La dictadura cívico militar que comenzó el 24 de marzo de 1976 tuvo para con la Universidad Nacional del Sur la manifiesta intención de consolidar la persecución iniciada por el nazi rumano Remus Tetu y la banda de criminales que lideraba, de las cuales el aparato represivo de las Fuerzas Armadas heredó matones y espías.

El último día de este mes se cumplirán 47 años del hecho que el Ejército, la Policía Federal, el Poder Judicial y el diario La Nueva Provincia forzaron como excusa para iniciar una causa por “infiltración marxista”, que insólitamente se canalizó por vía formal pero se valió de procedimientos clandestinos y violatorios de las garantías y los derechos humanos de las víctimas.

El criminal disparate enfocó primordialmente en el Departamento de Economía de la UNS, pero también afectó a las ex conducciones de Humanidades y de Agronomía, al ex ministro de Alejandro Lanusse y ex rector Gustavo Malek y a blancos individuales, como el reconocido científico Walter Daub, uno de los pioneros de la cohetería en el país, que murió poco después, visiblemente afectado por el estrés padecido. Esa persecución sobre la comunidad de la UNS motivó un reciente requerimiento de instrucción de la Unidad Fiscal de Derechos Humanos, a la espera todavía de movimientos.

El aniversario del viernes 30 coincidirá con una gran jornada que tendrá por sede a la propia UNS y nucleará a fiscales, querellantes en causas por delitos de lesa humanidad, organismos de derechos humanos, entidades estatales y organizaciones sociales de las regiones Pampeana y Patagónica. Referentes de medio país se darán cita para discutir el curso de los procesos de Verdad y Justicia. Del ámbito judicial, se espera la participación –presencial o virtual- de representantes de las jurisdicciones de Bahía Blanca, La Pampa, General Roca, Viedma, Neuquén, Comodoro Rivadavia, Río Gallegos y Río Grande.

Del polvo venimos

Todo comenzó con una denuncia que los hechos demostrarían falsa o, al menos, surgida de una broma mal comprendida.

A las 9 de la noche del 29 de junio de 1976, la madre de una adolescente que concurría al Colegio Nacional de Sarmiento 168 denunció ante la Policía Federal que su hija había presenciado una charla en que un estudiante proponía a otros dos pagarles por entregas secretas de paquetes, que supuso relacionados con drogas. La joven añadió luego otros detalles que completaron el retrato sobre el denunciado: lo caracterizó como adicto y aspirante a guerrillero.

Esa misma madrugada, maquillando la irrupción nocturna con un supuesto consentimiento de las víctimas, la policía inspeccionó los hogares de dos de los adolescentes que conversaron delante de la hija de la denunciante. El tercero era hijo de Neil Lorenzo Blázquez, quien a fines de ese mismo año sería designado segundo jefe del Destacamento de Inteligencia 181 del Ejército. Su casa no fue requisada.

La participación de Blázquez padre en la historia incrementa las sospechas en torno a lo espontáneo de la denuncia original. De todos modos, su propio hijo confirmó lo que habían dicho sus otros compañeros de escuela y de charla: que todo había sido una broma orquestada contra la adolescente, que no la comprendió, se sintió amenazada y contó a su madre el episodio.

El principal acusado era Sergio Custodio. Vivía con su madre, Stella Maris Ramírez, y sus compañeros lo caracterizaban como un bromista sin identidad política evidente. Alguna vez había dicho, frustrado y furioso ante una nota baja, que cumplidos los 16 años abandonaría todo para irse al monte como guerrillero. El berrinche lo condenó a pasar un invierno en la mira del aparato que secuestraba y asesinaba a decenas de personas en la ciudad y la región.

En la casa de Ramírez, la policía solo pudo secuestrar paquetes de cigarrillos y una bolsa de polvo blanco. Dos pericias realizadas por profesionales distintos demostraron, días más tarde, que los cigarrillos eran comerciales, rellenos industrialmente con tabaco y sin rastro alguno de marihuana, mientras que la bolsa de polvo blanco contenía únicamente bicarbonato de sodio.

Pero el acceso a las viviendas bajo la excusa de la búsqueda de drogas había dejado a los represores la oportunidad de secuestrar a madre e hijo y avanzar en otra línea, la de la persecución política sobre el mundo educativo bahiense y, en particular, la UNS.

Papeles del mal

Los represores secuestraron de la vivienda de Ramírez material de estudio de la carrera de Asistencia Social, al que caracterizaron como subversivo, y a partir de allí encadenaron una serie de elucubraciones que los llevaron al Hogar de Niños, la Escuela de Asistencia Social y finalmente a la UNS, un camino en cuyo curso se produjeron diecisiete secuestros y varios intentos de rapto más, incluyendo el de Malek.

La persecución sobre su ex ministro motivó una disputa entre Lanusse y Vilas, que concluyó con el ex dictador bajo arresto por haber desautorizado públicamente a un oficial en actividad. Además, varios ex funcionarios de la UNS fueron declarados prófugos. La lista incluía también a un futuro rector, Luis María Fernández.

La red represiva no se extendió sólo sobre Bahía Blanca y el sudoeste bonaerense, sino que alcanzó también a Río Negro, Neuquén y La Pampa, donde derivó en los secuestros de los ingenieros agrónomos de la UNS que se habían reconvertido en docentes de Jacinto Arauz cuando la autodenominada Alianza Anticomunista Argentina los obligó a dejar el hoy conocido como Departamento de Agronomía. En octubre, el expediente agregó una carta que desde Bariloche envió Juan Maler, denunciando un “nido grande de marxistas en esta ‘Fundación Bariloche’ y organismos en Bariloche (INTA)”. Juan Maler era el nombre bajo el que se ocultaba el ex oficial de inteligencia de las SS nazis Reinhard Kopps. El juez Guillermo Madueño, asistido en la causa por su secretario Hugo Sierra, decidió tomar declaración testimonial al nazi camuflado.

No fue el único vínculo del nazismo con los hechos. A comienzos de agosto de 1976, el general Adel Vilas y el subcomisario Félix Alais orquestaron una conferencia de prensa en que expusieron sobre la “penetración ideológica” en el ámbito universitario, a través de lo que La Nueva Provincia calificó en su título central como “sorprendentes revelaciones”.

Durante esa puesta en escena, Vilas elogió el trabajo previo perpetrado en la UNS por Tetu, que en su Rumania natal había sido joven funcionario de la dictadura aliada al nazismo.

El hecho histórico

Vilas, uno de los máximos jefes militares de la represión en el sudoeste bonaerense, se ufanó de aquella tarea en Bahía Blanca, el hecho histórico, un libelo en que se auto felicitaba por lo actuado. Además, consideraba fundamental que lo desplegado en la UNS se convirtiera en ejemplificador para instituciones universitarias con mayor potencial contestatario, dadas sus matrículas.

No puede decirse que le haya faltado razón en eso, porque el caso efectivamente tuvo resonancia nacional. A mediados de septiembre, la Agencia de Noticias Clandestina que dirigía Rodolfo Walsh dedicó dos cables al tema. Ambos refieren a lo que meses más tarde, en su Carta Abierta de marzo de 1977, el periodista y escritor definiría como “las 3 A son hoy las 3 Armas”. Uno de los textos se tituló “Terror en Bahía Blanca”, y caracteriza a la ciudad como “punta de lanza de una escalada fascista”. El párrafo más elocuente indica:

“Como se recordará, Vilas, acompañado del subjefe de la delegación B. Blanca de la Policía Federal, Félix Alejandro Alais, lanzó una campaña de acusaciones contra numerosos profesores y decanos de la Universidad del Sur, incluyendo torpemente entre ellos a reconocidos liberales que no tuvieron dificultades para desmentir los cargos. En esta tarea, el comisario Alais –de quien se afirma que es un elemento de la CIA, y que ha hecho cursos sobre seguridad interna auspiciados por la AID- contó con la colaboración del ex rector Remus Tetu, un conocido y confeso fascista rumano que recaló en esta zona diez años atrás y que llevó a cabo una campaña de persecución contra elementos liberales y de izquierda cuando ejerció el cargo de interventor”.

Además de los proyectos de vida truncos por la mano genocida, el aparato represivo puso fin a experiencias académicas y científicas innovadoras y forzó la salida de docentes de excelencia, en muchos casos muy jóvenes y con largo recorrido por delante.

Mencionar sólo a algunos sería pecar contra el resto. Alcanzará con recordar que varios ya eran o serían autores de grandes obras de sus disciplinas. La UNS nunca pudo recuperarlos y alcanzar el nivel perdido es una tarea que, casi medio siglo después, todavía no ha concluido.

La excusa imperfecta es una publicación original de El Ágora Digital.