en Entra una paciente, sale una denuncia es que no alcanza con que cambie la ley, se amplíen los derechos y se promuevan las consultas. Nada de eso funciona si no se le presta la suficiente atención a las formas en que el sistema las recibe cuando las mujeres se acercan a pedir ayuda.

“Entra una paciente, sale una denuncia” (fragmento)

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El obstetra de guardia me recibió y me dijo “con qué te pinchaste, qué te tomaste, qué te hiciste”. El mismo que le dijo a mi papá que tenía que hacer la denuncia (Yamila, Rosario).

Personal médico hizo ingresar a la policía a la sala de parto, la operaron sin anestesia y la imputaron por aborto (María Magdalena, Tucumán).

Cuando llegan a su casa, los médicos revisan a Inés y la llevan al hospital. La esposan a la cama. Así comienza su causa penal por el delito de homicidio agravado por el vínculo (Inés, Buenos Aires).

Al conocer estos testimonios, la pregunta surge enseguida: ¿se puede denunciar a la policía a una paciente que acude al hospital buscando ayuda médica en una emergencia porque alguien entiende que esa paciente cometió un delito? No, dice la ley pero, como demostraremos en este libro, se hace.

Y no solo en el caso de eventos obstétricos. En febrero de 2022, en el marco de un reparto de cocaína adulterada en el oeste del Conurbano bonaerense que terminó con decenas de personas muertas y otras internadas de gravedad, las palabras de Gabriela Torres, titular de la Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas de la Nación Argentina (Sedronar), se replicaron en los medios y las redes sociales:

Hay que acompañar a los que están en su casa sintiéndose mal y no se animan a ir a un hospital porque, como se discriminan tanto los problemas de consumo, tienen miedo.

¿Qué es lo que permite el engranaje de la denuncia médica contra pacientes y su tolerancia judicial? El Código Penal es claro al establecer que la divulgación sin justa causa de cualquier información que profesionales y otros intervinientes de la medicina hayan conocido en el marco de la consulta médica es un delito. En efecto, en su art. 156 condena a quien “teniendo noticia, por razón de su estado, oficio, empleo, profesión o arte, de un secreto cuya divulgación pueda causar daño, lo revelare sin justa causa”.