En un show mediático-judicial plagado de irregularidades, los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola pidieron no sólo 12 años de prisión para Cristina Fernández de Kirchner, sino también la proscripción perpetua de la expresidenta para ejercer cargos públicos. Negando el derecho a la legítima defensa, el tribunal rechazó su ampliación de la indagatoria. La titular del Senado hablará por redes sociales a las 11 horas de este martes.
El show de Luciani y Mola
El juicio conocido como “Vialidad” se realiza por el supuesto direccionamiento de la obra pública vial en Santa Cruz entre el 2003 y el 2015. El pedido de condena fue formulado por el fiscal Diego Luciani ante el Tribunal Oral Federal (TOF) 2, tras considerar que la exmandataria fue la “jefa de la asociación ilícita“, a la que acusa además de haber cometido el delito de administración fraudulenta contra el erario público.
Luiciani también pidió que se condene a 12 años de prisión al empresario Lázaro Báez, mientras reclamó penas de 10 años de cárcel para el exministro de Planificación Federal, Julio De Vido; el exsecretario de Obras Públicas José Francisco López; y el extitular de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV), Nelson Periotti.
El representante del Ministerio Público Fiscal también requirió el decomiso de unos 5.321 millones de pesos para ser destinados a instituciones de bien público, dado que para la acusación ese es el monto del supuesto perjuicio para las arcas del Estado.
“Nos encontramos ante un crimen de extrema gravedad. Se trata de la mayor maniobra de corrupción que se haya conocido en el país“, aseguró el fiscal sobreactuando sus dichos.
Antes de pasar al “petitorio”, el fiscal le solicitó al tribunal que extraiga testimonios en relación a situaciones ocurridas durante el juicio, a fin de que se investiguen posibles delitos de acción pública que hasta aquí no habían sido tratados, como la supuesta participación de las empresas Petersen y Esuco en los hechos.
Para la fiscalía, la constructora Petersen, Thiele & Cruz, de los Eskenazi, y la firma Esuco, de la familia Wagner, se habrían prestado para simular competencia en algunas licitaciones que las empresas de Báez ganaron en Santa Cruz. Carlos Wagner declaró en el juicio como testigo.
Luciani requirió también que se investigue si hubo irregularidades vinculadas a la obra del Hospital Materno Infantil de Río Gallegos, a partir de conversaciones de whatsapp extraídas del celular de José López, entre el ex funcionario y Abel Fatala.
Allí también pidió que se investigue si de algunos mensajes en particular, utilizado como prueba para su propio alegato, surge la comisión de algún delito.
El fiscal criticó que la Oficina Anticorrupción dejara de ser querellante y la Unidad de información Financiera pidiera la absolución de los acusados y aprovechó el espacio también para cuestionar que la exmandataria hubiera dicho en el juicio que a ella la absolvió “la historia” cuando “bien sabe que es el Poder Judicial” la institución encargada de enjuiciarla.
Antes, el fiscal también le mandó un mensaje al presidente Alberto Fernández cuando lo acusó de haber defendido “puerilmente a su compañera de fórmula” cuando le tocó declarar en calidad de testigo.
También acusó a Alberto Fernández de “injerencia indebida” en el Poder Judicial porque en su testimonio refirió que las decisiones en materia de contratación pública no son revisables en los tribunales. En su testimonio, el Presidente sostuvo que las decisiones de contratación de obra pública son “decisiones políticas no judiciables“, como si se tratara de una supuesta asociación ilícita como los fiscales quieren hacer creer.
“Un presidente no sabe cómo evoluciona cada obra, lo que sí hacemos es tener reuniones periódicas para ver los grandes temas del ministerio“, había declarado Fernández en defensa de los Kirchner.
Además, aclaró que en el Estado “hay delegación” de funciones y “no existe posibilidad de que el Presidente pueda conocer cada obra pública“.
El rechazo a la ampliación de indagatoria
Después de un cuarto intermedio de 30 minutos, el Tribunal Oral Federal 2 decidió rechazar el planteo de Cristina Kirchner, quien había solicitado ampliar su indagatoria este martes.
El abogado de Cristina Kirchner, Carlos Beraldi, sostuvo que era una “vergüenza” que le nieguen la posibilidad de ampliar su indagatoria y acusó al Tribunal de “violar una vez más las garantías de la defensa“.
El petitorio está basado en que en el alegato de la fiscalía se introdujeron cuestiones “fácticas” que no habían sido previamente debatidas y que tampoco estaban en la elevación a juicio por lo que considera oportuno poder responderlas antes de los alegatos restantes“.
Como reacción a esta violación elemental de los derechos constitucionales, la expresidenta anunció que a hablará a través de sus redes sociales este martes a las 11 horas de la mañana:
“Si algo faltaba para confirmar que no estoy ante un tribunal de la Constitución, sino ante un pelotón de fusilamiento mediático-judicial, es impedirme el ejercicio del derecho de defensa ante cuestiones que nunca figuraron en el acto de acusación del fiscal al que asistí durante 5 días en mayo de 2019″.
“Por ello mañana (por este martes) a las 11hs, a través de mis redes voy demostrar, justamente, por qué me están prohibiendo hablar en el juicio después del obsceno guión que montaron los fiscales”.
Se estima que el mensaje será una transmisión en vivo y durará aproximadamente una hora.
Que nunca figuraron en el acto de acusación del fiscal al que asistí durante 5 días en mayo de 2019. Por ello mañana a las 11hs, a través de mis Redes Voy Demostrar, justamente, por qué me están prohibiendo hablar en el juicio después del obsceno guión que montaron los fiscales.
— Cristina Kirchner (@CFKArgentina) August 22, 2022
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