Tras la muerte de Franco, ante las presiones internacionales y de la propia Organización de las Naciones Unidas y el mediante en aquel entonces, Secretario de Estado de los Estados Unidos, Henry Kissinger, se obligó al Estado Español, establecer las bases de una democracia verdadera a costa de sufrir la reprobación internacional y el cierre de sus fronteras económicas.
Precisamente en el 78 con un parlamento impregnado de mayoría "franquista" se elaboró una Constitución que establecía una Monarquía Parlamentaria con la obligación de aceptar a todas las ideas políticas, pese a la poca o ninguna disposición que había en este sentido. Inexplicablemente en esa época, los mandamás españoles, se encargaron de establecer quienes eran los héroes de la "Transición". es decir, ellos mismos se enaltecieron como dueños de la democracia poniendo en altura absoluta al rey heredero de Franco como el gestor imprescindible.
En realidad, el magno documento copiado de otras Constituciones, parecía contemplar un Estado de Derecho moderno y democrático y aparentemente la figura del monarca, no parecía más que simbólica y representativa de la unidad española, designándolo como el Jefe de Estado con atribuciones y deberes bien definidos. Pero he aquí que, alguien logró colar un simple postulado muy escueto de dos palabras desapercibidas en la complejidad jurídica de la Carta Magna, pero que desarticula todo el espíritu del Estado de Derecho y fundamentalmente a la de una Monarquía Parlamentaria: la inviolabilidad y la irresponsabilidad del rey en todas sus acciones,
En este sentido la Constitución Española, fue sin dudas sui géneris para favorecer absolutamente con este estamento a la dinastía Borbónica a partir de Juan Carlos que por un lado, en apariencia se entendía que su figura como Jefe de Estado era esencialmente simbólica y de unidad nacional y así lo declamaban y declaman sus defensores. Pero en realidad concreta disfrazaron la democracia, instituyendo en la figura del rey en persona, la propia institución Jefatura de Estado, sin que nadie pudiera juzgarlo, controlarlo, investigarlo, criticarlo, dibujando obligaciones del monarca, que en realidad por su inviolabilidad e irresponsabilidad de sus acciones que bien define la Constitución, podía cumplir o no sus "deberes u obligaciones". Es decir se le otorgó al rey la factibilidad de hacer lo que le viniera en ganas hacer tanto en su vida privada como pública e incluso realizar actividades económicas y aún política por sobre el Estado Español sin control, ni autoridad legal para juzgarlo, ni siquiera por el Parlamento que en toda democracia, es la institución de la soberanía del pueblo.
En realidad la Constitución Española del 78 si bien se presenta como una monarquía parlamentaria, deja o a dejado la posibilidad de que la institución Rey, baraje a antojo acometer una dictadura en las sombras, con un parlamento que impera por debajo del rey y en cierto grado a disposición del rey con una institución judicial, fundamentalmente el tribunal Superior y el Constitucional tejido a organza del monarca y una prensa adicta sin quejas.
Si bien los escándalos del emérito, comenzaron a conocerse tras romperse la cadera cazando elefantes en Botsuana en el 2012, durante la devastadora crisis económica, coincidiendo con el caso Urdangarín y la Infanta Cristina que instruía el Juez José Castro, que debió enfrentarse contra el fiscal anticorrupción del caso Nóos, Pedro Horrach, que supuestamente se había convertido en defensor de la infanta imputada por el Juez. Asimismo, fue conocida sobre la misma fecha que Corinna Larsen (amante del rey) acompañada del embajador de España en Arabia Saudí, se había reunido con uno de los príncipes de aquel país, en representación del Rey de España, para entablar negociaciones de naturaleza económica. Una situación de Estado no sólo que es que es imposible, sino que es inimaginable en una Monarquía Parlamentaria. Una reunión del amante de la Reina de Inglaterra o de la amante del Rey de Bélgica, acompañados del embajador correspondiente, con un príncipe saudí para hablar de negocios en representación de cualquiera de ambos monarcas o por Inglaterra o Bélgica, no es posible ni en una obra de ficción, que constitucionalmente son inaceptables, incompatibles incluso con el artículo 1.3 de la Constitución Española, pero contradictoria y permisivas por la inviolabilidad del rey y su irresponsabilidad de sus acciones para hacer lo que le de en ganas y lo hizo con Corinna Larsen y con otros testaferros que ahora son investigados en Suiza y el mismo Juan Carlos de Borbón por corrupción y delitos penales.
Las conductas inapropiadas del emérito y hechas públicas se refieren a los últimos años, pero muchos estiman que el emérito ha venido cometiendo estas inadecuadas acciones a lo largo de su trono desde que fue dictado por Francisco Franco como su heredero y luego "colado" en la Constitución del 78 como confirmó el mismo Adolfo Suárez y se aproximan según algunos historiadores a la conducta de su abuelo Alfonso XIII y, en cierta medida, a la de su tatarabuela Isabel II. Episodios propios de una Monarquía Constitucional, de la era predemocrática, y no de una Monarquía parlamentaria.
Según estiman, el emérito Juan Carlos I, comenzó a hacer su cuantiosa fortuna con las privatizaciones de las grandes empresas públicas quedándose con dividendos, acciones y conformando una red de testaferros en el entramado económico de España en buena parte de lo que conocemos actualmente como el IBEX 35. Energía, comunicaciones, transportes, ventas de armamentos, la construcción, medios de prensa y muy ligado al Banco Santander, pequeño banco regional, que durante la dictadura franquista fue absorbiendo las principales entidades crediticias.
Cualquier hijo de vecino, aún sin contar con los privilegios superlativos de un rey, que fuera blindado por inviolabilidad e irresponsabilidad de cualquiera de sus acciones cívicas, personales, comerciales o políticas, podría convertirse en súper millonario en pocos meses si lo deseara.
Esta estimación supone que Juan Carlos I logró obtener el poder de facto de la economía española y por ende el político legitimando sus actos aprovechando su inviolabilidad constitucional, beneficiándose y beneficiando a sus "socios" incluso protegiendo el expolio franquista y en detrimento de las arcas públicas y del pueblo español, sus propias arcas, obviamente llenando su bolsa personal, estimada por el New York Time en 2 mil millones de euros, pero que otros aseguran que el Borbón, sería uno de los personajes más rico del mundo, superando una fortuna de 50 mil millones, por lo que el "cuentito" de los 100 millones de euros  que hoy paladea la prensa, olvidando los yates y vehículos de alta gama entre otros, "regalitos", no son más que moneditas y bicocas de la verdadera expoliación que permite y permitió la Constitución del 78, cuyo heredero directo es el rey Felipe VI, arropado por los de siempre, viejas figuras del franquismo o herederos del expolio que ha quedado impune.
La inviolabilidad e irresponsabilidad del rey en sus acciones es una condición inequívoca de la Constitucional española, que nada tiene que ver con una monarquía parlamentaria, más bien se podría considerar como un monarca para lo suyo con un parlamento para los súbditos, Sea lo que sea el engendro es insolente a la Declaración de los Derechos Humanos Universales, a las democracias modernas y refleja la estúpida afirmación de que en España "la ley es igual para todos".