En la Cámara de Diputados el oficialismo consiguió emitir dictamen de mayoría, con el respaldo de bloques provinciales –y opositores-, sobre el proyecto de Presupuesto 2023, luego de que se incorporaran reformas como la obligación de los miembros de la Justicia de pagar Impuesto a las Ganancias, aumentos de los subsidios del transporte del interior del país y de las partidas sociales, e incorporó la cláusula gatillo para definir el destino de las partidas si la inflación crece por encima de lo previsto y se recauda más.
El texto final incorporó además una suba de impuestos a productos fabricados en Tierra del Fuego y de multas por defensa del consumidor. Sumó una deducción de ganancias por gastos educativos y un detracción a los planes de salud que podría elevarlos.
El proyecto incorporó más de 30 modificaciones que fueron planteadas tanto por diputados del oficialismo como de la oposición.
Las reformas al proyecto fueron anunciadas durante el debate en comisión de este jueves, cuando el oficialismo logró dictaminar el proyecto con el apoyo de los diputados de Misiones y Córdoba. Se tratará el martes en la Cámara Baja y estarían los votos para aprobarlo y enviarlo al Senado.
La sesión de la Comisión de Presupuesto duró tres horas y reveló el marco de alianzas del gobierno que incluye un diálogo con los partidos provinciales y Evolución Radical, el bloque identificado con Martín Lousteau, que no firmó el dictamen pero propuso modificaciones que fueron aceptadas, como la cláusula gatillo o la deducción de gastos escolares en Ganancias. Se tomaron propuestas de la UCR pero fueron ignoradas las del PRO y la Coalición Cívica.
Los magistrados pagarán el impuesto a las Ganancias
El Frente de Todos (FDT) incorporó un artículo en el proyecto para que los funcionarios y empleados judiciales paguen el impuesto a las ganancias. La iniciativa fue apoyada por diputados de Juntos por el Cambio.
Si se aprueba el texto ingresado al Congreso, se podrían sumar $ 237.000 millones a las arcas públicas.
La solicitud fue realizada por el secretario de la comisión, Marcelo Casaretto (FDT). Según el proyecto de la ley de leyes que presentó el Gobierno, que los jueces, fiscales y el resto de los funcionarios del Poder Judicial no paguen impuesto a las Ganancias le costaría al Estado $ 237.850 millones en 2023, o 0,16% del PBI.
Esta cifra se asemeja, por ejemplo, a lo que recaudó el país a través del Aporte Solidario de las grandes fortunas.
La idea fue promovida luego de las charlas entre los equipos técnicos argentinos y los representantes del FMI en Estados Unidos. El Gobierno contempla reducir el déficit fiscal primario de 2,5% este año a 1,9% el próximo.
El dinero recaudado por lo que paguen los funcionarios judiciales de Ganancias servirá para financiar el aumento de partidas sociales, que según detalló Heller consumirá poco más de 300 millones.
¿Qué se podría hacer con lo que el Estado recaude del Poder Judicial?
Si el Estado se decidiera a cobrarle Ganancias a los jueces podría casi duplicar la inversión en infraestructura energética prevista para el próximo año y que será de 404.996 millones de pesos.
Se podría además casi duplicar la inversión en expansión y mejora de las redes de acceso al agua y saneamiento. Se podía también casi duplicar la inversión prevista para las obras de infraestructura vial.
Se podría multiplicar por 10 la inversión en asignaciones para el fortalecimiento de la infraestructura social, del cuidado y sanitaria que será de 20.481 millones de pesos y que busca impactar positivamente en la reducción de brechas, la generación de empleo, el desarrollo económico y la calidad de vida de la población.
Se podría incrementar en más de un 50% la inversión destinada a la política de vivienda.
También incrementaría en casi un 25% el presupuesto destinado al área de Salud y para el cual el Presupuesto prevé una asignación de 1,2 billones de pesos.
En educación se podría casi duplicar la cantidad de beneficiarios de las Becas Progresar o bien casi duplicar el monto de las becas para la misma cantidad de beneficiarios.
El Presupuesto para el año 2023 tiene asignado un total de 500.921 millones de pesos para los programas de Ciencia y Tecnología, alcanzando el 0,34% de PBI. Inversión que podría incrementarse en un 50% si se elimina la exención de Ganancias a los jueces.
Cláusula gatillo por inflación
A pedido de la oposición, el oficialismo aceptó la inclusión de una cláusula para revisar el Presupuesto si aumenta la recaudación o aumenta la inflación prevista del 60%, a fin de establecer cómo se redistribuirá ese excedente de los recursos.
El texto señala que «si al 31 de agosto de 2023 la tasa de inflación acumulada superara en un 10% la meta anual establecida en la presente ley o si los ingresos del sector público nacional superaran en un 10% lo previsto para el período acumulado, el Poder Ejecutivo enviará una ley complementaria al Congreso para determinar un nuevo cálculo de recursos y créditos de la administración pública nacional y el plan de gastos para el cuarto trimestre».
Subsidios al transporte de pasajeros
Otro punto importante es que las provincias recibirán en 2023 recursos por $85,000 millones en concepto de subsidios al transporte automotor de pasajeros, un pedido de los legisladores del interior del país argumentado en la necesidad de tener un reparto más equilibrado entre la región metropolitana y las provincias. Para contar con ese beneficio, deberán instrumentar la tarjeta Sube.
Prestaciones Sociales
Sobre los gastos sociales, el presidente de la comisión de Presupuesto, Carlos Heller, anunció un aumento en prestaciones alimentarias por $101 millones, asignaciones familiares por $90 mil millones, becas Progresar por 59 mil millones de pesos, unos $31 mil millones y para el Fondo Nacional de Incentivo Docente por $31.175 millones.
También se destinarán $19.700 millones al Fondo de Integración Socio-Urbana, unos $12.969 millones a comedores escolares $4.000 millones y otros $4.000 para los derechos de la niñez.
El proyecto estima un gasto total de casi $ 29 billones, con una recaudación aproximada de $ 22,5 billones y un déficit primario de $ 6,3 billones.
El proyecto de Di Tullio
Mientras el proyecto de Presupuesto 2023 logró el dictamen en Diputados, en el Senado el kirchnerismo sigue impulsando la iniciativa para otorgar un bono para combatir la indigencia.
Con el objetivo de poner un freno al deterioro de los ingresos de la mayoría de la población, la senadora Juliana Di Tullio y sus compañeros de banca proponen otorgar un bono para desocupados desde 25 años a uno menos que el límite de la jubilación (59 mujeres y 64 hombres), que no sean beneficiarios de planes sociales.
Recibirían el equivalente a una canasta básica alimentaria por adulto, que según el Indec en julio alcanzaba 15.057 pesos mensuales. Se actualizaría por trimestre.
El proyecto de la presidenta del bloque Unidad Ciudadana de la Cámara alta busca el acceso a una adecuada alimentación de las personas que se encuentren en situación de extrema vulnerabilidad, que prevé un costo fiscal del 0,09% del PBI para lo que resta del 2022 y 0,44% para el 2023.
El Presupuesto 2023 se tratará en Diputados el próximo martes y contempla que magistrados paguen Ganancias es una publicación original de El Ágora Digital.
