Por: Ricardo Buitrago C.

En desarrollo de la problemática energética de la región Caribe, muchos ven con preocupación las acciones tomadas por Gas Natural Fenosa, mayor accionista de Electricaribe, en activar el acuerdo para la promoción y protección recíproca de inversionistas suscrito entre Colombia y España que, ante las diferencias generadas, contempla un protocolo de entendimiento y negociación. Podría no ser así. Lo de la preocupación, digo.

Ese sería el mecanismo para sacar de la actual mesa de discusión a quienes provistos de buena voluntad pero, muchas veces sin conocimiento, sin capacidad decisoria, con más espíritu de exigencia que de aporte de soluciones, con ánimo retaliativo en algunos casos, con intereses políticos también, se constituyen en lo que en el argot popular se denominan “patos”. Quedan así solo quienes tienen facultad y capacidad de resolución. Vale decir el Gobierno Nacional que,  yéndose por las ramas, no había tomado el sartén por el mango y, obvio, los inversionistas ahora en el ojo del huracán.

El servicio de energía en la Costa Caribe es pésimo, seria torpe negarlo, pero, no nos digamos mentiras, esa cantidad de dimes y diretes entre las partes se está convirtiendo en un círculo vicioso en la solución de un problema nacido hace 18 años y el que, además, tiene mucho trasfondo. Hay, claro está, grandes responsabilidades del inversionista, también del Gobierno nacional, y no se dejan por fuera actitudes y vicios en el consumo de la región.

El gobierno ahora tiene la obligación de retrotraer hechos, circunstancias, y compromisos contemplados en la ponderada, desde el altiplano, venta de las Electrificadoras del sistema Corelca, en 1998, que tuvo como gestores al exministro de Minas y Energía Orlando Cabrales, al exministro de Hacienda Antonio Urdinola, y a la ex directora de Planeación Nacional Cecilia López.

Esa operación pretendía con su producido -ese fue su principal argumento- sanear el sistema eléctrico regional y fortalecer su infraestructura de modo que se garantizara la continuidad del servicio eléctrico en el Caribe Colombiano. Y eso no fue así. No hubo tal inversión.

¿Cuánto de esos 1.4 billones de esa época pagados por la adquisición de las electrificadoras fueron invertidos en la región como, en sus ya consuetudinarios esguinces mamagallistas, fue prometido para amainar las críticas regionales a la negociación para luego hacernos pistola?

Solo el gobierno nacional responsable de la venta de esos entes un día pujantes, creados por y con el esfuerzo de la dirigencia regional, de cuyo producto no tuvimos reciprocidad inversionista puede, mediante los mecanismos del entendimiento contemplados en el acuerdo, responderle a la Costa Caribe, exigirle al inversionista el cumplimiento de los compromisos de inversión, comprometerse con el pago de las obligaciones estatales existentes y establecer los mecanismos de tipo práctico, legal, y de equidad social, para eliminar las prácticas de consumo con que tanto nos estigmatizan. Todo ello sin desestimar las facultades de intervención que, por conducto de la Superintendencia de Servicios Públicos, tiene y conserva el gobierno en acopio a la Constitución.

La papa caliente cayo en las manos en que tenía que caer. Podría ser este el mecanismo adecuado para darle una solución definitiva, que no transitoria, al enorme y complejo problema. Lo demás es seguir en un rifirrafe que no ha conducido a nada.