El Tribunal de Justicia de la UE ha sentenciado que la restricción de España a las Licencias de automóviles de transporte con conductor (VTC), que operan a través de plataformas como Cabify o Uber, es contraria al derecho comunitario. El fallo se centra específicamente en el reglamento del Área Metropolitana de Barcelona (AMB), que recoge el límite estatal de un permiso administrativo de VTC por cada treinta de taxis. La sentencia acepta, en cambio, la posibilidad de demandar la obtención de “una licencia adicional a la prevista a nivel nacional” si se considera “necesaria para la buena administración del transporte, del tráfico, del espacio público y la protección del medio ambiente”. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña va a deber reanudar ahora el caso y decidir si anula alguno de los preceptos del reglamento del AMB.

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Un enredo legislativo y judicial

Para entender el conflicto de los VTC, hay que remontarse a Dos Mil nueve. Acosado por la crisis económica, el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, incluyó entonces en una ley ómnibus de liberalización de los ámbitos económicos una normativa que daba vía libre a que los VTC, hasta ese momento un campo minúsculo de coches de alquiler con conductor para empresas y acontecimientos, se generalizase para el conjunto de la población, haciéndole la competencia al ámbito del taxi. Unos pocos empresarios avispados aprovecharon la ocasión y se hicieron con miles y miles de licencias prácticamente sin costo. Las restricciones normativas que introdujo el Gobierno de Mariano Rajoy ante la airada queja de los taxistas cortaron el grifo de las licencias, e hicieron millonarios de la noche a la mañana a los dueños de las autorizaciones conseguidas bajo el mandato socialista. 

El conflicto se encarnizó en 2018, con fuertes protestas de los taxistas, que en ciertos casos derivaron en incidentes violentos contra conductores y vehículos VTC. El Gobierno de Pedro Sánchez optó por lavarse las manos y ceder las competencias a las autonomías. Aunque promulgó un decreto ley, conocido como decreto Ábalos, por haber sido gestionado por el anterior ministro de Transportes, José Luis Ábalos, por el que se establecía un periodo transitorio de 4 años para que las autonomías regularan la actividad de los VTC en trayectos urbanos, que venció el 1 de octubre de dos mil veintidos. A falta de esa normativa regional, estos vehículos solo podrían efectuar recorridos interurbanos, condenándolas en la práctica a la desaparición. 

Tras el fin de la prórroga, ciertas autonomías como la villa de Madrid y, en menor medida, Andalucía, regularon en favor de la libertad de establecimiento, al tiempo que otras como Cataluña, País Vasco o Valencia impusieron reglas muy restrictivas a los VTC.  Las empresas tienen recurrido en torno a veinte licencias presuntamente vencidas en los tribunales, que ahora deberán estimar el fallo europeo para decidir sobre exactamente las mismas. Se está jugando la supervivencia de un negocio que mueve 2.500 millones de euros al año y emplea a 60.000 personas. 

https://elpais.com/economia/2023-06-08/la-justicia-europea-rechaza-las-restricciones-a-las-vtc-impuestas-por-el-area-metropolitana-de-barcelona.html