La defensa de la educación pública de hoy se enlaza con la recuperación de la militancia estudiantil de hace cuatro décadas, en la reapertura democrática luego de la última dictadura. Esta semana se estrena una serie de cortos documentales que refleja la época.
El domingo 17 fue el Día de Profesores y Profesoras y el jueves 21 el de las y los Estudiantes. Ambas fechas se transitaron que en el ámbito universitario local con la preocupación, propia de estos tiempos, por la continuidad del acceso a la educación pública. Durante el último bimestre, se plasmó en declaraciones que reafirmaron el compromiso académico local con el derecho conquistado.
Esta semana tuvo su más reciente manifestación con la jornada convocada por organizaciones estudiantiles, Docentes y no docentes de la UNS y el comunicado emitido por su Asamblea Universitaria, que replicó el que en el mismo sentido aprobó semanas antes y por unanimidad el Consejo Superior y cristalizó en el plano institucional algunos de los conceptos incluidos previamente en un documento suscripto por medio millar de firmas de la comunidad universitaria.
El Rectorado, a su vez, había requerido que las fuerzas políticas en pugna explicitaran su posición sobre el tema y -junto a pares de otras Universidades- consiguió que el sector más reaccionario de Juntos por el Cambio se pronunciara en defensa de la educación pública y gratuita. No fue un logro menor, si se tiene en cuenta que la candidata presidencial Patricia Bullrich venía de tergiversar torpemente estadísticas para deslegitimar a casas de estudios públicas. Una de ellas, de esta zona: la Universidad Nacional de La Pampa.
De ese modo, de las tres fuerzas políticas con posibilidades reales de llegar a la Casa Rosada sólo La Libertad Avanza continúa cuestionando al sistema público de educación y ciencia, aunque sus principales candidatos locales –que se dedican a la docencia y la investigación- abjuraron de los dichos del candidato presidencial de su espacio en la materia.
Pasado y presente
Cualquiera sea el resultado nacional de octubre o noviembre, el calendario electoral desembocará en el cuadragésimo aniversario de la recuperación democrática tras la última dictadura cívico militar, el terrorismo de Estado y la guerra de Malvinas.
Por ello, son especialmente relevantes las actividades que recuperan la militancia estudiantil de la época, luego de los nueve años años de persecución que comenzaron con la ocupación de la sede local de la Universidad Tecnológica Nacional por la patota de la autodenominada Alianza Anticomunista Argentina.
Esta semana se estrenará una serie de cortos documentales que recogen testimonios de ocho militantes de distintos centros de estudiantes de la UNS, ideologías y pertenencias partidarias. La continuidad ininterrumpida de la democracia argentina permitió que, en varios casos, se convirtieran luego en docentes y continuaran participando de la política institucional.
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Memorias de militancia. Democratización de los centros de estudiantes de la UNS (1983) se proyectará por primera vez el miércoles 4. Como introducción, el docente e investigador José Marcilese explicará la vinculación entre “política y universidad en la transición democrática argentina, 1982-1983”. Marcilese es director del Archivo de la Memoria de la UNS, organismo que junto a la Dirección de Medios Audiovisuales de la misma institución produjo el material a estrenar. Además del historiador, del trabajo participaron su colega Celeste Napal, Antonella Laiuppa y Emiliano Ayestarán.
En el Centro de la escena
La elección del año en que Marcilese fechó el tema de su disertación no es antojadiza: 1982 marcó la reorganización de los centros de estudiantes de la UNS, cuya reapertura precedió en varios meses a la institucionalización del país y de la misma casa de estudios, que durante el terrorismo de Estado había perdido a buena parte de sus mejores cuadros docentes, no docentes y estudiantiles. Algunos de esos casos de persecución dictatorial forman parte de una causa judicial recientemente abierta, a solicitud de la Unidad Fiscal bahiense.
La reaparición de los centros de estudiantes tuvo como puntal inicial al de Ingeniería y Agrimensura (CEIA), área académica a la que había pertenecido el dirigente estudiantil comunista David “Watu” Cilleruelo. Su asesinato en los pasillos de la UNS, cuando acababa de ser electo secretario general de la Federación Universitaria local (FUS), marcó en abril de 1975 la aceleración de un espiral represivo que terminó de desplegarse con la intervención militar. Rápidamente reaparecieron otros centros, siempre conformados a partir de afinidad disciplinar, y la FUS que los agrupaba.
“La idea es que esta información circule, entre estudiantes y la comunidad universitaria toda, para dar cuenta de lo que fue la dictadura y de la importancia de la dinámica democrática para regular la vida universitaria: algo que hoy aparece totalmente naturalizado, pero que no siempre fue así”, anticipó Marcilese a El Ágora.
La recuperación de la democracia en el mundo académico local, destacó, “fue producto de la lucha concreta de un conjunto de personas, estudiantes y miembros de otros estamentos de la comunidad universitaria”. Cerca del cuadragésimo aniversario de la finalización de la dictadura, explicó, “nos interesó tomar esas fechas, dado que para entonces los únicos organismos que vuelven a ser plenamente democráticos en sus dinámicas son los centros de estudiantes, porque la Universidad va a demorar aún otros dos años en constituir sus órganos de gobierno y elegir al primer rector del periodo”.
Ilusión y desencanto
La pérdida de buena parte de la generación precedente no alcanzó a apagar la llama contestataria de las nuevas cohortes de estudiantes, que hicieron resurgir las banderas del peronismo, el comunismo o la Franja Morada radical. Cuando en octubre de 1983 Raúl Alfonsín ganó las elecciones presidenciales, el radicalismo universitario quedó mejor posicionado en su expectativa de incidencia para el periodo que se abría.
La ilusión no duraría mucho tiempo, y la ruptura de buena parte de la juventud morada con el alfonsinismo ocurrió bastante antes de lo que suele creerse: vastos sectores no llegaron a desencantarse durante la Semana Santa de 1987, porque ya lo habían hecho cuando el entonces Presidente determinó los nombres de quienes encabezarían en las Universidades Nacionales los Rectorados normalizadores.
La Franja Morada propuso a jóvenes más emparentados con ideales progresistas e incluso con posicionamientos contestatarios, pero Alfonsín optó por veteranos dirigentes conservadores. Tampoco reestableció la ley universitaria anterior al terrorismo de Estado, que habilitaba la participación de no docentes en la política institucional, abría el ingreso a personas sin estudios secundarios completos y prohibía la vinculación del ámbito académico con capitales transnacionales.
Para la UNS, Alfonsín designó rector normalizador a Pedro González Prieto, que había ocupado el mismo cargo durante la dictadura que derrocó al gobierno constitucional de Juan Domingo Perón. Ese antecedente personal de 1955 confluyó con una constante nacional de 1983: las gestiones normalizadoras abrieron sólo parcialmente la reincorporación de docentes perseguidos durante el periodo previo y no anularon los concursos amañados para reemplazarlos. Tampoco expulsaron a notorios criminales, como el nazi rumano Remus Tetu: la gestión de González Prieto elaboró un minucioso informe sobre su nefasta intervención de 1975, sin omitir detalle, pero no aplicó a Tetu sanción alguna. El movimiento estudiantil reclamaba la cesantía, que nunca llegó. Fue un momento que las y los militantes de la época, y en particular quienes se encuadraban en el radicalismo, recuerdan con especial decepción. Frente al escenario imperante, se constituyó la disidente Franja Morada-Corriente de Liberación Nacional.
Como contrapartida del cuadro general, la normalización de González Prieto encomendó la Secretaría General Técnica –la de mayor responsabilidad operativa- al futuro rector Ricardo Gutiérrez, un joven que antes de la dictadura había sido electo decano del Departamento de Economía en comicios de gran participación estudiantil. Su designación fue uno de los pocos gestos que, al menos simbólica y nominalmente, emparentó ambas primaveras políticas. En los primeros meses de la democracia, y hasta la puesta en marcha de un gabinete, Gutiérrez debió ocuparse también de tareas asistenciales y de extensión. No se desmarcó del oficialismo de la época pero algunas demandas del sector, como la reapertura del comedor universitario o la eliminación de restricciones para el ingreso, fueron atendidas.
En el verano de 1985 a 1986 la UNS comenzó su primer proceso electoral en más de diez años. La Asamblea Universitaria se conformó a partir del voto de docentes y estudiantes, y fue la encargada de determinar quién sería el primer rector de la recuperada democracia. Allí se abriría otra historia: la de una década que llegaría hasta el debate por una nueva Ley de Educación Superior, ya en tiempos del menemismo.
La controversia sobre el mecanismo de elección del Rectorado, si directa o a través de un cuerpo colegiado, persiste aún. Lo mismo ocurre con los alcances de la autonomía, si más allá o más acá del voto popular. De cualquier modo, el periodo de gestiones universitarias surgidas de las urnas se encamina a cumplir, en menos de treinta meses, cuarenta años de vigencia. Que no se corte.
Pública y gratuita es una publicación original de El Ágora Digital.
