En una votación dividida, la Sala II de la Cámara Federal porteña resolvió este martes anular todos los procesamientos que se habían dictado en la causa conocida como “mesa judicial bonaerense” o “Gestapo sindical”, en la que estaban involucrados empresarios y ex funcionarios del gobierno provincial de María Eugenia Vidal por espionaje ilegal a sindicatos opositores y persecución política.

Se trató de la primera causa del espionaje ilegal desplegado por el gobierno de Cambiemos que contaba con pruebas duras: en concreto, con una filmación de un encuentro en una sede del Banco Provincia donde empresarios de la construcción, funcionarios provinciales y espías de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) armaban causas judiciales para perseguir y encarcelar a dirigentes sindicales opositores.

Ahora, los jueces de la Cámara Federal porteña -ligados íntimamente al macrismo- anularon todos los procesamientos y afirmaron que no se probó el espionaje ilegal.

El fallo planteó que hubo una “deficiente” valoración de la prueba, sostuvo que son “difusas y debatibles” las conclusiones sobre la reunión filmada y advirtió que aquel encuentro “pudo haber tenido una finalidad distinta” a la de la persecución política a líderes sindicales, como se estableció inicialmente. Según los jueces, la fundamentación no demostró que hubo espionaje ilegal. Frente a eso, se ordenó profundizar la investigación.

“Nos encontramos entonces en condiciones de volver a afirmar que la resolución es inválida (...) Se dotó al contenido de la filmación una serie de significaciones que derivaron en una imputación que devino prematura e inconexa no solo con el plexo probatorio existente al momento de decidir, sino también con los aportes que habrían realizado las personas involucradas en el proceso,” sostuvieron los jueces Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi.

Los jueces además arremetieron contra el juez Ernesto Kreplak -quien estuvo a cargo del expediente- afirmando que valoró “en un sentido negativo la intervención de los nombrados en el diseño y desarrollo de la presunta ‘estrategia de judicialización’, al favorecer el aporte de denuncias y elementos probatorios a partir de sus respectivas funciones públicas durante el año 2017.”

Y añadieron: “más allá de la participación en la reunión llevada a cabo en el Banco Provincia, la cual, sobre la base de los elementos reunidos al momento, no se la podría considerar en sí misma como un acto de inteligencia ilegal, pero es una circunstancia que habrá de dilucidarse, del razonamiento esbozado no surge que los nombrados hubieran colaborado o intervenido de alguna forma en la realización de las tareas de campo, de recolección de información ni en ninguna otra de las acciones prohibidas por la ley de inteligencia.”

En minoría, el juez Eduardo Farah hizo un largo repaso de las pruebas y votó por convalidar los procesamientos.

“Creo importante dejar subrayada desde aquí una premisa -por demás básica- que guiará todo mi análisis: ninguna intención, por más legítima y genuina que sea, puede justificar la violación de normas constitucionales y legales y la desnaturalización de funciones públicas como las que han sido probadas” subrayó el juez.

La causa se inició en diciembre de 2021 cuando la AFI presentó en la justicia federal de La Plata una filmación encontrada en sus oficinas que daba cuenta de una reunión ocurrida el 15 de junio de 2017 en la sede porteña del Banco Provincia.

“Créeme que si yo pudiera tener -y esto te lo voy a desmentir en cualquier parte-, si yo pudiera tener una Gestapo, una fuerza de embestida para terminar con todos los gremios, lo haría,” decía en ese encuentro Marcelo Villegas, entonces ministro de trabajo de Vidal.

Junto con Villegas de la reunión participaron el intendente de La Plata, Julio Garro, el ex ministro de Infraestructura Roberto Gigante, el ex secretario de Justicia Adrián Grassi, el senador provincial de Juntos por el Cambio Juan Pablo Allan, los ex directivos de la AFI Sebastián De Stéfano -actual funcionario del gobierno de Horacio Rodríguez Larreta-, Darío Biorci y Diego Dalmau Pereyra y los empresarios de la construcción Ricardo Alconada Maglia, Guillermo Moretto, Jorge Del Río, Fabián Cusini, Bernardo Zaslascky y Marcelo Jaworski.

Allí Villegas le pidió a los empresarios que presenten notas contra el titular de la UOCRA platense, Juan Pablo "Pata" Medina, para después judicializarlas y que para eso ya tenía todo hablado con “la Procuración, la fiscal y el juez.” Más tarde, Medina fue detenido y procesado por el juez federal de Quilmes Luis Armella, junto a otros acusados.

El hallazgo del video fue después del fallo que había dictado la Sala I de la Cámara Federal diciendo que la AFI macrista no había sido una asociación ilícita que espió a políticos propios y opositores, gremialistas, periodistas y dirigentes sociales. Y afirmó que solo debía responsabilizarse por violar la ley de inteligencia a un grupo de agentes que compartían sus seguimientos en el “SuperMarioBross”. Aunque el fallo no utiliza el término, la hipótesis es que esos agentes sí actuaban como “cuentapropistas”, ajenos a la verticalista estructura de mando de espionaje.

La Cámara Federal porteña anuló todos los procesamientos de la "Gestapo Antisindical" es una publicación original de El Ágora Digital.