El 1 de agosto de 2017, mientras participaba en un corte de ruta en reclamo por las tierras del pueblo Mapuche en la provincia de Chubut, Santiago Maldonado fue desaparecido durante la violenta represión llevada a cabo por la Gendarmería Nacional contra el grupo de manifestantes. Hasta el día de hoy la justicia no juzgo a los responsables de la desaparición y posterior muerte del jóven.

Santiago permaneció desaparecido 78 días, hasta que el 17 de octubre su cuerpo fue encontrado en el Río Chubut, 400 metros arriba de dónde había sido visto con vida por última vez. Río que había sido rastrillado de arriba abajo en varias ocasiones durante su búsqueda.

El reclamo y la represión

Santiago se había unido el 31 de julio de ese año a la lucha de la comunidad mapuche del Pu Lof en Resistencia en Cushamen, a 80 km al sur de la ciudad de Esquel para participar de una jornada de protesta por la liberación de Facundo Jones Huala, el líder de dicha comunidad, encarcelado acusado de participar de una organización terrorista, la R.A.M., de la cual no hay indicios certeros de su existencia.

El reclamo de la comunidad mapuche es ancestral, y es por el reconocimiento de sus territorios. Tierras que se encuentran en manos del empresario italiano Luciano Benetton, propietaria de algo más de 900.000 hectáreas en todo el país, un tercio de las cuales están ubicadas en Chubut con centro en la estancia Leleque (de 180.000 hectáreas), ubicada en el departamento Cushamen.

El 1 de agosto, la Gendarmería lleva adelante un operativo de desalojo de un supuesto corte de la ruta 40, a la altura de la estancia Leleque. Operativo que se llevó adelante sin orden judicial, ya que el juez había ordenado liberar la ruta, situación que ya se había logrado en la madrugada de ese día.

La gendarmería empieza a disparar sobre la ruta y persigue a los manifestantes hasta dentro de la Pu Lof hasta llegar al agua. Allí, en las orillas del Río Chubut es la última foto con vida que hay de Santiago.

La familia se entera al día siguiente, por medio de las demás personas de la comunidad, que Santiago no había vuelto aparecer luego de la represión. Allí se inicia su búsqueda y la exigencia de su aparición con vida.

 Su búsqueda, la complicidad política y judicial

Algunos testigos de la protesta afirmaron que vieron como la Gendarmería se llevaba a Santiago detenido en uno de sus vehículos.

Con posterioridad se confirmó que el Secretario de Seguridad de la Nación, Pablo Noceti, segundo de Patricia Bullrich, había estado a cargo de los operativos de esos días en Chubut. Fue el mismo Secretario que, alertado por el juez de la causa Guido Otranto de los allanamientos ordenados el 3 de agosto, le ordenó a la fuerza de seguridad que escondan los vehículos utilizados en el operativo.

Su hermano Sergio asiste a Esquel y presenta un Habeas Corpus para saber dónde está su hermano. La gendarmería debía entregar el acta del operativo, cosa que no hace.

El 5 de agosto buzos de prefectura rastrillan ambas márgenes del Río Chubut sin obtener ningún rastro de Santiago. El personal de Prefectura dijo que es muy difícil que Santiago se hubiese podido ahogar ahí, ya que es un lugar de muchos palos, con una profundidad de un 1,30 o 1,40 en la parte más profunda, con poca corriente. Sin embargo es allí donde aparece su cuerpo el 17 de octubre.

Al día siguiente el defensor oficial que intervenía en la causa denuncia que las fajas de seguridad de las camionetas que habían sido secuestradas fueron violadas y los vehículos habían sido lavados.

El 7 de agosto la Ministra Bullrich dice que no hay indicios de la detención de Santiago y ofrecen una recompensa a quienes den datos de su paradero. Es allí que, en complicidad con los medios aliados al gobierno de Macri, empiezan a circular todo tipo de versiones como que se había escapado a Chile y que lo vieron en un pueblo de una provincia del norte.

En esas mismas fechas interviene el Comité contra la Desaparición de Personas de la ONU y le exige al Estado Argentino que adopte acciones urgentes y una búsqueda integral y exhaustiva de Santiago.

El 10 de agosto hacen lugar al pedido de allanamiento en Esquel, donde encuentran cabello y sogas. Se produce el 11 la primer marcha, que convoca en todo el país a centenares de miles de personas exigiendo la aparición con vida.

El 17 de agosto Patricia Bullrich expone en el Senado, relativiza los operativos y la responsabilidad de la Gendarmería, cuestionó a la familia Maldonado y la hipótesis de la desaparición forzada.

El 23 de agosto interviene la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y le exige al gobierno las medidas necesarias para determinar la situación y paradero de Santiago Maldonado, con el fin de proteger sus derechos a la vida e integridad personal. Al día siguiente la fiscalía cambia la carátula a desaparición forzada.

El 8 de septiembre el juez Otranto allana la comunidad Pu Lof en búsqueda de Santiago. El 11 de ese mes un gendarme declara que hirió a un manifestante durante el desalojo del 1 de agosto.

El 21 de septiembre la familia logra el apartamiento de Otranto por temor a la parcialidad de su investigación, ya que entre otras cosas había admitido a la gendarmería como parte del expediente y brindado acceso a toda la investigación. En su lugar es nombrado a cargo de la causa el juez Lleral.

A casi dos meses de la desaparición, el gobierno cambia de estrategia y admite que puede haber habido un exceso del uso de la fuerza de parte del grupo de gendarmes que participó del operativo, y pide que se cambie la carátula a homicidio simple, queriendo desligar así toda responsabilidad estatal.

Con posterioridad el juez Lleral ordena que cesen las escuchas ilegales que se realizaban a Sergio Maldonado. El 1 de octubre se producen otra vez multitudinarias marchas por Santiago.

Elisa Carrio declara en los medios que hay un 20% de posibilidades de que Santiago se encontrará en Chile, arremetiendo nuevamente contra el joven desaparecido.

Finalmente el 17 de octubre se encuentra un cuerpo en el Río Chubut. El médico de la autopsia filtra imágenes del cuerpo sin vida de quien se confirmaba era Santiago Maldonado. De esta manera Santiago no sólo sufrió la represión, la desaparición, la muerte, sino también la profanación de su imagen cuando ya no podía defenderse de ninguna manera.

El derrotero posterior y la justicia que no llega

La familia Maldonado denunció que para ellos el cuerpo de Santiago fue plantado en el Río.

La junta médica forense determinó que Santiago falleció por “asfixia por sumersión en el agua del río Chubut y coadyuvado por hipotermia”, situación que no puede haber sucedido simplemente mientras cruzaba el río de poco caudal y corriente suave.

A poco más de un año de la desaparición y muerte de Santiago Maldonado, el juez federal Gustavo Lleral decidió cerrar la causa que investigaba los hechos que se desencadenaron tras el operativo de represión de Gendarmería contra la comunidad Mapuche por considerar que el fallecimiento del joven de 25 de Mayo se produjo por una “sumatoria de incidencias” y que “nadie fue penalmente responsable por su muerte”. La familia de la víctima aseguró que el magistrado les reconoció que su equipo de trabajo fue “apretado”.

El 6 de septiembre de 2019 el poder judicial federal de Comodoro Rivadavia ordenó reabrir la causa y apuntó contra Gerndamería con la hipótesis de “abandono de persona”. No obstante, descartó que se haya configurado el delito de desaparición forzada de persona.

Con la llegada al gobierno de Alberto Fernández, la ministra de Seguridad, Sabina Frederic, adelantó que se revisarán las pericias realizadas por Gendarmería sobre las muertes del fiscal Alberto Nisman y del artesano Santiago Maldonado.

A tres años de su desaparición todavía no se sabe en qué circunstancias murió Santiago, ni se determinó judicial quienes fueron los responsables de su desaparición forzada en democracia.

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