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La defensa de Cristina demolió los intentos de reabrir la causa por el Memorándum con Irán

La defensa de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner pidió este jueves a la Cámara Federal de Casación que ratifique su sobreseimiento en la causa por la firma del Memorándum con Irán y también el cierre del caso, en base a la desestimación por «inexistencia manifiesta de delito«.

«Corresponde estar a la desestimación de la denuncia que dio origen a la Causa N° 777/2015 por inexistencia manifiesta de delito», sostuvieron en su escrito los abogados de la Vicepresidenta, Carlos Beraldi y Ary Llernovoy.

En un escrito de 64 páginas, la defensa de Cristina volvió a reclamar el sobreseimiento de todos los imputados en el expediente del Memorándum de Entendimiento con Irán, ubicando la causa como una más de las armadas en el contexto del lawfare para perseguir a la vicepresidenta.

Las abogadas del actual ministro bonaerense Andrés «Cuervo» Larroque insistieron en que no hubo delito alguno en la firma del tratado con el gobierno persa, que las órdenes de captura contra los sospechosos iraníes nunca se levantaron y que el Memorándum jamás entró en vigencia, por lo tanto, no hubo un acto jurídico válido.

El fiscal de Casación, Javier De Luca, lo sintetizó así:

“Cualquier caso penal sólo se puede comenzar si el hecho denunciado es delito. Y esto aquí no es delito, como lo vengo diciendo desde 2015”.

Casación debe decidir

La Sala I de la Casación, integrada por Diego Barroetaveña -que condujo la audiencia-, Ana María Figueroa y Daniel Petrone debe resolver si se hace o no el juicio oral por el Memorándum con Irán.

El Tribunal Oral Federal a cargo, el número 8, sostuvo que no existe delito y por lo tanto no hay que hacer el juicio.

Esa decisión fue apelada por la DAIA, en una movida en línea con referentes de Juntos por el Cambio.

Por lo tanto, en la audiencia de este jueves, las defensas presentaron escritos o expusieron oralmente, todos pidiendo que se confirme la decisión del TOF 8 para que el juicio no se haga y se ratifique el sobreseimiento de los imputados.

Carlos Alberto Beraldi, abogado de CFK, y Aníbal Ibarra, de Oscar Parrilli, presentaron un escrito.

Lucila Larrandart y Graciana Peñafort, por Andrés Larroque, y Adrián Albor por Luis D’Elía, hablaron en la audiencia y también lo hicieron el fiscal ante la Casación, De Luca, y Luis Kon y Horacio Lutzky en nombre del Movimiento Argentino Judío, organización que se presentó como amiga del tribunal y que sostiene que “la DAIA no representa a toda la comunidad judía”.

El lawfare contra CFK

El escrito de Carlos Beraldi impacta porque no se centra en los detalles procesales, sino que se enfocó en lo que fue la persecución político-judicial durante el gobierno de Mauricio Macri.

“Más allá de la manifiesta inexistencia de delito en el caso, es claro que estamos frente a una evidente falta de independencia e imparcialidad”, resume el texto.

Beraldi enumeró una secuencia sobre la intervención del macrismo en la Justicia:

  • La tentativa de poner, por decreto, dos jueces en la Corte Suprema; el armado de «Pepín» Rodríguez Simón, hoy prófugo desde hace 717 días;
  • La persecución a la exprocuradora Alejandra Gils Carbó;
  • La utilización de la Oficina Anticorrupción, la Unidad de Información Financiera, la AFIP, el Banco Central, la AFI, el espionaje ilegal, todo en función de la persecución política;
  • Las prisiones preventivas con la llamada “doctrina Irurzun”, la vejación al exvicepresidente Amado Boudou;
  • La mesa judicial y la «Gestapo antisindical» de María Eugenia Vidal:
  • Y finalmente, las visitas a escondidas Olivos y Casa Rosada de los jueces decisivos en la causa Memorándum, Gustavo Hornos y Mariano Borinsky, que tras visitar a Macri reabrieron la causa con un expediente paralelo.

Beraldi situó el caso Memorándum en ese marco, el único que explica -según señala- que un expediente que estaba cerrado por inexistencia de delito, se reabrió con el protagonismo de Claudio Bonadío, Hornos y Borinsky.

Tras la audiencia de este jueves, la Sala I quedó en condiciones de resolver. Sin embargo, todo indica que recién habrá fallo en febrero de 2023.

Parece muy poco probable que se dé vuelta lo decidido por el Tribunal Oral. En Comodoro Py, nadie quiere un juicio en base a una denuncia, la de Alberto Nisman, que todos consideran un disparate jurídico.

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