Prometí ayer en Twitter que escribiría un post acerca de Escola Nova 21 y de los papeles que, publicados ayer y sacados de esa famosa Moleskine del “procés”, hablan del Proyecto que se fraguó en Cataluña para privatizar el sistema educativo, eliminar a los funcionarios y crear un proceso de selección discrecional por parte de los directores de los Centros educativos. Directores que, en un documento no se ha publicado aún pero que espero vea la luz pronto, serán seleccionados por parte de los responsables políticos que gestionarían los futuros consorcios en los que se dividiría, a nivel de gestión, el territorio catalán.

Vamos a empezar centrando un poco el asunto… ¿qué es Escola Nova 21? Pues bien, en un primer momento se vendió como una iniciativa para llevar la educación catalana a otro nivel. Un proyecto en el que tenía una participación visible destacada Eduard Vallory, la Fundación Jaume Bofill, la UOC y La Caixa. Eso sí, entre sus impulsores en la sombra había determinados centros concertados y, especialmente, recibía el apoyo de los jesuitas y su proyecto Horitzó 2020 (el primer experimento para esa “escuela avanzada”). No olvidemos tampoco que, en el momento en que se creó EN21, ya existía una ley educativa catalana (la LEC), firmada por los socialistas, ERC e Iniciativa per Catalunya, que permitía la selección dedocrática de los profesionales docentes públicos por parte de los directores de los Centros Educativos. Algo que, en las últimas adjudicaciones, suman más del 90% de plazas concedidas a interinos y funcionarios sin plaza definitiva.

Una iniciativa que gastó una ingente cantidad de dinero de orígenes desconocidos (según las malas lenguas se habla de millones de euros) para mediatizar la iniciativa y que contaba con determinados “topos” en los centros públicos que permitieron, mediante votaciones manipuladas y/o mediante diferentes tipos de presiones (a ver quién es el guapo que no vota a favor cuando sabe que su plaza y/o su renovación depende del director) alcanzar una masa crítica de centros educativos. Muchos de los cuales, por cierto, eran de elevada dificultad y que permitían, por contextos familiares, hacer determinadas pruebas. Pruebas que en ningún momento se han hecho públicas porque toda la documentación que se comprometieron a librar a partir del segundo año de vida jamás han visto la luz. Y, en ninguna evaluación externa ni interna ha habido una mejora en los resultados de los alumnos de esos centros.

Otra de las claves del asunto es el tema de las subvenciones públicas. La más notoria fue la de la Diputación de Barcelona, garantes de EN21 por parte de su responsable, de 150000 euros. Eso sin olvidar el dinero que, desde los centros educativos adheridos a la iniciativa han gastado para poner determinados vídeos y recibir determinada formación. No, no hemos de olvidarnos que uno de los objetivos era la reducción de las condiciones laborales de los docentes de la pública y, por ello, muchas de las actividades se realizaban fuera del horario lectivo superando, en algunos centros educativos adheridos al proyecto, muchas más de las horas máximas legales de trabajo estipuladas, por convenio, en 37,5 semanales.

Es capital recordar que, a lo largo de la vida de EN21, ha habido varias votaciones clave en la Generalitat para eliminar la subvención pública a colegios que segregan por sexo. Votaciones en las que, tanto CiU (ahora PDeCAT) como ERC votaron en contra. Se ha de matizar el gran apoyo por parte de los últimos líderes de ERC a todo el entramado eclesiástico catalán y las reuniones, a muchos niveles, que se ha tenido con ellos. Tampoco conviene aislar del asunto el aumento de subvenciones que han recibido los centros concertados adheridos a EN21 en las últimas partidas presupuestarias. Podéis buscarlo (está un poco escondido) pero se ve un aumento porcentual interesante.

No es un tema acerca de un proyecto acerca de la independencia. Es un proyecto muy bien realizado para cargarse la educación pública, eliminar cualquier atisbo de insurrección, suprimir los procesos de oposición (para que no se les cuelen personas que no sean afectas al régimen) y convertir la educación pública catalana en un triste recuerdo. Lo avisé hace más de un año en varios artículos del blog. Empecé hablando acerca del típico principio de precaución, continué con las intenciones que manifestó EN21, hablé de irregularidades en la contratación de determinados docentes en centros adheridos al proyecto y, finalmente, hace un año les declaré abiertamente la guerra.

A día de hoy no vale decir que nos equivocamos. Conviene abandonar el proyecto, denunciarlo judicialmente (especialmente en lo que haga referencia a las subvenciones públicas empleadas) y, en caso de ser uno de los directores de centros públicos o responsables educativos que les hacían la ola, dimitir. No porque se hayan hecho las cosas mal. Simplemente por ética profesional. ¿Conocéis ese concepto u os vais a conformar con esperar a que escampe?

Prometo que, conforme me vaya llegando más información, iré ampliando el post.