Cuando un gobernante acceder al poder, es lógico que quiera solucionar los problemas; en concreto, aquellos que se han producido cuando estaba fuera y que, directa o indirectamente, han provocado su acenso. Así, es normal que Sánchez busque una solución para la cuestión territorial y, sobre todo, para la situación creada en Catalunya. Es un error. Lo más probable es que cualquier intento, por bien encaminado que esté, acabe en un fracaso que, a medio plazo, puede provocar un acortamiento de su estancia en el gobierno. La clave es que la situación, ahora mismo, es irresoluble desde fuera. Cualquiera que entre se quemará. Excepto, claro, los pirómanos.
El problema de Catalunya no es España, sino Catalunya. Según la doctrina política de los tres elementos, el reconocimiento de un Estado depende de si una población que habita un territorio determinado está organizada bajo una autoridad pública efectiva que tiene soberanía interna o, en el caso del período inicial, poder constituyente. Es decir, la base –hablamos de modelos democráticos– es el reconocimiento interno. El externo viene después.
Cuando se analiza el otoño de 2017, se hace hincapié en la parte institucional; es decir, en la ausencia de esa autoridad pública efectiva, lo que en el procés se ha llamado “estructuras de estado”. Es probable que centrar toda la atención en el tercer factor tenga que ver con la incomodidad que provoca examinar el problema previo y fundamental: la población no reconoce el proyecto o, mejor dicho, no lo reconoce de la forma mayoritaria e incontestable que es necesaria en este tipo de procesos. El problema político de la fuga de empresas no es económico, sino político: el reconocimiento de la autoridad pública efectiva.
Se puede debatir sobre si el apoyo es del 49%, del 50% o del 51%; si tal o cual partido o persona no apoya el objetivo final; pero sí, su tramitación. Si un proceso rupturista necesita material de laboratorio, como microscopios o balanzas de precisión, para medir sus apoyos, es poco probable que alcance sus objetivos. Estamos en 2018. Sobre todo, cuando los que quedan fuera no son un conjunto indiferente, sino que se posicionan claramente en contra. El proceso catalán tiene muchas cuestiones inéditas y cabe añadir otra: el partido más votado del futuro Estado es uno que quiere la destrucción del Estado.
Pensar que el concepto de Estado solo engloba una estructura administrativa es tener una visión muy corta. Quizá, ese ha sido otro de los problemas. Un Estado se compone también de las relaciones sociales y podríamos decir que es el modo de actuar, más allá de la burocracia. Es decir, el Estado muestra su fortaleza tanto en la elaboración de los consensos como en la gestión de los disensos. O, quizá, más en esto último. Por eso, la moción de censura es una muestra de la solidez del Estado y la permanencia del gen convergente es una muestra de debilidad.
El problema de Catalunya es Catalunya y es un problema irresoluble porque no se reconoce como tal. Siguiendo la tradición reaccionaria hispánica (Menéndez-Pelayo), no se busca la gestión del conflicto, sino la exclusión moral y simbólica de los disidentes, definidos como “anti”. Eso hace que la situación esté enquistada. No se puede volver y también es imposible avanzar. Sólo quedan los símbolos, los gestos. Y lo probable es que se usen para mantener la ficción de un conflicto.
Esa es la situación a la que se enfrenta el nuevo gobierno y, por eso, fracasará. El procés ya no avanza. Es una peonza girando sobre sí misma y, como cualquier cuerpo en rotación, eleva la temperatura del espacio que ocupa. No, de una manera alarmante, pero cualquiera que entre se quemará. Excepto los pirómanos, claro. La única salida del procés es que otra peonza, otro proyecto reaccionario similar, ocupe la Moncloa por si un choque inesperado –el cisne negro que no se produjo en otoño– se da en esta ocasión.
