La causa por el atentado contra Cristina Kirchner, que este viernes cumple su primer aniversario, avanza al juicio oral y público de los supuestos autores materiales, mientras que la querella reclama que se profundicen las medidas de pruebas para esclarecer las conexiones políticas y autorías intelectuales, las cuales fueron descartadas por los investigadores.

La causa principal, a cargo de jueza federal María Eugenia Capuchetti, fue parcialmente elevada a juicio oral el pasado 12 de junio. En ese tramo serán juzgados Fernando Sabag Montiel y Brenda Uliarte, sindicados como coautores de la tentativa de homicidio, y Nicolás Carrizo, supuesto jefe de ambos en la venta de copos de azúcar, acusado como partícipe secundario. El expediente quedó radicado en el Tribunal Oral Federal (TOF) 6 para llevar a cabo el debate.

Sin embargo, el TOF 6 no tiene jueces titulares y está integrado, de momento, por los subrogantes Sabrina Namer, Daniel Obligado e Ignacio Fornari, mientras que la fiscal del debate oral y público será Gabriela Baigún.

En el juicio participará la querella de la exmandataria, representada por los abogados José Manuel Ubeira y Marcos Aldazábal.

Sin embargo, quedó abierta una segunda etapa de la investigación en la que se indaga sobre las posibles conexiones políticas detrás del atentado. Para la querella, existen vínculos entre los agresores con el empresario Nicolás Caputo (ex ministro de Mauricio Macri) y también aparecen en la lista de sospechosos el diputado Gerardo Milman, quien fue hasta hace poco mano derecha de la candidata presidencial Patricia Bullrich.

Esta línea de investigación no fue profundizada por Capuchetti y el fiscal Carlos Rívolo, negándose ambos en sucesivas ocasiones a tomar medidas de pruebas solicitadas por la querella.

De esta forma, la elevación a juicio solo contempla el fallido hecho en sí, limitando el más grave ataque a la democracia argentina a tres marginales. La doctrina de los "loquitos sueltos" anunciada por Mauricio Macri prevalició.

En este juicio diversas pistas quedaron fuera de debate. Entre ellas:

• El misterioso borrado del teléfono del principal acusado, Sabag Montiel, producido a los pocos minutos de sucedido el hecho.
• Las actividades de la agrupación fascista Revolución Federal.
• El libertario antisistema Hernán Carroll, a quien Sabag Montiel le encargó que le buscara abogado.
• El financiamiento de Caputo Hnos. al líder de Revolución Federal, Jonathan Morel.
• Los millonarios pagos a una carpintería montada sobre videos de Youtube
• El diputado de Juntos por el Cambio Gerardo Milman.
• La supuesta existencia de una segunda arma para el atentado.
• El hallazgo de un arma en poder de una mujer que la ofrecía en los chats de Revolución Federal para “operación bala” antes del atentado.
• La presunta existencia de una “zona liberada” en la calle, que es jurisdicción de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires.
• Las fallas de la custodia de la vicepresidenta.
• La creación de un clima de violencia social propicio para un magnicidio.

El Poder Judicial (la jueza María Eugenia Capuchetti y los camaristas Leopoldo Bruglia, Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi) consideran que los nexos que unen a Revolución Federal con el atentado contra la vicepresidenta no existen. Incluso para Llorens Revolución Federal no cometió delito alguno.

Capuchetti y Rívolo se negaron categóricamente a unificar la causa principal del atentado con la que investiga a Revolución Federal, llevada a cabo con mayor celeridad por el juez Marcelo Martínez de Giorgi y el fiscal Gerardo Pollicita.

La llamada "pista Milman", que une al PRO con los "Copitos", tampoco fue profundizada. Al diputado se le escuchó decir dos días antes del atentado que "cuando la maten voy a estar camino a la Costa". Él negó haber pronunciado la frase y denunció por falso testimonio a Jorge Abello, el asesor del diputado oficialista Marcos Cleri que asegura haberlo escuchado pronunciar esa expresión en el bar Casablanca. Esa otra causa, en manos del juez Julián Ercolini, tampoco avanzó en dirección alguna.

Una de las medidas más solicitadas por la querella es la apertura del teléfono del diputado Milman, quien el pasado 22 de agosto se presentó en el juzgado de Capuchetti, a través de su abogado, para entregar su celular. Sin embargo, advirtió que no avala la orden del análisis de su contenido y anticipó que apelará ante la Cámara de Casación porque entienden que se están violando sus garantías constitucionales.

Así todo, tras un año de sucedidos los hechos, resulta altamente improbable que se encuentre algo en el dispositivo.

La única posibilidad de que se revitalice la pista Milman podría venir de boca de Brenda Uliarte. Hace unos pocos días, su abogado Carlos Telleldín adelantó que la acusada declarará que funcionarios del gobierno porteño vinculados -de alguna forma- a Milman financiaban las protestas en el domicilio de CFK:

"Dentro de unos quince días Brenda Uliarte hará una ampliación de su indagatoria para manifestar que una persona allegada a Gerardo Milman pagaba para concentrar gente frente a la casa de Cristina Kirchner. No era para matar a nadie sino para que vayan a provocar", anunció el abogado, según publicó el diario Página/12 en su última edición dominical.

Como imputada, Uliarte no está obligada a decir la verdad por lo que habrá que esperar para saber si, en caso de ampliar su indagatoria o declarar en el Juicio Oral, presenta algún elemento de prueba que pueda respaldar sus dichos.

En simultáneo, el fiscal Carlos Rívolo, quien tiene delegada la investigación, solicitó a las compañías de telefonía celular que informen si existe alguna otra línea a nombre de Milman.

Lo cierto es que con la investigación todavía yendo a paso demorado, el apuro por elevar a juicio oral a Sabag Montiel, Uliarte y Carrizo sólo apunta a procurar la impunidad en la causa y privar a CFK y a la democracia argentina de la Justicia.

"La bala que no salió y el fallo que si saldrá"

A un año del intento de magnicidio, la agrupación La Cámpora lanzó este jueves un documental sobre el ataque a la Vicepresidenta. La agrupación política reveló detalles de la causa y recordó cómo fue el intento de magnicidio. Lo transmitieron en su canal YouTube.

En la pieza audiovisual se aprecian imágenes inéditas del hecho. No hay expresiones nuevas de la vicepresidenta.

A un año del atentado contra CFK, la causa espera el juicio oral y se sigue relegando la pista política es una publicación original de El Ágora Digital.