Manuel Cárdenas Fonseca
Senador

El ser humano es proclive a equivocarse y más lo es cuando encuentra que sólo debe escuchar como respuestas y planteamientos aquellos que atienden a sus deseos personales. Es por ello que sugiero que a la señora Casar le ganó algo y critica severamente y en forma absolutamente equivocada a instituciones como el Tribunal Federal de Justicia Administrativa.

Me sorprende y nunca dejará de sorprenderme escuchar en los medios de comunicación a especialistas o presuntos especialistas, opinando y disertando sobre temas de gran trascendencia para nuestro país, como es el Sistema Nacional Anticorrupción, con una gran falta de conocimiento de lo que establecen las leyes en la materia, y lo que es peor, habiéndose convertido en parte del entramado institucional aún desde ese ente llamado por ellos “sociedad civil” cuando no hay otra que sociedad, así, sin civil.

Lo grave es que hablar con la seguridad que da la ignorancia, ante cámaras y micrófonos que tienen un gran impacto en la sociedad, en nada contribuyen a avanzar en la construcción de sistemas sólidos de combate a la impunidad y corrupción en México sino por el contrario, promueven la desconfianza de las personas, la suspicacia y concepciones falsas entre amplios sectores de la sociedad sobre las responsabilidades y el trabajo que realizan los poderes de la unión y las instituciones públicas.

Considero que opinar en los medios de comunicación implica una gran responsabilidad y requiere de estar bien documentados y tener claridad y veracidad en lo que se diga. Entiendo las preocupaciones por ver instalarse y operar sistemas que son indispensables para el país como es el de anticorrupción, puedo entender también la prisa por ver resultados y porque se cumpla con los compromisos establecidos, tanto en las leyes como ante la sociedad; pero lo que no justifico es que esto sea pretexto para mal informar a los mexicanos o para cometer “pifias informativas” para las que no hay rectificación.

El martes seis de abril pasado, durante su participación en el programa de radio Enfoque Matutino conducido por Leonardo Curzio, la señora María Amparo Casar, académica, investigadora, exfuncionaria pública de alto nivel y cofundadora y presidenta ejecutiva de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, hizo un señalamiento no sólo desafortunado sino sobre todo totalmente equivocado: “… al Tribunal de Justicia Administrativa tampoco se le ha dado la gana …y eso ni siquiera pasa por el Senado (…) tampoco se le ha dado la gana (repite) nombrar a los tres magistrados que estarán encargados de perseguir estos delitos de corte administrativo…” y remata “…aquí no se puede acusar al Ejecutivo en el combate a la corrupción”.

Así, en base a esas declaraciones, afirmo categóricamente que lo dicho por la señora Casar es absolutamente equivocado y no quiero pensar que, sabedora como se asume de la ley, lo haya hecho sólo para ver si podía promover a alguno de sus conocidos al cargo de Magistrado. Es absolutamente increíble que se caiga en una pifia de esta magnitud queriendo desconocer lo que disponen las leyes y ella, la señora Casar, sabe perfectamente que es facultad exclusiva del Titular del Poder Ejecutivo designar y no, claro que no, como lo dice ella, al afirmar que al Tribunal no se le ha dado la gana.

Pues claro que al Tribunal no se le puede dar la gana ya que no es su esfera competencial.

Invito a los lectores a que, cuando vean-lean o escuchen afirmaciones de “jugadores” de intereses desde la “sociedad civil” tampoco se la “traguen” y recurran a leer la ley. Hay un sinfín de “organizaciones” de la “sociedad civil” auspiciadas por dinero de particulares y de empresas con intereses muy propios de ellos y muy alejados de la sociedad si bien desean utilizarla en su beneficio con acciones que a veces parecieran pulcras y sanas pero no lo son.

Los invito a que a que lean las leyes secundarias anticorrupción aprobadas por el Congreso, particularmente la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en donde se establecen los procedimientos para la elección de los magistrados anticorrupción tanto de la Sala Superior de este Tribunal, como de las cinco salas regionales.

Tanto el artículo 73 constitucional en su fracción XXIX-H como el artículo 43 de la Ley Orgánica del Tribunal señalan claramente que los magistrados en materia de responsabilidades administrativas, serán designados por el Presidente de la República y ratificados por la mayoría de los miembros presentes del Senado de la República o de la Comisión Permanente durante sus recesos.

De igual forma el Quinto Transitorio de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa consigna de manera precisa que respecto a estos magistrados anticorrupción como se les conoce, “el titular del Ejecutivo Federal deberá enviar sus propuestas al Senado, a más tardar en el periodo ordinario de sesiones del Congreso de la Unión inmediato anterior a la entrada en vigor de la Ley General de Responsabilidades Admirativas”.

Con esto queda claro que la información dada por la doctora Casar es a todas luces incorrecta y equivocada: el Tribunal Federal de Justicia Administrativa no tiene ninguna responsabilidad en estos nombramientos, es el Ejecutivo Federal quien nombra y el Senado de la República quien ratifica y, estamos absolutamente en los tiempos de ley.

El 25 de abril pasado el Presidente de la República envió al Senado de la República la designación de todos estos magistrados y lo hizo en tiempo y forma, de acuerdo a lo que establece la ley, porque, sugiero que la señora Casar lo sabe y no debe olvidar, que la Ley General de Responsabilidades Administrativas entrará en vigor a un año de su publicación que se cumple hasta el próximo julio, por lo que las designaciones del Ejecutivo se hicieron adecuadamente. Ahora tocará al Senado ratificar a los magistrados.

La doctora Casar seguramente conoce (porque fue funcionaria pública de alto nivel) el daño que una información equivocada, (aunque se emita por error o ignorancia, quiero pensar así fue) puede hacer a las instituciones y a los esfuerzos realizados no sólo por los legisladores sino por muchas organizaciones de la sociedad que participaron y continúan participando en este esfuerzo para frenar la impunidad y la corrupción en México de públicos, privados o cualesquier origen y que en ello vaya recurso público, disfrute o explotación de bienes de la nación.

Dejo en el tintero la reflexión sobre si la impunidad sólo se manifiesta en el sector público o también en otros sectores. Más tengo claro que la impunidad la han ejercido funcionarios públicos, profesionistas, empleados de alto nivel jerárquico, ejecutivos escudados en la forma de empresa, empresarios y uno que otro colado.

¡Muchas gracias y sean felices!

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