En las últimas horas surgieron nuevas evidencias que señalan el nexo entre el grupo de odio Revolución Federal y el intento de magnicidio contra Cristina Kirchner; al tiempo que fue expuesto el vínculo entre la organización de Jonathan Morel y la intendencia de San Isidro, gobernado por el radical Gustavo Posse.
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Las pruebas presentadas por Grabois
El dirigente social Juan Grabois se constituyó como querellante en la causa que investiga a Revolución Federal (RF) a cargo del juez Marcelo Martinez de Giorgi y el fiscal Gerardo Pollicita por haber recibido amenazas y un ataque por parte del grupo de odio.
En este rol, Grabois y su equipo de abogados integrado por los Dres. Yanson, Castro Bianchi y Rechanik presentaron nuevas pruebas que vinculan a RF al atentado perpetrado materialmente por Fernando Sabag Montiel, Brenda Uliarte y Nicolás Gabriel Carrizo. A su vez, el líder de la UTEP reveló quién podría ser el sospechoso contacto "Dali Revolución" que ofreció un arma de fuego para atacar a CFK.
“Aportamos pruebas que demuestran el rol de Revolución Federal en una organización más compleja, además de la conexidad entre esta causa y la del atentado contra CFK”, detalló Grabois en un hilo de Twitter.
Para dar precisión a lo expresado en algunos medios sobre la investigación de la causa conocida como “Revolución Federal” (en adelante RF) quisiera en el siguiente hilo contarles que:
— Juan Grabois (@JuanGrabois) May 31, 2023
El dirigente social denunció “un mecanismo de impunidad para una organización criminal compleja enraizada en sectores de mucho poder político y económico”.
¿Quién es "Dali Revolución"?
Uno de los elementos aportados por Grabois es:
“La revelación de la identidad del sujeto identificado en el expediente como ´Dali Revolución´, la persona que ofreció, días antes del atentado contra CFK, un arma para asesinarla. Esta persona tuvo contacto con Uliarte en al menos una ocasión”.
“En el celular de Montiel aparecían dos teléfonos bajo el mismo nombre de contacto. Se trataba de dos personas distintas, las dos con el alias ´Dali Revolución´, ambas partícipes de la organización criminal. Una es Angelica Dalila Monti, otra es Lidia Margarita Casiano”, explica Grabois y agrega que “Casiano utilizaba para sus comunicaciones la línea 114997** a nombre de Ortabe Ruben Daniel, su socio en SUM OMIX SRL. Fue activa en los ataques de Basile y Morel contra dirigentes, participaba en los grupos de RF y difundía amenazas y discursos de odio en redes sociales”.
“Bochornosamente, ninguna está imputada porque la fiscalía 11 "no logró" identificarlas en ocho meses. ¿Negligencia o complicidad”, cuestionó Grabois y sostuvo que “la "no-identificación" de Casiano y Monti podría ser otro hecho de incompetencia judicial. Sin embargo, estoy convencido de que es algo aún peor: un mecanismo de impunidad para una organización criminal compleja enraizada en sectores de mucho poder político y económico”.
Grabois puso el foto en Posse
También cuestionó al fiscal Pollicita por no concretar las medidas de pruebas solicitadas por su querella “para determinar la grotesca simulación en la operación comercial que encubrió el financiamiento millonario de RF por parte de la Familia Caputo” y cuestionó que tampoco investigó la conexión de Revolución Federal “con sectores políticos que le permitieron usar el inmueble de San Isidro como su sede bajo la tapadera de una carpintería. El mismo inmueble que años atrás era un centro social del intendente (Gustavo) Posse, visitado por Macri en 2016. Ninguno fue citado”.
La unificación de las causas
Además remarca que:
“La identificación de Casiano es clave porque la oferta de un arma homicida pocos días antes del atentado constituye un nexo incuestionable entre ambas causas que obliga a unificarlas e investigarlas debidamente”.
Grabois detalla que:
“La oferta del arma, el contacto entre RF y Uliarte, la presencia de integrantes de RF en el edificio que habita CFK y los llamamientos a la violencia armada realizados por RF con posible financiamiento de la Flia Caputo son elementos más que suficientes para unificar las causas”.
La "Pista Milman"
A eso se suma que:
“La relación de Milman (posible instigador) y Uliarte (grupo operativo de tareas) con RF (grupo político de superficie) están probadas con material fílmico y fotográfico que los muestran ubicados en un mismo tiempo y lugar (hechos "Guillotina" y "Antorchas")”.
"No puede desconocerse las extrañas coincidencias que rodean a Milman: sus dichos en Ucrania donde declaraba a CFK enemiga de ese país en el marco de una guerra, su proyecto de ley que predijo el atentado, su presencia en las acciones de RF, sus dichos en el Restaurante Casablanca”, señaló y aseguró que la limpieza de las pruebas de su celular y el de sus asesoras “es una clara obstrucción en la investigación y causal de prisión preventiva”.
El cierre de la investigación
Finalmente, denunció la complicidad de la Justicia:
“Llamativamente, mientras avanzábamos en la demostración irrefutable de este nexo, la Fiscalía 2 a cargo del Dr. Carlos Rivolo decidió cerrar la investigación para reducirla a un hecho aislado de una suerte de inverosímil start-up criminal sin conexiones políticas ni operativas. Si la actuación de Pollicita y Martínez De Giorgi es cuanto menos negligente, la de Carlos Rivolo y Capucchetti es de una complicidad absolutamente con los instigadores, financistas y autores intelectuales de este gravísimo crimen”.
El dirigente social concluyó:
“Hay demasiados cabos sueltos para clausurar una investigación del hecho de violencia política más grave en décadas y demasiadas coincidencias para mantener los expedientes separados. Permitir este pacto de impunidad es un nuevo atentado contra la democracia”.
¿San Isidro detrás de RF?
Por otra parte, una investigación de Nacional Doc (Radio Nacional) reveló que una de las personas que facturó los millones pagados por Caputo Hermanos está vinculada a la gestión del intendente Gustavo Posse.
Concejales de la localidad señalaron también a una empresa que presta servicios públicos en el distrito y a la vez es contratista del gobierno porteño y aportante del PRO.
El lugar donde funcionó la carpintería Dogo gerenciada por Jonathan Morel, líder y fundador de RF, se ubicaba en Martín Rodríguez 141 en Boulogne, área metropolitana de la provincia de Buenos Aires que se encuentra bajo la gestión administrativa del municipio de San Isidro. Ahí construyeron la guillotina que apareció en marchas opositoras para amenazar de muerte a figuras del oficialismo.
En agosto de 2016, en ese mismo domicilio, Mauricio Macri y el intendente radical Gustavo Posse visitaron lo que era el centro de jubilados de San Ignacio de Loyola. Es el mismo lugar donde años después funcionó la carpintería de Morel.
La legisladora de San Isidro por el Frente de Todos, Celia Sarmiento, dijo que “es muy llamativo que en ese inmueble haya prestado servicios comerciales la organización Revolución Federal. ¿Quién es el propietario? ¿Quién paga los impuestos?
Hasta el 2015 figura como dueño Jorge Rodríguez. Sin embargo, en mayo de 2023 su DNI no figura en ningún registro. La Municipalidad de San Isidro confirmó que la propiedad de Martín Rodríguez al 141 registra deudas de Alumbrado, Barrido y Limpieza por 740 mil pesos.
Sarmiento sospecha que la comuna encabezada por Posse estaba a cargo de la vivienda y afirmó que el intendente deberá responder por qué Revolución Federal desarrolló su negocio en ese sitio.
Los vínculos familiares de Morel con el PRO y los Caputo
Nacional Doc reconstruyó algunas relaciones familiares, políticas y empresariales de Morel a quien la empresa Caputo Hermanos le transfirió más de 13 millones de pesos meses antes del atentado.
Para recibir la suma multimillonaria de la compañía Caputo, Evelyn Balboa, ex pareja de Morel, fue una de las personas que facturó a favor de la carpintería. La mujer era empleada en la municipalidad de San Isidro.
Sarmiento reveló que Laura Macías, madre de Evelyn Balboa, participaba en organizaciones vecinales que reclamaban por los problemas de inseguridad. Y Posse participó de manifestaciones de esas organización, y además ambos compartieron reuniones sobre situaciones de inseguridad en el distrito.
Sarmiento agregó que Carlos Balboa, padre de Evelyn, es uno de los directivos de la empresa Mantelectric. Con más de 50 años en el mercado de servicios urbanos, la compañía mantiene contratos con San Isidro y la ciudad de Buenos Aires, entre otras administraciones.
En diciembre de 2009, Mantelectric fue denunciada públicamente por sus relaciones con la gestión del PRO en territorio porteño y por sus vínculos con Nicolás "Nicky" Caputo a quien reconocieron conocer. Incluso trascendió que la empresa aportó dinero a las campañas de Mauricio Macri de 2007 y 2009.
Nuevas pruebas vinculan a Revolución Federal al atentado contra CFK y a la intendencia de San Isidro es una publicación original de El Ágora Digital.
