Rubén Vargas, especialista en narcotráfico y seguridad, encabezó el plan de gobierno de Peruanos Por el Kambio en materia de políticas antinarcóticos. Al iniciarse el proceso de transferencia advierte de los desafíos mayúsculos que enfrentará el nuevo gobierno.

–La respuesta del gobierno fue doble. La primera, la del Alto Huallaga, con erradicación sistemática y programas de cultivo alternativo. Consolidó lo que se había avanzado en los últimos 15 años, invirtió en programas sociales y algunos proyectos de infraestructura. Se terminó de liquidar al grupo de Sendero Luminoso con la captura de Artemio. Finalmente, se entró al Monzón cuando ya se tenía el terreno bastante trabajado. Eso estuvo bien y hay que reconocerlo. Pero lo que se abandonó fue el Vraem, el principal centro de la cocaína en el Perú.

–Efectivamente, se repartió el Alto Huallaga para la Policía y el VRAEM para las FFAA. Pero lo más importante fue equivocar el problema. A pesar de las acciones terroristas el principal problema fue y es el narcotráfico.

–Esa es la palabra. Son más de S/ 8 mil millones que se han invertido en el VRAEM. Son 8,500 militares y 1,500 policías en el VRAEM, 45 bases contrasubversivas. Helicópteros, unidades anfibias, plataformas de inteligencia. Una logística militar como no hay en ninguna parte del país. Y con toda esa parafernalia en el VRAEM se incauta solamente el 2% de lo que se produce. Y de ahí sale más del 70% de las 450 toneladas de cocaína que exporta anualmente del Perú. Esa estrategia nos hizo perder mucho tiempo e hizo que el narcotráfico se consolide, al punto que regrese el puente aéreo y actúen con total impunidad.

–Son tres cosas: primero, hay un problema fundamental de corrupción. Las escuelas policiales de Ayacucho y las unidades policiales han sido penetradas por el narcotráfico. Tenemos comisarías enteras involucradas con algún eslabón de la droga, traficando con insumos químicos. Lo segundo es el burocratismo, la desidia de los vinculados a la política antidrogas. Lo tercero es ese miedo que hay por el costo social de enfrentar al narcotráfico. Las organizaciones en torno a los cocaleros todavía tienen una presencia.

–Se nota especialmente en el tema de las narcoavionetas. Se han registrado muchos aeropuertos clandestinos cerca de las bases contrasubversivas. En Valle Esmeralda se habla de un tráfico aéreo muy intenso. El equipo especial de la Dirandro que trabaja con la DEA alertó sobre el traslado de la cocaína desde el VRAEM hasta el Callao utilizando helicópteros de las FFAA. Casi como en los 90. Tenemos signos clarísimos de penetración. El gran pasivo del gobierno de Ollanta es el VRAEM. Es una bomba de tiempo.

–Una de las decisiones equivocadas que tomó el presidente Humala fue fue retirar a Devida de los programas alternativos en el VRAEM. Se lo encargó a Agricultura como programa de autoerradicación. Se pusieron 5 mil hectáreas como meta el 2014 y no pudieron reconvertir ni una sola. El 2015 se volvieron a poner esa meta y de nuevo fracasaron. A la fecha en el 2016 se estarían reconvirtiendo 1,500. Devida tiene el expertise como para poder entrar al VRAEM.

–El gobierno empezó con una terrible indefinición, no sabía si erradicar o promover los cultivos de coca. Soberón hizo el papel que había hecho siempre: asesor de las organizaciones cocaleras que sabotea la erradicación.

–Tampoco pudo entrar al VRAEM y en consecuencia el Ministerio de Agricultura asume la responsabilidad.

–PPK ha asumido la responsabilidad de enfrentar este problema, que no se puede dejar debajo de la alfombra. Convocó un equipo interesante y el plan de gobierno es resultado del trabajo de varios años de este equipo. Los narcoindultos hicieron que el electorado castigue a Alan García. La candidata de Fuerza Popular perdió básicamente por su falta de reacción ante la evidencia de tener a dirigentes investigados por narcotráfico. La opinión pública entiende que los sicarios que asesinan gente en el Callao son consecuencia del reacomodo de las organizaciones dedicadas al narcotráfico.

–Hay que llevar el Estado al VRAEM en materia de servicios básicos. La población no toma agua potable, toma agua entubada de las quebradas que están siendo utilizadas por los narcotraficantes. Probablemente después de Madre de Dios es la región con aguas más contaminadas. Hay un problema de interconexión eléctrica. Los cortes son constantes y la cobertura muy limitada. ¿Cómo puedes promover desarrollo si no hay energía? Las escuelas están abandonadas. Necesitamos llevar profesores con un bono especial. Están los profesores de miércoles: dictan solo un día y los alumnos están abandonados. En términos de infraestructura, es cierto que se está terminando de asfaltar la carretera Quinua- San Francisco, pero necesitamos construir de 10 a 15 puentes que conecten los poblados del Valle. Es una inversión importante. Lo mismo se hizo en el Alto Huallaga, lo que permitió desarrollar el café y el cacao. Y hay que controlar la explosión de los cultivos de coca. La SUNAT no puede seguir divorciada de la Policía y el Ministerio Público en el control de los insumos químicos. Necesitamos que el escáner en Machente funcione adecuadamente. Ahí hay un tema de corrupción. Necesitamos completar el marco legal de la interdicción aérea y que la FAP haga su trabajo. Finalmente, la Policía tiene que enfrentar al narcotráfico con colaboración de las FFAA, no al revés.

–Uno, tiene que haber un gran acuerdo nacional para que el Congreso le otorgue facultades de investigación a la Unidad de Inteligencia Financiera. Que pueda levantar el secreto bancario y la reserva tributaria a todos los funcionarios públicos, uniformados o no, que están o estuvieron en el VRAEM. Dos, que las Cooperativas de Ahorro y Crédito, que son los principales centros de lavado de dinero en el país, estén supervisadas por la Superintendencia de Banca y Seguros. Tres, que el control de insumos químicos se sistematice bajo una tecnología que corte los procesos burocráticos.

–El negocio está bajo un proceso de metamorfosis. En los 90 teníamos una estructura casi piramidal, con el jefe de una firma con camisa hawaiana y vedettes al costado. El negocio se ha “democratizado” tanto que tenemos algunos clanes familiares pero son más pequeñas organizaciones que actúan en alguna parte en los eslabones del acopio y el despacho final. En el VRAEM tenemos al campesino que vende la coca al mercado informal; un cocinero-pocero que es contratado por cualquiera que quiere producir 10, 20 o 100 kilos de PBC; otro grupo que consiguió abrir un aeropuerto; y otro grupo que se encarga de trastear la droga al punto de acopio. Son grupos no conectados entre ellos. Services que se van tomando según se necesiten. Por esa razón hay más violencia.

–Exactamente. Por eso es que el negocio se torna cada vez más violento. No solo en el Callao sino en cualquier ruta de la droga. Siempre terminan con los servicios del sicariato.

–El gran mercado en este momento es Brasil. Ahí se consume una tonelada diaria de cocaína. Sale principalmente del Perú. La tendencia del consumo está creciendo. Tenemos un serio problema, antes el consumidor estaba en Europa y EE.UU. Ahora es un país colindante.

–Sobre todo a través de la gran plataforma de Bolivia. Desde Madre de Dios. El 70% de esas avionetas terminan en Bolivia. Rebajan la cocaína –que tiene un 98% de pureza– dos, tres veces y esa cocaína adulterada la llevan a Brasil. Otras avionetas cruzan directamente a Brasil y también la ruta fluvial, que sale del Alto Huallaga, pasa por el río Ucayali, Caballococha, Amazonas y entra a Maynas.

–Los informes de monitoreo señalan que tenemos un poco más de 42 mil hectáreas a nivel nacional. Pero nunca se ha incautado más del 8% de producción de cocaína a nivel nacional. En Colombia tienen más coca pero incautan siempre entre 30% y 40%. Por eso el Perú es el principal exportador. 

No es igual que la región San Martín en cuanto a terrenos agrícolas. Es una cadena de montañas con una geografía muy difícil. Son tierras escasas para la agricultura, además depredadas. Lo que tenemos que hacer es desincentivar el cultivo de la coca y aplicar una estrategia integral. Los programas de piscicultura adquieren importancia, por ejemplo. Hay que ir a ofrecer las posibilidades a los propios campesinos, no necesariamente a las organizaciones que tienen sus propios intereses. En el VRAEM son unas 250 mil familias, pero hay mucha agricultura migratoria en los meses de cosecha de coca. Hay que bajar los precios de la coca a niveles por debajo de sus precios de producción, para que el campesino se sienta obligado a migrar a otros productos.

–Ha oscilado entre S/ 90 y S/ 120 la arroba. En época de lluvia baja porque no hay avionetas ni compradores, y baja a S/ 80. Las temporadas altas empiezan ahora con el verano. Debería bajar por debajo de S/ 50, S/ 60 y mantener ese precio por un año, año y medio. Ahí el Estado entra con fuerza.