Para alcanzar un grado de Licenciatura en Economía en la Universidad Nacional del Sur, Ignacio López Ravera destinó su práctica profesional supervisada en el Centro Regional de Estudios Económicos de Bahía Blanca (CREEBBA) a la elaboración de una Canasta Básica Universitaria que resulte en el costo mensual de quienes arriban a la virtual capital regional desde fuera de la ciudad sede.

Además de confirmar el proceso inflacionario de los últimos meses, el nuevo registro –constituido a partir de una encuesta sobre medio millar de casos para valores base de junio, con actualización por los ítems del Índice de Precios al Consumidor del CREEBBA- ofrece la oportunidad de analizar la dinámica de la economía regional desde una variable tan naturalizada que pasa a quedar fuera de la observación.

Desde que hace 77 años y doce días el por entonces naciente peronismo creó el Instituto Tecnológico del Sur, Bahía Blanca comenzó un camino casi ininterrumpido de consolidación como cabecera regional de estudios universitarios. A la creación del ITS se sumaron luego su transformación en la UNS, el surgimiento de la Facultad local de la Universidad Tecnológica Nacional y la incorporación de institutos públicos y privados de enseñanza superior.

Ese trayecto histórico de la educación estatal, aunque no siempre gratuita, permitió a la ciudad evitar la diáspora de jóvenes en busca de estudios académicos y atraer una constante migración interna desde la zona más próxima. El impacto en la economía local es ahora cuantificable: según el trabajo de López Ravera, cada estudiante de la región desembolsaría casi 188 mil pesos mensuales. Anualizados, serían –a valores de septiembre- más de dos millones per cápita.

De dónde vienen y hacia dónde van esos recursos, con consecuencias positivas o negativas, asoman como interrogantes interesantes en un momento en que una porción de la sociedad bahiense parece ignorar o despreciar el aporte de lo público a su economía.

Lejos de casa

Otro reciente trabajo estadístico arroja datos precisos en torno al porcentaje de personas que llegan a la UNS, la principal casa de estudios de la zona, desde fuera de su ciudad sede: representaban algo más de la mitad en 2017 y el número se contrajo a 45,5% para el año siguiente, manteniéndose desde entonces prácticamente constante. En 2022 había recuperado un punto, ubicándose en 46,5%. Para ese momento, la población estudiantil total de grado o pregrado orillaba en la UNS las 30 mil personas.

Esos datos colocan a la cifra de alumnas y alumnos provenientes de fuera de Bahía Blanca alrededor de 13.500, solo considerando a la UNS. Con los números estimados por López Ravera en su elaboración de la Canasta Básica Estudiantil, representarían unos 27.000 millones de pesos anuales que un flujo centrípeto de recursos acercaría anualmente desde pueblos y pequeñas ciudades de la región a la cabecera universitaria.

Sólo esos cálculos, sin contar el pago de salarios de la UNS y la inversión en obras o proveedores, arrojan que la principal academia pública nutre a Bahía Blanca con casi 100 mil pesos por habitante cada año. Por su lado, el presupuesto de la UNS para 2023 es de algo más de 13 mil millones de pesos. La mayor parte se vuelca al consumo en la ciudad, porque alrededor del 90% corresponde al pago de sueldos.

La distribución de los recursos que la región desembolsa en Bahía Blanca en este concepto tiende a concentrar más de un tercio de ellos en la renta inmobiliaria: según el estudio de López Ravera, serían 70 mil pesos por estudiante por mes, o más de 11.000 millones anuales a valores de septiembre pasado. El destino de esos fondos, si dinamizan la economía local o no lo hacen, merece una auscultación específica.

Lo cierto es que, además, la demanda habitacional de la comunidad estudiantil presiona sobre el mercado local, que registra una merma en la oferta por la lógica porteñocéntrica de la legislación sobre alquileres y la carencia de penalidades a la vivienda ociosa o estímulos para que sea ofrecida en alquiler. La actual regulación agravó la relación, porque elevó de dos a tres años los plazos mínimos de contrato y, por ello, el tiempo que una casa o un departamento permanecen fuera de la oferta. Los números finales del censo 2022, que tal vez se conozcan para cuando se esté recogiendo el de 2032, acaso contribuyan a dar una idea más completa sobre el panorama habitacional local.

Durante la pandemia, cuando la emergencia sanitaria obligó a suspender las clases presenciales, el mercado inmobiliario bahiense sintió la baja en la demanda y los alquileres se renovaban a los valores previos, aun en contexto ya inflacionario. En términos reales, bajaron. El panorama volvió a variar cuando se reinició la presencialidad en los cursados. De ese modo, se verifica cómo se trata de un factor que no afecta sólo a la población estudiantil, sino a la parte de la sociedad que debe alquilar el lugar donde vive.

La virtualidad, el interrogante por responder

La educación a distancia podría ser una llave para imprimir una dinámica distinta, que la UNS intentó también por vía de la descentralización de la presencialidad, con el Programa de Estudios Universitarios en la Zona.

Sin embargo, la implementación de la virtualidad adjunta inconvenientes:

• el conservadurismo de algunos sectores y la resistencia a modificar lo establecido, en aras de la preservación de las viejas formas de sociabilidad, aunque no se haya probado que los noviazgos universitarios sean necesariamente de mejor calidad que los de pequeñas ciudades o pueblos;
• el retraso en el desarrollo de programas de virtualización de la enseñanza de grado, que la UNS recién encaró en 2019, debiendo acelerar forzosamente su puesta en marcha por la emergencia pandémica del año siguiente;
• la imposibilidad de utilizar en lo inmediato la pericia generada por esa situación excepcional, dado que la implementación definitiva de la modalidad a distancia requeriría la adaptación de los planes de estudio, con largos trámites de acreditación ante el organismo nacional encargado de validar las carreras; y
• los resultados académicos de la utilización de la virtualidad, que –al menos en la experiencia surgida de la pandemia- no son uniformes y se muestran favorecidos o perjudicados por la modalidad, según la cohorte estudiantil.

De todos modos, otra realidad se hace presente: existen ya universidades privadas e incluso públicas que acercan al sudoeste bonaerense la oportunidad de cursar a distancia carreras de grado que integran también la oferta académica de la UNS.

Dos casos-testigo son los de las Universidades Nacionales de Quilmes y Avellaneda, en las que puede cursarse por vía virtual Contador Público y Licenciatura en Gerencia de Empresas, respectivamente. Con ese dato se comprende que el Departamento de Ciencias de la Administración de la UNS haya sido el principal impulsor de un reciente proceso de descentralización, llevando sus carreras a Coronel Suárez y Monte Hermoso. Respecto del año del anterior censo de población, la cantidad de ingresantes de la Licenciatura en Administración de Empresas creció en la UNS por encima del incremento demográfico bahiense. No ocurrió lo mismo con Contador Público, que en 2010 comenzaron 391 personas y 330 en 2022.

La amenaza puede hallar una explicación en la disparidad de valores. Estudiar en la UNS demanda los 188 mil pesos mensuales que calculó para septiembre la nueva Canasta Básica Estudiantil, mientras que el cursado a distancia requiere de una computadora, conexión a internet y eventualmente pasajes para viajar a la sede a rendir los exámenes finales. La cuota, si la hay, suele ubicarse muy por debajo de la sumatoria de valores de alquiler y alimentación.

No obstante, existe un riesgo de efectos aún más inmediatos y preocupantes. Un eventual arancelamiento de las Universidades públicas destruiría las economías familiares, pero además impactaría sobre la colectiva, tanto en Bahía Blanca como en la región. El cálculo de una cuota dependería de cuánto de lo remitido por el Estado Nacional se pretenda reemplazar con la esquilma de bolsillos particulares. Es esperable que una porción del estudiantado deba abandonar o buscar trabajo, sobrecargando la relación oferta-demanda del mercado laboral y presionando a la baja los salarios. Como fuere, los fondos que pudiera absorber un arancelamiento se restarían al consumo local. El efecto inverso al que tienen las políticas de acompañamiento estudiantil de las Universidades u otros organismos del Estado.

Las variables son múltiples y empujan en diversos sentidos, sin evidenciar todavía una conclusión nítida en cuanto a los caminos de solución. Cualesquiera sean, lo que parece indiscutible es que la educación pública aporta a Bahía Blanca no sólo una herramienta para la proyección de su propio desarrollo, con la generación de materia gris, sino recursos para transitar su día a día. A diferencia de lo que ocurre con las posibles soluciones, los peligros sí son claros.

A la canasta es una publicación original de El Ágora Digital.