En el marco del Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, la Legislatura de la Provincia de Buenos Aires encaró dos proyectos que buscan continuar con la política de Estado en defensa de los Derechos Humanos: por un lado, aprobó la creación de la Unidad para la Reparación Histórica para derogar los decretos de la dictadura; y por otro, proponen crear organismo provincial contra el negacionismo del terrorismo de Estado.
Revisarán los decretos de la dictadura
En la previa del 46º aniversario del golpe de Estado más sangriento de la Argentina, los legisladores provinciales desempolvaron un proyecto que quedó trunco durante el gobierno de María Eugenia Vidal.
Se trata de la revisión de todos los decretos leyes y ordenanzas establecidas por la última dictadura cívico-militar. Si bien hay algunos cambios en las formas, el proyecto mantiene el espíritu de derogar, sustituir, modificar, ordenar y adecuar las normativas dictadas durante el gobierno de facto.
Durante las sesiones especiales de ayer por el 24 de marzo, la Legislatura bonaerense aprobó una resolución conjunta del presidente de la Cámara de Diputados, Federico Otermín, y de la titular del Senado bonaerense, Verónica Magario, que crea una Unidad para la Reparación Histórica Legislativa.
De acuerdo a la iniciativa sancionada, la Unidad para la Reparación Histórica Legislativa dependerá de las presidencias de ambos cuerpos, quienes deberán designar un directorio que trabajará ad honorem que garantice el cumplimento de los objetivos definidos en la resolución conjunta.
El organismo deberá clasificar todos los decretos leyes y ordenanzas dictadas durante el golpe de Estado, posteriormente elaborar informes destinados a las secretarías legislativas, confeccionar las nuevas normas y proporcionar asesoramiento a los municipios.
En sintonía con el trabajo legislativo, durante el acto oficial del Gobierno bonaerense por el 24 de marzo el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Julio Alak, explicó que el gobernador, Axel Kicillof, solicitó “instruir a la Asesoría de Gobierno a hacer relevamiento de todos los decretos de las dictaduras militares”.
Contra el negacionismo del terrorismo de Estado
La diputada provincial oficialista Susana González presentó un proyecto de ley que propone crear un organismo provincial contra el negacionismo del terrorismo de Estado, luego de una sesión especial en la Cámara baja bonaerense en donde hubo repudio unánime a los dichos del libertario Nahuel Sotelo, quien acusó a diferentes fuerzas políticas de colaborar con la última dictadura cívico-militar.
El organismo propuesto por González está destinado a desarrollar políticas tendientes a prevenir, denunciar y crear un registro de identificación de conductas públicas negacionistas en relación a los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico-militar y el etnocidio llevado a cabo contra los pueblos originarios.
“El término Negacionismo refiere a la práctica de minimizar, justificar, relativizar o negar los crímenes de lesa humanidad y genocidios cometidos por un Estado o partido de Gobierno, en un momento y en un territorio determinado, y contra una población definida e individualizada”, explicó Susana González.
“El negacionismo no es solo una estrategia, sino más bien una política sostenida en el tiempo cuya meta consiste en refutar los hechos desde una óptica distinta que explique eventos genocidas, siempre relativizando la responsabilidad del Estado”, sostuvo.
En esa línea, González advirtió:
“El negacionismo implica el desconocimiento, puesta en duda y/o negación sistemática de hechos de nuestra historia con fines políticos” y apuntó que “uno de los ejemplos más claros en Argentina, ha sido poner en duda la desaparición forzada de personas o la apropiación de menores por parte del Estado terrorista”.
El Consejo de Promoción de Políticas contra el Negacionismo del Terrorismo de Estado en la provincia de Buenos Aires -que se crearía con el proyecto-, estaría integrado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, la Comisión Provincial por la Memoria y el Defensor del Pueblo bonaerense.
Entre otras cosas, el organismo tendrá por objetivo generar una base documental sobre el negacionismo en la provincia de Buenos Aires. De igual modo, la iniciativa de González propone incorporar al Consejo Provincial de Asuntos Indígenas (CPAI), cuando las conductas negacionistas guarden relación con violaciones a derechos humanos de dichas comunidades.
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