La Asamblea Nacional no está sola en su desconocimiento del Tribunal Supremo de Justicia. Desde ayer la Fiscal general Luisa Ortega se declaró en desconocimiento de las decisiones 469 y 470 de la Sala Constitucional del TSJ; la primera le quita a su despacho la competencia de designar y remover al vicefiscal general y la segunda determina que la facultad del Ministerio Público de conducir la investigación penal será compartida con la Defensoría del Pueblo cuando se trate de Derechos Humanos.

Sin llegar al extremo de romper las sentencias y lanzarlas al piso, como lo hizo el pasado 30 de marzo el presidente del Parlamento, Julio Borges, con el fallo 156 de la Sala Constitucional que le quitó al Legislativo todas las competencias y se las dio al TSJ, Ortega se apegó al artículo 333 de la Constitución, que obliga a todo ciudadano a colaborar en la restitución de la vigencia de la carta magna.

“Yo desconozco estas sentencias. Investida como estoy de autoridad y con fundamento en el 333 pido el restablecimiento de la Constitución. Todo el país debe acogerse a lo que preceptúa el 333”, dijo Ortega.

En una declaración a los medios de comunicación en la que no aceptó preguntas, la fiscal ofreció argumentos jurídicos y políticos respecto a los fallos en cuestión. Respecto a la 470, señaló que tiene el mismo efecto de las sentencias 155 y 156 contra el Poder Legislativo: “Lo que el TSJ hizo con la AN, ahora lo quiere hacer con el MP. Continuamos en presencia de la ruptura del orden constitucional”. Y en tono irónico agregó: “Vamos a ver si convocan otra vez al Consejo de Defensa”.

Alertó que al darle a la Defensoría facultades de la Fiscalía se genera inseguridad jurídica y no descartó que el trasfondo de la decisión sea manipular el proceso de investigación penal: “La gente no sabrá si ir a la Defensoría o al MP.Tendrán que ir a ambos porque aquí vamos a seguir cumpliendo nuestro papel. Esta sentencia es para que muertes como la del joven (Juan Pablo) Pernalete sean causadas por una pistola de perno cautivo y no por una bomba lacrimógena de la Guardia Nacional, como realmente sucedió. Presumo que alguien quiere investigaciones penales a su medida. Ahora la represión irá en aumento. ¿Esta sentencia será para justificar la violación de los derechos humanos? Le entregan la investigación de los derechos humanos posiblemente a quien viola los derechos humanos”.

Ortega también rechazó el uso del término “terrorista” para referirse a la disidencia y se lo atribuyó al gobierno: “Yo lo que creo es que tenemos un terrorismo de Estado en el que se perdió el derecho a manifestar, en el que son reprimidas cruelmente las manifestaciones, en el que se enjuicia a civiles en justicia militar, allanamientos sin orden judicial, no se da acceso a las personas a las pruebas en su contra, no hay debido proceso, el derecho a participar y a elegir, todos eso caminos están cerrados. Eso es terrorismo de Estado”.

Advirtió sobre el uso de la justicia penal para perseguir a la disidencia: “Quizá se pretenda usar el derecho penal para vencer al enemigo; como no lo puedo vencer con votos, lo venzo con el derecho penal. Aquel que me puede ganar políticamente, que represente una amenaza, lo pondrán preso por el delito de terrorismo”.

Ratificó su rechazo a la ANC y se refirió a lo dicho por Nicolás Maduro el martes respecto al uso de las armas para defender la revolución: “Estamos frente a acciones de barbarie. Promueven la violencia, promueven el odio, incitan a la insurrección armada. Están como desesperados para que haya un alzamiento militar, un golpe de Estado. Llamo a todos los venezolanos a mantenerse apegados a la Constitución y a la ley (…) Debo recordar que las armas deben estar al servicio del pueblo. Para defender al pueblo están las armas, no para ser utilizadas en su contra”.

Con relación a la sentencia 469, Ortega aseguró que es competencia del fiscal general y no del TSJ la designación y remoción del vicefiscal; además, desmontó el principal argumento utilizado por el TSJ, el gobierno y el partido de Nicolás Maduro para desconocer la voluntad popular expresada en la elección de la Asamblea Nacional.

“Yo lo denuncié aquí y ustedes, diputados, no reaccionaron. Ustedes no se han dado cuenta de que no están en desacato. Eso no existe. El desacato es un delito que solo se aplica a personas, no a instituciones. Ustedes no hicieron nada. Eso también viola el orden constitucional. Quienes son ilegítimos son los magistrados del TSJ, sus decisiones no tienen fuerza de ley ni están apegadas a la Constitución”, afirmó.

El presidente del Consejo Moral Republicano, Tarek W. Saab, dijo que la sentencia 470 del TSJ no le quita facultades al Ministerio Público, sino que refuerza a la Defensoría del Pueblo en materia de violación de derechos humanos. “No significa que la Defensoría vaya a calificar, imputar o perseguir penalmente. No, esas son competencias del MP”. Con el voto salvado de la fiscal Luisa Ortega, el CMR condenó el robo de una aeronave policial y posterior sobrevuelo y ataques contra el TSJ y el MIJ.

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