La instalación de dos papeleras de capitales finlandeses y españoles en Uruguay ha causado rispideces entre los países rioplatenses, en una “pelea” que dura más de un año. La inversión es para los uruguayos una de las más importantes que ha recibido en la historia del país, y tiene un impacto extraordinario sobre la economía nacional, el ministro de economía uruguayo, Daniel Astori, declaró que la instalación de la papelera finlandesa significará un impacto en no menos de dos puntos del producto bruto interno y no menos del 8% de la exportaciones. Además, esta operación tiene un impacto directo sobre el empleo, hecho por el cual ha recibido el apoyo sindical en ese país.

Por otro lado, el gobierno Argentino se opone a la instalación de esta empresa, no por envidia (o quizás sí), sino esgrimiendo argumentos ecologistas. La población de la zona limítrofe al Uruguay, el río, así como el aire, se verían comprometidos, amenazados por esta fábrica. Estos argumentos se basan en que el conocido proceso de fabricación de la pasta o pulpa necesaria para el papel se emplean sustancias químicas, con cloros, que son muy agresivos para el medioambiente, y que una vez usados deben ser desechados, pero ¿dónde? A esto se dirigen las protestas, a evitar que las pasteras o papeleras se instalen en Fray Bentos. Una asamblea de vecinos de Gualeguaychú ha tomado las rutas, bloqueándolas, marchando, con el apoyo de los vecinos de otras localidades entrerrianas, como Colón, y así se han ganado el apelativo de “piqueteros”.

El gobierno argentino, oponiéndose a esta operación, ha abierto una causa en la corte internacional de justicia de La Haya, sobre la cual no ha habido pronunciamiento. Kirchner ha pronunciado discursos en pos de la defensa del medioambiente de la región, y la prensa lo ha juzgado de este modo:

Hay que decir las cosas tal como son: es imposible imaginar una solución posible para la controversia con Uruguay mientras la política exterior se resuelva con los ojos puestos en las intransigencias de Gualeguaychú. Kirchner detesta la sola idea de que lo llamen "traidor" en la ribera entrerriana y nadie ha hecho un trabajo serio para separar el fanatismo ideológico de la mayoría social, seguramente sensata, de Gualeguaychú.

La Argentina ya ha perdido de manera aplastante en el tribunal de La Haya y en el Banco Mundial; también recibió una advertencia del tribunal arbitral del Mercosur. En La Haya y en Washington, donde está la sede del Banco Mundial, sólo el voto de la Argentina encontró razonable la posición de la Argentina. El resto del mundo, incluidos los países europeos y los Estados Unidos, votó contra la posición del gobierno nacional. ¿Acaso todo el mundo está equivocado y sólo a la Argentina la ha sorprendido la razón?

La semana pasada el directorio del Banco Mundial aprobó la entrega de los créditos y el seguro de riesgo político que financiarán la construcción de la cuestionada papelera estimada en 1200 millones de dólares. Sólo el representante de Argentina se opuso. La empresa recibirá 170 millones de dólares de la Corporación Financiera Internacional (CFI), junto a un seguro de riesgo por hasta 350 millones de USD de la Agencia multilateral de Garantía de Inversiones (MIGA). Esta votación lleva implícitamente el visto bueno de la comunidad internacional respecto de la instalación de la papelera. Es como si dijeran: si el Banco Mundial les presta plata es una “garantía” de que no va a contaminar, o de que es segura. (Pero el Banco Mundial también les prestó plata a los gobiernos golpistas...)

De todas maneras la decisión del BM no da por terminada la controversia. El gobierno de Kirchner espera que La Haya les dé la razón, en tal caso el Banco y los directores que apoyaron los créditos tendrán que dar explicaciones ante la Justicia, y si la planta efectivamente contamina serían demandables.

La empresa, por su parte, contrariamente a lo que pueda pensarse no ha salido a defender su imagen en Argentina o a publicitarla. Ahora es demasiado tarde para esto pues los ánimos están muy caldeados. El CEO de la firma expresó “esperamos que los diferentes grupos de interés vean que la planta cumplirá con las normas ambientales”.

El problema es que ellos saben que las leyes ambientales en Uruguay, así como en Argentina, son mucho menos exigentes que las normas europeas, (sobretodo las normas que prevalecen en el escandinavia, donde los países son reconocidos mundialmente por su labor ecológica incluso en materia de legislación son mucho más avanzados, porque nuestras normas son generales e imprecisas, fácilmente evadibles con un poco de mala voluntad de parte de los jueces que la interpreten. ¿Qué mejor manera para una empresa que quiere “flexibilidad a nivel de normas medioambientales, a nivel de mano de obra y facilidad para el crédito de un organismo internacional (seguridad y ventajas) que la de venir a instalarse en un país como Uruguay? No es para hacer beneficencia ni para mejorar nuestras economías que nos eligen, debemos atraer las inversiones extranjeras, nos cansamos de decirlo, pero en las mismas condiciones en que ellos invierten en otros países, sobre todo en lo que se refiere a medioambiente. Y para eso son nuestros gobiernos los que tienen que trabajar. Nada se resuelve impidiendo la instalación de empresas extranjeras, lo que hay que hacer es mejorar las leyes que protegen el medioambiente, especificarlas. Pero no se trata sólo de un tema legal, nuestros países no cuentan con una política ambiental definida en sus agendas, porque los problemas son tantos que a éste suele dejárselo de lado. La política ambiental debe trazarse con coherencia (en relación de las demás políticas) para evitar conflictos, y ese es también un problema para el Mercosur. (Si la unión regional pretende avanzar, debería tener en vista para el futuro, que las políticas ambientales son puntos coflictivos. Lo que sucede de un lado del río repercute del otro. Pero por ahora esto es mucho pedir para el Mercosur que hoy tenemos).

Así cómo nuestros gobiernos se esmeran en liberalizarnos, desregularnos y flexibilizarnos para atraer inversiones, deberían esmerarse en protegernos, y a nuestras generaciones futuras. Las ventajas comparativas son pocas cuando una economía es inestable. Un gobierno no debe “bajarse los pantalones” con tal de retener un inversor si ello supone ceder la salud de la población.

Lo que yo veo es que el Banco Mundial, los países ricos o desarrollados, y nuestros gobernantes creen que nuestros países latinoamericanos están un escalón más abajo; que porque nuestras economías están tan magulladas, el hecho de cuidar el medioambiente pasa a un segundo plano. Tal como sucedía antaño con las economías “centrales”, no se preocupaban del medioambiente porque el problema “más grave” era la desocupación. Pareciera que preocuparse del medio ambiente es un "lujo" que sólo pueden darse los países cuyas economías han alcanzado una cierta estabilidad y procura un nivel bastante generalizado de bienestar. Pero no se debe a una moda, o a un afán de copiar a los países más prósperos que Kirchner se empeña en su postura. Las garantías de que las cosas serán bien hechas no las dará la empresa, ni el BM, es una tarea de los gobiernos locales, y en ellos no tenemos confianza. Es por ello que el pueblo sale a la calle, para defender lo que nadie más parece defender: el futuro de sus hijos. Claro que no habrá futuro sin trabajo, pero con contaminación no habrá vida. Creo que en este momento, esta situación debería servir para repensar con seriedad nuestra política ambiental, y mejorarla. De nada sirve oponerse sin estar preparado para el choque y sin una alternativa. Si la empresa extranjera está dispuesta a respetar la ley, entonces démosle una ley que respetar, enmarcada en una política coherente, que prevea el control y eventualmente la sanción, como debe ser. Hasta ahora, la cada vez más trillada frase vuelve a dar en el clavo: Mucho ruido y pocas nueces.