El expresidente Mauricio Macri y sus exfuncionarios hacen todo lo posible para que las causas judiciales que los comprometan tramiten en los tribunales de Comodoro Py. Esto es porque los juzgados porteños siempre han sido afín a los intereses y operaciones judiciales del macrismo. Desde la persecución a dirigentes kirchneristas hasta el blindaje judicial a funcionarios de Cambiemos, Comodoro Py es -por así decirlo- la meca judicial del macrismo.
En los últimos años el fuero federal pasó por un ciclo de uso político de causas en trámite, donde atacó todo lo que remotamente pareciera signo de “populismo”.
El Poder Judicial, el más cuestionado de la República por la mayoría de la población, muestra claras señales de corrupción interna y favoritismo político, en contra de la supuesta “independencia de los poderes”.
Para ejemplificar hay que mirar a la Cámara Federal, donde se han anulado varios procesamientos contra exfuncionarios de Cambiemos, donde tres de sus cinco integrantes fueron nombrados por Macri: Mariano Llorens, Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, los dos últimos a dedo.
La Cámara de Casación también merece atención: cinco (Carlos Mahiques, Guillermo Yacobucci, Javier Carbajo, Diego Barroetaveña y Daniel Petrone) de sus 12 miembros fueron designados por Cambiemos.
En la Corte Suprema de Justicia, máximo tribunal del país, hay dos cortesanos también puestos por Macri: Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz.
Repasamos algunas de las causas donde el Poder Judicial blindó al expresidente Macri y sus ex funcionarios:
Peajes y autopistas
Esta es una causa sobre un multimillonario negocio del gobierno de Macri para beneficiar Autopistas del Sol, de la que los Macri tenían el 7%.
El Estado les pagó 499 millones de dólares por un supuesto retraso tarifario y renegociaron el contrato hasta 2030 sin licitación. Sus acciones, que valían 4 pesos en 2015 llegaron a 75,50 después de un aumento de los peajes del 270%.
Ahí SOCMA -la empresa familiar del clan Macri- vendió su parte a 20 millones de dólares a una empresa sin antecedentes en el rubro. El exjuez ya jubilado Rodolfo Canicoba Corral calculó un fraude al Estado de 746 millones de dólares y dictó procesamientos y la Cámara (Bruglia y Martín Irurzun) los anuló.
Los beneficiarios: Guillermo Dietrich, Nicolás Dujovne, Bernardo Saravia Frías y Javier Iguacel. La jueza María Eugenia Capuchetti dictó faltas de mérito y ordenó una pericia. Hoy el juez es Daniel Rafecas.
Parques eólicos
El Gobierno de Cambiemos favoreció a empresas del grupo Macri en la compra y venta de seis parques eólicos en Chubut y en Miramar con una ganancia mayor a 70 millones de dólares.
Los proyectos de energías renovables fueron comprados a la española Isolux a través de tres empresas (Usir, Sidsel y Sideli) ligadas a SIDECO con terminal en la firma Raimbow Luxemburgo, manejada por Gianfranco Macri.
Luego los vendieron a Goldwindy a Genneia. La causa data de enero de 2018. Mariano Macri, el menor de los hermanos, había dicho en el libro “Hermano“, de Santiago O’Donnell, que fue un negocio de Mauricio con Gianfanco de testaferro, pero ante el juez Marcelo Martínez de Giorgi declaró que no tenía pruebas.
La causa espera hace meses sin éxito el testimonio de Mariana Nannis, quien involucró a su exmarido, Claudio Paul Caniggia con Macri. Nunca hubo indagatorias. Los imputados son Mariano Payaslián, Gianfranco Macri y Juan José Aranguren.
El Correo y el Grupo Macri
En 2016 el Correo Argentino, del grupo Macri, firmó un acuerdo con el Estado nacional, con Macri en la presidencia, para licuar el 98,87 por ciento de la deuda millonaria, que lleva más de 20 años sin pagar.
La fiscala ante la Cámara Comercial, Gabriela Boquin, lo denunció y logró que el pacto no se ejecutara. También se abrió una causa penal. En noviembre pasado declararon técnicos pedidos por las defensas. Cinco meses antes había sido declarada la quiebra. No pasó más nada.
Mesa judicial
“Fui la primera víctima del lawfare”, declaró la jueza Casación Ana María Figueroa, cuando contó que el exsubsecretario de Justicia, Juan Mahiques, le pidió que apurara un fallo para confirmar la inconstitucionalidad del Memorándum con Irán.
En ese mismo sentido, están identificados distintos ataques y presiones a otros jueces como Alejo Ramos Padilla, Eduardo Freiler, Martina Forns, jueces laborales y la exprocuradora Alejandra Gils Carbó, entre otros.
La pesquisa reconstruye esa persecución desde una “mesa judicial” con el operador judicial Fabián “Pepín” Rodríguez Simón a la cabeza, y con la participación del exministro Germán Garavano, el exsecretario Legal y Técnico, Pablo Clusellas. Además hay una línea de investigación que involucra a la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) por espiar a Gils Carbó, y podría llegar a Macri.
Los vínculos de ciertos jueces con Macri y las decisiones funcionales a lo que buscaba aquel gobierno son investigados: una causa analiza las visitas de los camaristas Mariano Borinsky, Gustavo Hornos y Mariano Llorens a Macri, pero sin avances.
Espionaje
El espionaje ilegal contra opositores, dirigentes propios, sindicalistas, organizaciones sociales, empresarios, periodistas y dentro de la cárcel de Ezeiza, fue un accionar sistemático del gobierno de Macri.
Entre los casos más emblemáticos encontramos el “D’Alessiogate“: un entramado entre agentes inorgánicos, espías y fiscales para alimentar las causas judiciales contra ex-funcionarios kirchneristas y empresarios amigos de éstos.
Una de las causas más indignantes fue el espionaje a los familiares de los tripulantes del ARA San Juan, donde fue procesado el mismo Macri.
Otro tramo que desnudó el Proyecto AMBA, las bases de la AFI en territorio bonaerense, cobró relieve con la aparición del video de la “Gestapo” antisindical.
Macri buscó y logró mudar todas estas causas a Comodoro Py, donde corren serio riesgo de ser descartadas por el beneplácito de los magistrados afines.
La causa del Proyecto AMBA, donde desde el exdirector de la AFI, Gustavo Arribas, para abajo, estaban todos procesados, fue derribada por los camaristas Llorens y Bertuzzi que dijeron que fue un asunto de cuentapropistas.
El acuerdo con el FMI
También se investiga judicialmente la irregular toma de deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI), que no pasó por el Congreso: rastrea la violación de normas para suscribirlo y busca identificar a los responsables aumento de la formación de activos externos (fuga de dólares), con la desregularización de controles cambiarios y a los beneficiarios.
El fiscal Franco Picardi pidió un equipo interdisciplinario del Banco Central y la AFIP para analizar a qué se destinó el dinero, que aún no hizo avance alguno; espera respuestas de la Comisión de Valores; la Procuración del Tesoro pidió citaciones a los funcionarios del FMI que participaron en la aprobación del megacrédito.
Es justamente este accionar irregular del Poder Judicial el que hizo que el pasado 1 de febrero, centenares de miles de ciudadanos de todo el país se movilizaran en contra de sus máximas autoridades y pidiendo la “democratización de la Justicia“.
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