El Ministerio de Seguridad, conducido por Patricia Bullrich, dejó caer las compensaciones que el Estado Nacional pagaba a quienes aporten datos para encontrar a 21 prófugos por delitos de Lesa Humanidad, entre los que se encuentran 2 genocidas bahienses.
El pasado 24 de marzo se dieron de baja las recompensas del Estado para encontrar a genocidas prófugos, y de las 22 fotografías de represores que figuraban entre los buscados, solo queda una.
Según la ley 26.375 (sancionada en 2008), el establecimiento de recompensas debe realizarse a través de una resolución, cuya vigencia se extiende por 12 meses. Tras ese plazo, la autoridad de aplicación podrá prorrogarla de forma sin límite.
En este contexto, el Ministerio de Seguridad decidió no prorrogar la resolución 189/2023 firmada por el entonces Ministro Anibal Fernández, y dejó caer 21 recompensas.
La única que se mantiene es la de Aníbal Miguel Sánchez, quien estuvo a cargo del área de Personal del Regimiento de Infantería 6 de Mercedes, cuya resolución fue firmada el 11 de abril de 2023 (a pedido del juez federal Daniel Rafecas). Si no es renovada por la cartera, el próximo jueves también será dada de baja.
Desde el Ministerio de Seguridad no dieron detalles sobre la razón de la decisión, pero aseguraron que "estamos poniendo el dinero en casos gravísimos en Rosario". Lo cierto es que las recompensas no implican un gasto importante para el Gobierno.
Sin embargo, parece tratarse de una decisión política por parte del Gobierno, ya que está en línea con los dichos del Presidente Javier Milei sobre la necesidad de una "reconciliación" con las Fuerzas Armadas en el acto por el aniversario de Malvinas.
Por su parte, Bullrich ya se había expresado al respecto durante la última campaña presidencial, en la que había prometido una solución para los militares "injustamente presos".
Según el periodista Carlos Pagni, la Ministra está trabajando en una resolución para favorecer la excarcelación de los represores detenidos. Sin embargo, una decisión así incurriría en un avasallamiento del Poder Judicial.
Impacto en Bahía Blanca
De las 36 personas en rebeldía de las causas de Lesa Humanidad que contabiliza la Procuraduría de Crímenes Contra la Humanidad, dos pertenecen a la jurisdicción de Bahía Blanca: Carlos Alberto Arroyo y Miguel Ángel García Moreno.
En el caso de Arroyo, una publicación lo da por muerto. Sin embargo, la causa en la que es juzgado no da certifica esta información. Entre tanto, García Moreno se encuentra prófugo desde 2008, fecha en la que había sido convocado por un juez.
El fiscal federal Miguel Palazzani envió un oficio al Ministerio de Seguridad tras constatar su ausencia entre los buscados del Estado Nacional, consultando si se dio de baja la compensación.
Además, solicitó que, en caso de ser así, se restablezcan las recompensas inmediatamente, y se actualicen sus montos. Cuando se le consultó al respecto, remarcó:
"No conozco la razones por las cuales se tomó esta decisión, pero afecta el proceso de justicia. Desconozco si se tomó la misma determinación con los prófugos por delitos menos graves que los de lesa humanidad".
Megacausa ESMA
Entre los juicios afectados por la situación también está la Megacausa ESMA, que investiga los crímenes cometidos en la Escuela de Mecánica de la Armada y cuenta 3 prófugos.
Se trata de Roberto Oscar González, quien espera ser extraditado desde Brasil; Juan Carlos Linarez, un oficial de la Policía Federal en rebeldía desde 2009; y Jorge Vildoza, quien habría fallecido en Sudáfrica según su familia, aunque luego se constató que la documentación aportada era falsa.
El fiscal Félix Crous manifestó sobre el tema que "es sumamente sugestivo lo que pasó", y adelantó que "haremos alguna presentación para que los tribunales insistan con la permanencia de la recompensa".
Entre tanto, la abogada querellante Guadalupe Godoy expresó que "esta decisión nos permite comprobar que efectivamente desde todos los ámbitos del Estado nacional se van a llevar adelante políticas de impunidad", "trascendiendo el plano discursivo y el simbólico".
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