La Subsecretaría de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires repudió mediante un comunicado las prácticas de lawfare que se vienen sucediendo contra la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner.

Desde el organismo provincial afirmaron:

“Entendiendo que esta práctica posee consecuencias directas que lesionan y perjudican nuestro Estado de derecho con implicancias negativas para el ejercicio y garantía de los derechos constitucionales más básicos de quien lo padece y, también, de los Derechos Humanos consagrados en nuestra propia ley suprema por parte de toda la sociedad”.

Asimismo, plantearon que “el lawfare en nuestro país -y en toda Latinoamérica- genera graves lesiones al Estado de derecho y a la forma republicana de gobierno, colocando al Poder Judicial a disposición -y en defensa- de los poderes fácticos”.

Aseguraron que la persecución judicial vulnera “los derechos receptados en nuestra Constitución Nacional y convenios internacionales, tales como el debido proceso, defensa en juicio, principio de inocencia y demás garantías judiciales“.

Por otro lado, aseguraron que:

“Esta mecánica imposibilita el ejercicio democrático y el sostenimiento de una democracia popular, al proscribir líderes y dirigentes que se opongan a los intereses de los grupos concentrados de la economía en defensa de las grandes mayorías”.

En este sentido, advirtieron que “se crearon peligrosos marcos jurídicos en el seno del Poder Judicial. La llamada “doctrina Irurzun”, a modo de ejemplo, impone prisión preventiva a ex funcionarios públicos argumentando la existencia de un “poder residual” que les permitiría entorpecer la investigación en su contra.

“Curiosamente -marca el comunicado-, la doctrina sólo fue utilizada contra ex funcionarios del gobierno kirchnerista, no aplicándose contra ex funcionarios de otros partidos políticos”.

Denunciaron, como ejemplo de ello, “el silencio sepulcral que guarda el poder judicial frente a aquellos que acordaron el crédito de deuda más grande de la historia con el Fondo Monetario Internacional“, sin la consulta del Congreso.

Finalizaron el documento, asegurando que “el lawfare constituye una práctica antirrepublicana y violatoria de derechos procesales en especial pero también de Derechos Humanos“.

“Esta Subsecretaría de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires hace un llamado en defensa de la independencia judicial, para la democracia e insta especialmente, a la Corte Suprema de Justicia de la Nación para que, como máxima autoridad del Poder Judicial, intervenga de manera urgente para restablecer la legitimidad del servicio de Justicia y, en última instancia, garantizar los Derechos Humanos en nuestro país”.

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