Gerardo Milman fue imputado por recibir dádivas de empresas proveedoras del Estado. A la vez, el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, denunció al diputado PRO y a Patricia Bullrich por la contratación de 18 supuestos espías que jamás prestaron funciones. Por otra parte, una testigo confirmó los vínculos entre Brenda Uliarte y Revolución Federal.

Las dos causas contra el diputado del PRO tramitan en el juzgado de Daniel Rafecas, en Comodoro Py.

Las dádivas para Milman

En un escueto escrito de apenas tres páginas, el fiscal Carlos Stornelli imputó a Milman por el delito de dádivas a raíz de que el legislador tenía a su nombre la tarjeta azul del Peugeot 2008 Sport perteneciente a una empresa proveedora del Estado.

El vehículo lo conducía, con registro trucho, una de las jóvenes colaboradoras de Milman, cuando fue detenida por la policía en Palermo, durante un control de tránsito a la madrugada.

“Constituirá objeto de investigación y conforme se denuncia -señala Stornelli-, la presunta admisión de una dádiva -sin prejuicio de toda otra figura que en definitiva resulte aplicable- por parte de Gerardo Fabián Milman. El mencionado Milman habría recibido un rodado marca Peugeot, modelo 2008 de parte de la empresa Metalúrgica Oliva Hermanos dedicada a brindar servicios de seguridad de caudales y proveedor de materiales de blindaje”, dice el texto.

El escrito presentado por el fiscal carece de varios datos y medidas necesarias para profundizar la pesquisa.

Por ejemplo, no incluye lo que en los últimos días también se conoció que Milman le facturó en ocho oportunidades a Metalúrgica Oliva Hermanos por “asesoramiento en materia de seguridad internacional«. Las ocho facturas totalizan 1.326.000 pesos, pero como una parte data de 2020 y 2021, actualizadas, deben rondar los 3 millones.

Además, hay dos llamativas facturas de Milman, una al Instituto de Estudios Estratégicos en Seguridad, presidido por Bullrich, y otra todavía más dudosa por 665.700 pesos, a Olga María Guerra Carias, una joven venezolana que vive en Talar de Pacheco, que figura como incobrable en los informes comerciales y que nunca pudo haberle pagado semejante cifra al legislador.

Guerra Carias -quien no tiene inscripción ante la AFIP- vive en una casa más bien precaria y aparece como proveedora de servicios de grabación y sonido.

El denunciante, Yamil Castro Bianchi, aportó la documentación a la causa. Stornelli impulsó la investigación este jueves y pudo haber sumado una imputación también por las facturas, aunque en concreto, no lo hizo.

Por otra parte, Stornelli no le pide al juez Rafecas que cite a declarar a la mujer que manejaba el Peugeot. A pesar que ella no tiene ninguna responsabilidad en la dádiva, puede contar por qué conducía el auto, por qué Milman mintió diciendo que era su esposa.

El diputado también mintió afirmando que el auto era suyo y además se comportó de forma violenta para con la agente de tránsito de la Policía de la Ciudad.

Su comportamiento a las 2 de la mañana fue tan agresivo que el fiscal Augusto Troncoso dictaminó que se debía informar a la Cámara de Diputados de la actitud del legislador para que se tomen las sanciones correspondientes.

Más allá del escrito de Stornelli, Rafecas puede ahora avanzar con las medidas que considere necesarias.

Espías ñoquis

El Ministerio de Seguridad mantuvo reserva sobre el contenido de la denuncia presentada este jueves contra Milman y Bullrich por la contratación de 18 agentes «ñoquis», pero en Comodoro Py trascendió la calificación y el sorteo.

Los delitos son administración fraudulenta, defraudación contra la administración pública, asociación ilícita, abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público, nombramientos ilegales, negociaciones incompatibles con la función pública.

“En todos los casos se trataba de personas sin ninguna vinculación antecedente ni experiencia en inteligencia criminal, que ni siquiera conocían la dirección del Ministerio de Seguridad. Llamativamente, los supuestos agentes, en su gran mayoría, son vecinos de los municipios de 3 de Febrero y San Miguel”, indica el texto de la denuncia.

Milman ya estaba en el ojo de la tormenta luego de que un testigo reservado declarara que lo escuchó decir ante dos de sus jóvenes asesoras la frase: “cuando la maten voy a estar camino a la Costa”, anticipando el intento de magnicidio contra Cristina Fernández de Kirchner.

La presencia de Carolina Gómez Mónaco e Ivana Bohdziewicz aquel día en la cafetería frente al Congreso donde se dijo la mencionada frase puso la lupa sobre las asesoras de Milman.

El diputado del PRO cuenta con 34 asesores, en su mayoría mujeres jóvenes, con algunas excepciones como la ex titular de la Oficina Anticorrupción Laura Alonso, a quien nunca se vio por los pasillos del Parlamento.

Si se le suman los 18 de su (verdadera) esposa, la diputada provincial Florencia Retamoso, entre los dos suman 52 asesores con un costo de 9 millones de pesos por mes.

Cabe destacar que tampoco se sabe a qué se dedican los «asesores» de Retamoso, a quienes muchos nunca vieron en la Legislatura bonaerense.

Sabag Montiel, Uliarte y el plan para matar a CFK

A pesar de las nuevas causas contra Milman, su vinculación con el atentado contra CFK todavía no se ha profundizado seriamente.

Mientras tanto, en el expediente a cargo (todavía) de la jueza María Eugenia Capuchetti y el fiscal Carlos Rívolo, se sumó un testimonio aportado este jueves por una mujer identificada como «Lía«, aunque su nombre verdadero no trascendió.

La joven formaba parte de las reuniones en la casa de Nicolás Carrizo que se realizaban desde el mes de abril de este año.

Todos quienes se reunían en lo de Carrizo formaban parte de un grupo de Whatsapp denominado los «Girosos». Y desde ese mes Sabag Montiel ya anticipaba que quería asesinar a la vicepresidenta.

En ese sentido, ella se excusó en que «no le prestaba atención» a los dichos del ahora detenido.

Además, comentó que la pareja de Brenda Uliarte solía hablar de nazismo y abiertamente declaraba su admiración por el dictador Adolf Hitler.

«Lía» confirmó un dato de relevancia en la investigación: el vínculo de Uliarte con Revolución Federal, el grupo fundado por Jonathan Morel, a quien familia Caputo le pagó cerca de 14 millones de pesos por unos supuestos trabajos de carpintería en Neuquén.

«Lía» contó que Uliarte mostraba, vía Whatsapp, sus fotos en las violentas marchas que organizaba Revolución Federal.

A pesar de la larga lista de pruebas que vinculan a la denominada «Banda de los Copitos» con Revolución Federal, Capuchetti siempre rechazó incluir en la causa sobre el atentado el rol de este grupo ultraderechista, pero que si es investigado por el juez Martínez de Giorgi en otra causa.

Imputan a Milman por dádivas y lo denuncian junto a Bullrich por contratar espías ñoquis es una publicación original de El Ágora Digital.