En nuestro México surrealista, ése que tiene una arquitectura jurídica que alguien pudiera pensar de ensueño pero que en la realidad se trabaja con actitudes dóciles de parte de los Fiscales subsumidos a la voluntad del Poder Ejecutivo (gobernador), y que en ello son acompañados por el poder Legislativo (Congresos estatales), todo puede suceder menos que prive el imperio de la Ley. En las entidades federativas no existe, aunque es la aspiración, aquello que enunció Tom Paine en 1776 cuando se refirió a que “en América la Ley es Rey”. Actualmente, para desdicha de nosotros los gobernados seguimos teniendo gobiernos absolutos pues la ley no manda y eso mancilla nuestra libertad y democracia.
Ante tantos problemas de Justicia y delitos de todo tipo, sigue siendo cotidiano que el gobernador, al menos en Sinaloa (será porque aún no se acostumbra ni uno [Fiscal] ni el otro [gobernador] a la autonomía, vaya situación, decretada hace poco tiempo) declare que ha girado órdenes al Fiscal o le ha pedido al Fiscal que atienda inmediatamente el caso “x”, el “y” o el “z”.
Lo anterior no habla de discrecionalidad, de esa discrecionalidad que existe, sí, pero acotada por la Ley y que nunca debe ser arbitraria. De lo que habla es de lo que denunciamos: Gobierno absoluto y, es por ello, que los gobernadores hacen y actúan a antojo tanto en el ejercicio del gasto (las leyes lo permiten en gran medida y los órganos de fiscalización son floreros) como en su justicia montada en el lomo del jodido que no tiene la amistad, la complicidad o el daño tan destacado que amerite una declaración plena de baño mediático. Ellos se rigen bajo la máxima soportada en que el tiempo la hará olvidar. A lo que sigue, que no hay memoria.
Y la culpa no se ciñe en el espacio del gobernador, ella queda circunscrita a que los otros poderes (Legislativo y Judicial) no atienden el mandato de la Ley que les impone obligaciones, ahora Entonces, la voluntariosa actitud del gobernante es consecuencia del comportamiento de quienes conforman el poder Legislativo, el Judicial y el órgano constitucionalmente autónomo que es la Fiscalía. En esa confluencia de omisiones intencionales que hacen que la Ley no mande y sea esclava de sus hormonas vivimos los gobernados, sin certeza ni certidumbre jurídicas.
Adicionalmente, desde hace 15 años, de los cuales 9 me he desempeñado como legislador, he denunciado la impericia que existe para hacer leyes en los cuerpos legislativos tanto locales como el federal, el desconocimiento y desprecio de la Carta Magna, y ello se contrapone para que la Ley mande y, entonces, lo que impera es la voluntad de un solo hombre. Esa incontinencia legislativa ha estado produciendo algo que se contrapone al principio: “el desconocimiento de la ley no exime de su observancia”.
Se ha vuelto imposible que el sujeto de obligaciones cumpla le ley en muchos aspectos porque ni el legislador mismo emite leyes claras, predecibles, entendibles. Hay que tener todo un torrente de entendimiento e información pues las leyes se entrelazan en un sin sentido y se enfrentan a reglamentos que no emite el poder Legislativo y provienen del Ejecutivo con interpretaciones a su antojo de la Ley o para subsanar, según ellos, la tontería que refleja la nueva disposición pero a su antojo y lleva a que, por razón de una mala actuación del Ejecutivo, la displicencia e ignorancia del Fiscal, los juzgadores del poder judicial no pueden saber cuál es la disposición legal o ley aplicable y entonces es el ofendido el que le va a decir cuál es la ley y el criterio que le son violatorios de sus derechos. Vaya país. O es lo anterior descrito o los intereses de juzgadores amañados. Pudiéramos estar ante una razón de fondo para eximir al agraviado, en determinados casos, al cumplimiento de esa “ley” quedando exonerado por la imposibilidad real de conocer el marco legal que se le imputa violó.
Lo anterior sucede con las acciones administrativas del Sistema de Administración Tributaria que acompaña a la autoridad local en sus fechorías de fiscalización, ya no se diga su abuso de poder al desconocer ex ante la jurisprudencia que en forma obligada conocen, pues ella dio muestras de sus abusos; sucede también en el caso de legislación agraria y de propiedad que se enfrentan al desarrollo urbano y viceversa y, lo más grave, es que en eso se escudan los magistrados locales para resolver al través de sus intereses relacionados como delincuencia organizada (aunque puede existir excepción).
Pensar que en Sinaloa estamos en el camino correcto para que la Ley mande con un Estavillo y un Inzunza es pensar que la luna es de queso y la habita el conejo.
Hago votos para que se empiece a barrer la arquitectura legal de Sinaloa y se limpie de telarañas, recovecos diseñados ex profeso para delinquir y permitir desde los casinos (juegos de azar) que tanto daño hacen a la población y que estando claramente expresada en la Constitución su prohibición, ahí siguen, enfermando personas, acabando con la economía familiar y lo que eso genera; la discrecionalidad de trasferir hasta el 20% de cada Ramo del gasto autorizado a contentillo del Ejecutivo lo que resulta entonces que el presupuesto aprobado es mero trámite habida cuenta que se mueve a capricho un total del 20% y que corresponde a la inversión (el otro 80% es gasto corriente y deuda y en ello hay poco negocio pero lo hay [dijo quien manejaba la nómina]), etcétera.
Desde que se violó el debido proceso para exonerar al señor Inzunza, quien en forma desvergonzada preside el Tribunal de Justicia se han difundido otras arbitrariedades y violaciones graves a la Ley llegando a relucir algo que hace mucho se comenta pero no se publicaba: “Que la delincuencia organizada se apoderó de la voluntad y conducta de varios o muchos miembros del poder judicial y que quién plantó la semilla para ello fue el entonces magistrado Romero Zazueta en complicidad con el gobernante en turno.
Sin embargo, el Fiscal dice actuó, en el caso de los colchones (queriendo limpiarse de la instrucción del Ejecutivo) por la información evidente publicada o denunciada en los distintos medios de comunicación, ahora entonces, señor Fiscal, hay varias informaciones de asuntos graves (aunque Usted haya violado el debido proceso para exonerar a Inzunza de la denuncia de acoso sexual [silencio pleno de “empresarios” y ni marcha de féminas]), respecto del problema mayúsculo en el poder Judicial. Espero haga algo al o de perdida renuncie por su altísima disposición a ser parte de la evidente violación permanente de la Ley y cómplice relacionado con diversos personajes, que a su hormona no le permiten cumplir el mandato de Ley.
El Congreso debe llamar inmediatamente a Inzunza por las evidentes denuncias e información variada que se ha publicado y que van más allá de la duda razonable para que éste señor permanezca en el encargo, tampoco debieran permanecer muchos otros que dotan de efectividad a la Ley pero de acuerdo a sus intereses o el de sus amos. Que se aplique la Ley y se deje la complacencia hormonal o de dinero. Lo menos, es un juicio político y destitución. Igual suerte para el Fiscal que no ha demostrado nada que no sea conflicto de intereses y violaciones cotidianas a la Ley.
El Fiscal de Sinaloa, el Magistrado Inzunza, varios jueces y otros magistrados (tengo la esperanza de que existan excepciones), están muy lejos, años luz, de conducirse rechazando peticiones personales de cualquier tipo para el desempeño de sus funciones. Pobres de nosotros los gobernados.
¡Muchas gracias y sean felices!
www.manuelcardenasfonseca.mx
@m_cardenasf
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