Este miércoles sucedieron varios hechos destacables en el marco de la investigación por el intento de magnicidio de CFK: La querella de la vicepresidenta hizo una presentación judicial con el objetivo de que se investigue quién está por arriba del detenido Nicolás Gabriel Carrizo, al tiempo que la diputada PRO Karina Bachey echó a su asesora Brenda Salva por tomar la defensa de Carrizo; Agustina Díaz amplió su indagatoria y se abrió el tercer sumario interno de la Policía Federal por las graves irregularidades de su actuación.

¿Un quinto sospechoso?

La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner pidió este miércoles que la Justicia imponga el secreto de sumario en la causa por el atentado en su contra al tiempo que solicitó que la investigación también apunte hacia el financiamiento que habría recibido Nicolás Carrizo, el “jefe” de la “Banda de los Copitos”, y uno de los cuatro detenidos del caso.

El equipo de abogados que representa a la ex mandataria aportó un dato sensible al expediente vinculado con un posible nexo de Carrizo y solicitó que sea investigado en un legajo reservado. Se trata de un posible hilo conductor que parte de un mensaje o una llamada de Carrizo y que estaría ligado a un referente del PRO.

El pedido fue realizado por medio del abogado defensor de CFK, José Ubeira. Al solicitar las medidas de prueba, la vicepresidenta en su rol de querellante reclamó se imponga el secreto de sumario en la causa para que justamente se proceda con esas medidas.

La información entregada por la querella podría conducir hacia las filas o las cercanías de un sector de Juntos por el Cambio.

Por estos días generó suspicacias la coincidencia de que dos de los abogados de Carrizo están vinculados a esa fuerza política: Gastón Marano trabajaba hasta esta semana como asesor de Ignacio Torres, senador por Chubut de esa fuerza y miembro de la Comisión Bicameral de Inteligencia, con acceso a información sensible; Brenda Salva había sido designada en mayo como asesora de la diputada del PRO Karina Ethel Bachey. Ambos fueron desvinculados de esos cargos.

Otro dato llamativo es que los defensores oficiales de Uliarte y Sabag Montiel dejaron vencer el plazo de apelación de sus procesamientos.

Capuchetti los procesó por tentativa de homicidio calificado, agravado por el empleo de armas de fuego, alevosía y el concurso premeditado de dos o más personas, además de la portación ilegal de armas. Este encuadre excluye la dimensión política del intento de asesinato y lo limita a un delito común.

Es decir, no contempla la concepción del hecho como un atentado al orden constitucional y la tranquilidad pública, un acto de terrorismo, o lo dejaría librado a una instancia posterior de juicio oral.

Carrizo es el cuarto detenido de la causa. De su celular surgieron conversaciones en las que se hablaba de matar a la expresidenta con otra de las imputadas, Brenda Uliarte, que a su vez es pareja de Fernando Sabag Montiel, el tirador.

Por otra parte, la jueza María Eugenia Capuchetti rechazó ayer el planteo presentado por el abogado defensor de Carrizo, Gastón Marano, para que se decretara la nulidad de la prueba obtenida en su celular porque lo había aportado de manera voluntaria y en calidad de testigo.

Fue un planteo que la defensa de Carrizo hizo antes de su indagatoria y al que rápidamente se opuso el fiscal Carlos Rívolo con el siguiente argumento:

“Había razones para requisar el celular, ya que las conversaciones de Carrizo con Uliarte y los grupos de WhatsApp que compartía con Sabag Montiel eran de investigación para la pesquisa”. “Si Carrizo se hubiera negado a aportar su teléfono celular, la jueza podría haber ordenado el secuestro y posterior peritaje, incluso siendo Carrizo un testigo y no un imputado (como lo era hasta aquel momento)”, había explicado el fiscal en el dictamen.

Brenda Salva, la exasesora del PRO que defiende a Carrizo

El rechazo del planteo de Marano no fue la única novedad para los defensores de Carrizo. Este miércoles, la diputada del PRO Karina Bachey echó a su asesora Brenda Salva por tomar la defensa del dueño de la máquina para hacer algodones de azúcar.

“Corresponde velar por el esclarecimiento del hecho y por la paz social“, justificó su decisión Bachey, en un breve comunicado. La diputada, que asumió en diciembre y es cercana a Patricia Bullrich, explicó que Salva la asesoraba “en temas de discapacidad” pero en simultáneo ejercía su profesión de abogada.

El martes Bachey había justificado que Carrizo sea uno de los clientes de Salva y se había negado a echarla. El bloque de Diputados del FDT se lo pidió por comunicado porque “su permanencia contradice el apego a la convivencia democrática en la que debe funcionar la Cámara de Diputados“, y finalmente lo consiguió.

Salva es abogada y trabaja en el estudio de Marano, quien apareció como el primer letrado a cargo de la defensa de Carrizo. Casualmente, Marano también era asesor del Congreso y fue separado por el senador nacional del PRO, Ignacio Torres, por los mismos motivos que a Salva.

La exasesora del PRO también es periodista y fue columnista de temas policiales y judiciales en el programa de Chiche Gelblung. Actualmente, es parte del staff del canal de noticias La Nación +, en el equipo de María Laura Santillan y Eduardo Serenellini.

Díaz amplió su indagatoria

Agustina Díaz, con quien Brenda Uliarte tenía una relación cercana, amplió su indagatoria este miércoles, en esencia, para decir que no había estado en las cercanías de la vivienda de CFK ni el 1 de septiembre ni los días previos.

Buscó dejar en claro fue que ella no era quien la TV Pública difundió como la persona que aparece en la casa de Cristina Kirchner en los días previos al ataque. En rigor, en la causa nunca estuvo esa información. Y cuando Díaz llegó a la indagatoria ya estaba incorporado un informe de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) que decía que no era esa persona. Esa diligencia se ordenó tras la difusión de su imagen.

Buscó desligarse de la inteligencia y la preparación del atentado. También, al parecer, contó que Uliarte le decía que Sabag sabía disparar pero lo descalificaba y se jactaba de que ella no habría fallado, algo que aparece en los mensajes con Carrizo.

“Brenda decía que Sabag Montiel era un boludo por no darle a Cristina”, expresó Díaz en su ampliación de indagatoria.

Por otra parte, este jueves habrá una audiencia en la sala I de la Cámara Federal -que integran los jueces Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens– por el pedido de excarcelación de Díaz.

Los sumarios de la Federal

La Policía Federal quedó en la mira tras la orden de abrir un tercer sumario a raíz de su defectuosa intervención en todo lo que rodeó al atentado a Cristina y la investigación posterior.

Ya hubo un primer sumario interno por la pérdida del contenido de una de las pruebas clave, el celular de Fernando Sabag Montiel.

Un segundo sumario se tuvo que poner en marcha por las deficiencias en la seguridad de CFK ante el ataque.

Y ahora, se dispuso una nueva investigación interna porque, cuando la jueza Capuchetti ordenó la detención de Brenda Uliarte, para ubicarla, se puso en marcha una escucha directa de su celular, que debía concretarse en un box de la Policía Federal: el personal requerido tardó tres horas en llegar a su puesto.

Eso motivó que la oficina de escuchas de la Corte Suprema terminara informándole al secretario de Capuchetti que Uliarte se estaba moviendo y en camino a Retiro. Después de una primera búsqueda en la terminal de micros, el propio secretario de la jueza, Federico Clerc (de apenas 23 años), descubrió que en realidad Brenda se había subido a un tren y no a un micro. Esa formación fue después detenida en la estación Palermo.

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