Se trata de dos trabajadoras de la Biblioteca Popular “Niños Pájaros” del barrio Alto Comedero en San Salvador de Jujuy, quienes denunciaron que el gobierno de Gerardo Morales les armó una causa a partir de su actividad en redes sociales. “Es una causa armada por ser militantes“, declaró una de las imputadas.

La situación comenzó en noviembre de 2021, cuando Ana Julia Ramos (de 32 años) y Marisol Velázquez (de 25 años) fueron imputadas por amenazas contra el Gobernador de Jujuy a raíz de pintadas contra el mandatario encontradas en el centro de la capital jujeña.

Además, Ramos y Velázquez son militantes en la organización social y política AJI 20 y fueron candidatas a diputadas provinciales anteriormente.

Sin embargo, ambas presentaron pruebas de que se encontraban en sus hogares al momento del hecho y pidieron que se realizaran pericias en sus celulares para probarlo. Aún así, el fiscal Diego Funes no les dio lugar.

Durante una conferencia realizada frente al Ministerio Público las dos imputadas objetaron que “en el expediente no hacen nada más que probar nuestro trabajo en el barrio”, y señalaron que “no tienen ninguna prueba para sostener la imputación“.

Al respecto, Velázquez detalló que “hoy mostramos el expediente bochornoso y vergonzoso” y explicó que “a mi me imputan porque soy Fan Destacada de AJI 20 en Facebook“. “Dicen que fui candidata, y remarcan los emojis y emoticones que hacía en los comentarios“, agregó.

En particular, “señalan el emoticón del puñito hacia arriba en los comentarios”, comentó, y declaró:

“¿Cómo imputas a una joven porque hizo un comentario en Facebook de un puñito? ¿Entonces cualquier persona que es fan destacado debería estar imputada? No tenemos absolutamente nada que ver. Somos totalmente inocentes. Ese día yo estaba en mi casa porque era el Día del Padre“.

“No hay respuesta”, lamentó, “no nos dan el sobreseimiento y por eso visibilizamos el expediente para que se vea que es una causa armada”. “Ya pasó un año y te provoca daño psicológico y violencia institucional“, continuó, al tiempo que agregó:

“Es muy injusto porque somos dos chicas jóvenes y estamos pasando por esto. Yo voy caminando solita y veo un policía y siento que me siguen o veo un patrullero y me entra el miedo”.

Entre tanto, Ramos explicó que cuando ocurrieron las pintadas ella se encontraba en su casa con Covid-19 y pidió que se realizaran pericias en su celular para probarlo. “Estamos acusadas penalmente por un graffiti”, señaló, al tiempo que detalló que “presentamos pruebas que comprueban que nosotras ese día nos encontrábamos en nuestra casa”. Además, comentó:

“Hemos pedido la localización de nuestros celulares, tenemos pruebas suficientes como para ya tener el sobreseimiento pero estamos cumpliendo un año de esta persecución política por parte del gobierno de la provincia de Jujuy”.

Por otro lado, aseguró que “las pruebas que presenta el fiscal Diego Funes no hacen más que comprobar que hacemos un trabajo barrial y que somos fans destacadas de las redes sociales de nuestro partido”, al tiempo que agregó:

“Consideramos que es una persecución política porque el expediente no prueba que estuvimos esa noche pintando ese graffiti sino que hay pruebas de que somos parte del partido. El gobierno nos persigue porque militamos”.

Cabe recordar que antes de que ocurriera la imputación la Biblioteca en la que ambas trabajan había denunciado la presencia de un efectivo de la Policía de Jujuy infiltrado en la Radio Pueblo (la emisora de la organización) durante tres años.

Al respecto, Ramos explicó que “hicimos la denuncia y no sabemos por qué no nos da explicaciones hasta el día de hoy de que hacía un policía en nuestro espacio”, y señaló que “eso sí es ilegal y deberían encargarse de investigar la justicia y no perseguirnos por atrevernos a organizarnos”. “Al parecer no le interesa investigar eso”, agregó.

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