Alberto Fernández citó a la mayoría de los gobernadores de las provincias para que lo acompañen en el anuncio del proyecto de Ley que busca la ampliación de la Corte Suprema de Justicia de la Nación a 25 miembros.
Desde hace varias semanas los mandatarios provinciales vienen impulsando la idea de reformar y ampliar la Corte para dotarla de mayor legitimidad política y representación federal. El Presidente anunciará el proyecto que fue redactado por el Ministerio de Justicia.
El gesto del Ejecutivo subirá un nivel más la tensión existente entre el Gobierno y el máximo Tribunal con resultado incierto: independientemente de si se puede aprobar en el Congreso -con mayoría simple- una ampliación de estas características, el nombramiento de los candidatos a ocupar esas vacantes requiere de los dos tercios del Senado, lo que implica convocar y convencer a los radicales y acceder al reparto de bancas.
La necesidad de consenso entre oficialismo y la oposición significa que no necesariamente deban cubrirse los 25 que contempla la propuesta restando los 4 cargos ya ocupados.
Los Gobernadores que se reúnen en el Consejo Federal de Inversiones (CFI) auguran que la Corte actual fallará en contra de Nación y a favor de la Ciudad de Buenos Aires en el conflicto por los puntos de coparticipacion federal por el traspaso de la policía.
Estos augurios son también impulsados por las operaciones mediáticas: el Grupo Clarín adelantó que efectivamente la Corte fallaría en favor de Horacio Rodríguez Larreta y en detrimento del resto de las provincias del país.
El Proyecto de ampliación del máximo tribunal es corto y consta de 3 artículos. La evaluación era el tema de la división de salas que estaba contemplado en la versión original y por una cuestión de la cantidad de cargos en juego. La división en salas especializadas es una propuesta que induce a la discusión académica. Para un sector relevante del mundo jurídico dividir una Corte en salas es inconstitucional.
Si bien la ampliación alcanzaría el número de 25 jueces, la idea que circulaba en despachos oficiales era que no sería necesario tener todo el nuevo plantel nombrado para que comience a funcionar en pleno, sino que vayan ingresando conforme se negocien los nombramientos.
El formato de “mini Senado” a propuesta de los gobernadores -ya que habría representantes de cada provincia- implicaría un necesario reparto con la oposición por un tema numérico. Pero alcanzaría con consensuar un grupo comenzando por alguna región o en nombre de algunas provincias para romper el bloque de mayoría actual.
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