Como era de esperarse, el juzgado neoyorquino en el que tramita la causa que un fondo Buitre financia contra Argentina por la expropiación de YPF falló en contra de nuestro país pretendiendo obligarlo a pagar 16mil millones de dólares como resarcimiento por la decisión soberana del Estado Nacional tomada en 2012 por el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y que hoy le permite estar a las puertas del autoabastecimiento energético.

El tema, como analizara en la nota del 30 de julio titulada “YPF si, colonia no”, pone de manifiesto una vez más la distancia sideral entre quienes defienden la soberanía nacional en pos de las posibilidades de desarrollo que el autoabastecimiento energético puede proveer, y quienes defienden, ante todo, el interés privado aún poniendo en tela de juicio lo establecido por la propia Constitución Nacional y la Ley de Expropiaciones, atribuyéndole más importancia al estatuto de una empresa privada.

Para ponerlo más claramente, cito aquella nota del 30 de julio en la que escribía que “lo que defienden (la oposición político-mediática) es un interés empresario en función del estatuto de la YPF privatizada que establecía en su artículo 7^mo que quien quisiera comprar más del 15% de las acciones de la firma debía hacer la misma propuesta a todos los accionistas y no solo a Repsol, mientras que el Estado solo adquirió, mediante el proceso de expropiación establecido en el art. 17 de la Constitución Nacional y la Ley 24.430 de Expropiaciones, el 51% de las acciones que poseía la mencionada Repsol.” Agregaba que “como en toda expropiación, se estableció la causa de utilidad pública y mediante ley del Congreso de la Nación se estableció la expropiación con todo y la compensación correspondiente.”

Ante la decisión tomada en la última semana por la jueza Loretta Preska lógico es preguntarse por qué una decisión soberana del Estado Nacional se transforma en una causa tramitada en un juzgado estadounidense.

En este sentido, la respuesta es sencilla: es resultado del proceso privatizador que, entre otras acciones violatorias de la soberanía, estableció que cualquier posible controversia judicial tendría como jurisdicción ese tribunal.

Otro tanto con Aerolíneas, con la deuda externa, etc. No casualmente el antecesor de Preska en ese juzgado, el inefable Thomas Griesa, falló sistemáticamente a favor de distintos Fondos Buitre y en perjuicio de Argentina.

El cuco siempre está y tiene dos caras (parecidas)

En 1977 se creó en Córdoba la Fundación Mediterránea, integrada inicialmente por 34 empresas de esa provincia (hoy son más de 400 de todo el país) con el objetivo formal de investigar los problemas económicos de Argentina y Latinoamérica, llevando adelante esa tarea investigativa a través del Instituto de Estudios Económicos sobre la Realidad Argentina y Latinoamericana (IERAL). La fecha de fundación, al año del golpe de Estado de 1976 es cualquier cosa menos casual.

En 1979 la fundación firmó un acuerdo de investigación con la Secretaría de Coordinación y Programación Económica del Ministerio de Economía a cargo de Guillermo Walter Klein, titular de un estudio jurídico que lleva su apellido y director de diversas empresas.

El Ministerio, claro, estaba en manos del inefable José Alfredo Martínez de Hoz. La investigación emanada del acuerdo se publicó en la revista de la fundación llamada “ Estudios”, que era dirigida por Domingo Felipe Cavallo, quien a partir de 1981 se sumó formalmente al gobierno de facto ocupando la Subsecretaría Legal y Técnica del Ministerio del Interior para pasar a ser Presidente del Banco Central en 1982, año en el que nacionalizó la deuda externa privada contando para ello con la colaboración de Carlos Melconián, quien hace días fue presentado como el ministro de economía de un hipotético gobierno de Patricia Bullrich y que en la actualidad es el director del IERAL.

Por si hiciera falta recordarlo, Cavallo luego fue Ministro de Economía del gobierno de Carlos Menem implementando el esquema de convertibilidad que establecía el artificial tipo de cambio “1 a 1” en lo que se privatizaron los canales de TV, siendo “El Trece” el primero, Aerolíneas, el Encotel (Correo Argentino), Entel (Telefónica), el servicio de ferrocarriles de pasajeros y de carga y, por supuesto, YPF.

Cuando Cavallo dejó el Ministerio de Economía en la última época del gobierno menemista, fue reemplazado por Roque Fernández, del Centro de Estudios Macroeconómicos de Argentina (CEMA) que defiende al igual que la Fundación Mediterránea las ideas liberales devenidas en neoliberales, abogando todavía con mayor vehemencia que aquella a favor de recetas monetaristas y de reducción de las funciones del Estado.

Si la Mediterránea va con Bullrich a través de Melconián, el CEMA va con Javier Milei a través del mencionado Roque Fernández, Carlos Rodríguez y Diana Mondino. Es interesante observar las manifestaciones públicas recientes de estos economistas quienes han puesto en tela de juicio la posibilidad de aplicación inmediata de “propuestas” como la dolarización o la salida del llamado “cepo cambiario”.

No obstante eso, lo que queda claro es que, venga por el lado de Bullrich o Milei, si el triunfo en las elecciones generales llega a corresponder a la extrema derecha que ambos representan las ideas neoliberales serán las que rijan el rumbo económico del país y respecto del tema que hoy nos convoca, que es nada menos que YPF, el ataque buitre y el fallo de la jueza Preska, ese no es un tema menor.

Melconián es un activo defensor de los intereses de los fondos buitre, a punto tal que junto con ellos demandó al Estado Nacional en su condición de titular de 800 mil dólares en bonos y, siendo presidente del Banco Nación durante la presidencia de Mauricio Macri, cobró su parte cuando este decidió el pago a los mencionados buitres.

Por su parte, Milei en su calidad de talibán pro-mercado manifestó en repetidas ocasiones que de ser presidente privatizará a la petrolera.

En síntesis, tanto Juntos por el Cambio como La libertad avanza llevan en su constitución genética la privatización que devino en los problemas de abastecimiento energético que a su vez derivaron en la renacionalización de YPF, la demanda buitre y el consabido fallo de Preska que, por supuesto, el Estado apelará.

A todo esto, el gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, calificó el fallo como un “absurdo jurídico” al pretender poner por encima de la Constitución el estatuto de una empresa privada, a la vez que cuestionó a la oposición y a la prensa hegemónica por estar “siempre del lado del lado de los buitres del extranjero”.

Repaso: Burdford, el buitre de turno

En la ya mencionada nota titulada “YPF si, colonia no”, indicaba que “Burford Capital fue fundado en el 2009 por el abogado canadiense Christopher Bogart quien venía de desempeñarse como director jurídico del emporio Time Warner. Su creación adquirió en dos procesos, en 2008 y 2011, los litigios que las sociedades Petersen de la familia Eskenazi iniciaron contra YPF por la expropiación de las acciones que llevó adelante el gobierno de Cristina Kirchner renacionalizando la petrolera”, agregando que “a diferencia de otros fondos buitre, Burford no adquiere bonos depreciados para luego litigar en algún tribunal amigo en reclamo del valor nominal (y más) de esos papeles, sino que financia acciones legales de privados en contra de estados soberanos para cobrar su jugosa parte al final del ciclo”, señalando además que “no obstante la diferencia, el modus operandi no deja de tener el mismo sentido: un fondo de inversión sobrevuela causas, expedientes, denuncias y litigios para determinar dónde y de qué manera sacar tajada y se lanza en picada sobre la posibilidad sin ausencia de una red de contención que, en este caso, se llama poder judicial estadounidense.”

La conclusión de siempre

Argentina, en medio de la particular coyuntura que desgarra el hoy, se encuentra a las puertas del autoabastecimiento energético y ante la chance de pasar de importador a exportador de energía, con todo lo que eso implica en cuanto a la posibilidad de tener un balance comercial global a favor.

Ese autoabastecimiento favorecería no solo el consumo domiciliario, sino el industrial, lo que puede a su vez sustentar un importante despegue en ese apartado.

No obstante, bastante más que un golpe de suerte se requiere para que la moneda electoral no caiga en la cara de la extrema derecha porque, de ser así y considerando el antecedente del pago de Macri a los fondos buitre que se negaron en su momento a ser parte de dos canjes de deuda, y el ridículo fundamentalismo de mercado del “león” no solo se vislumbra el pago sin chistar al ave de rapiña Burford, sino el remate, una vez más, de YPF.

La Fundación Mediterránea por un lado, y el CEMA del otro, queriendo o sin querer establecen un esquema de pinza que, como sea, solo asegura apretar para que como siempre salga sangre del Estado y, por consiguiente, del pueblo argentino. Todo sea en nombre de la libertad.

YPF sí, colonia no (parte 2) es una publicación original de El Ágora Digital.